Ley De Iglesias

25 DE JUNIO DE 1856. SE EXPIDE LA LEY DE DESAMORTIZACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS, CONOCIDA COMO LEY LERDO.

Por Presidencia CEN

Miércoles, 25 de junio de 2014

Esta ley tiene un origen plenamente liberal, que buscó consolidar al Estado mexicano, pues durante su aún corta vida independiente, la nación había sufrido la intervención de la Iglesia en los asuntos de importancia política y social, ya que ésta había otorgado grandes apoyos a los enemigos del gobierno, sobreponiéndose a todos los intentos civiles de sujetar su poder meramente al culto.

La estrategia durante la Reforma, fue mermar el poderío eclesiástico, nacionalizando sus propiedades y despojándole de las atribuciones concernientes al Estado.

Las primeras decisiones las tomaría el entonces Presidente de la República Ignacio Comonfort, quien envió un mensaje a los habitantes del país en torno a la necesidad de la Ley de Desamortización de 1856, que a la letra dice: “Uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la nación, es la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública” (Decreto de Gobierno Sobre Desamortización de Fincas Rusticas y Urbanas, 1856)

En el gobierno de Comonfort, el entonces ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, expidió la ley conocida con su nombre, “Ley Lerdo”. En el momento de su publicación, este ordenamiento originó gran alboroto en la sociedad mexicana, y posteriormente tuvo un impacto enorme en todos los órdenes, pues afectó aspectos económicos y sociales e, incluso, con el transcurrir de los años, tuvo un papel importante en la conformación y traza urbana de las principales ciudades. No obstante, a este escrito se le adjudica el despojo de tierras que sufrieron las comunidades indígenas y la formación de los grandes latifundios que caracterizaron al Porfiriato.

Dentro del primer artículo de dicha Ley se instituyó la desamortización de todas las fincas urbanas y rústicas; es decir, la determinación de que todos los bienes inmuebles del campo y de las ciudades pertenecientes a las corporaciones, que no eran destinados directamente al cumplimiento de sus funciones, pasaran a ser propiedad de aquellos que las arrendaban.

Por corporaciones se entendían todas las comunidades religiosas, cofradías, archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios, y en general todas aquellas asociaciones que tuvieran una duración perpetua o indefinida.

En síntesis, buscaba que los arrendatarios de inmuebles eclesiásticos los compraran al Estado mexicano por un precio calculado acorde a la renta que pagaban, y los que no estuvieran arrendados,

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