Mineria Y Sus Conflictos

La gobernanza del cambio climático y la preservación del medioambiente

De lo expuesto resulta evidente cómo el cambio climático y el deterioro del medioambiente es un fenómeno característico de glocalización en el sentido de que las emisiones y las acciones deterioradoras son materializadas a nivel local pero sus impactos son de naturaleza global e intergeneracional. Por ello es que se requiere la institución de un ente transnacional que pueda gestionar la problemática desde una perspectiva global, con la suficiente legitimación social

para avanzar en la implantación de principios y normas de justicia transnacional bajo una pers¬pectiva transgeneracional e intertemporal y en consulta de los diversos grados de desarrollo/ capital acumulado/pobreza relativa de los países, según su responsabilidad como contaminador neto o como afectado neto.

Ahora bien, el esquema de gobernanza ha de ser corresponsable y cooperativo –para la realiza-ción de compensaciones y transferencias de países contaminantes netos a afectados netos, por ejemplo–, redistributivo –según nivel de desarrollo o PIB per capita de los países–, transtempo-ral/transgeneracional. Solamente con una institucionalidad de este tipo podrán irse generando las condiciones para la gobernanza del cambio climático. 15

El acaparamiento y explotación de suelos y subsuelos a nivel internacional: un rasgo distintivo de la globalización actual y la economía política glocal3

El proceso actual de titularización de bienes agrícolas y recursos naturales en los mercados mun¬diales de capitales, la adquisición masiva de tierras, el licenciamiento extensivo del subsuelo para la explotación de recursos naturales no renovables, la implantación de modalidades para

la mercantilización del uso de la tierra como el derecho real de superficie (DRS) y la apertura a la inversión extranjera, y acaparamiento del uso del suelo y del subsuelo y/o de la propiedad de tierras en países en desarrollo, por parte de capitales extranjeros y nacionales poderosos, productivos y financieros, es uno de los rasgos distintivos de la etapa contemporánea de la glo¬balización capitalista (Garay, 2013).

Este proceso de incorporación de tierras de países extranjeros al circuito capitalista mundial –con la extranjerización tanto de la propiedad de la tierra como del acaparamiento del uso del suelo y explotación del subsuelo– y de profundización innovadora del mercado internacional de tierras y de usos del suelo y explotación del subsuelo, y de incursión de bienes agrícolas, minero-energéticos y sus derivados en los mercados mundiales de capitales, lleva a plantear nuevamente el cuestionamiento central introducido por Ricardo y Marx: la economía política de la distribución en la explotación de la tierra (suelo y sub-suelo) a nivel mundial.

En particular, en el caso del cultivo y aprovechamiento de la tierra, cuál ha de ser la adecuada retribución entre los dueños del suelo (terratenientes no inversionistas como los considerados por Ricardo, pero también campesinos en países como Colombia, y el Estado en el caso de bal¬díos propiedad de la Nación), capitalistas inversores (arrendatarios para Ricardo y Marx, como los agentes que contraten bajo la modalidad DRS en nuestros días o que adquieran directamente tierras en calidad de propietarios, particularmente empresas de origen nacional o internacional), capitalistas financieros (con vinculación directa o asociada con los capitalistas inversores), tra¬bajadores rurales (empleados por las empresas inversoras), y el Estado (como captador legítimo de una porción tanto de las rentas privadas de la tierra como de las ganancias de los capitalistas, nacionales y extranjeros, de las compensaciones por concepto y de las dis-externalidades causa¬das por la utilización del suelo) (Garay, 2013).

Así como, en el caso de la explotación de recursos naturales no renovables, de la adecuada retribución entre capitalistas inversores (especialmente grandes empresas transnacionales y algunos grupos de origen nacional que usufructúan del licenciamiento para la explotación del subsuelo), capitalistas financieros (asociados), trabajadores mineros, el Estado (como capta¬dor legítimo de una porción tanto de las rentas privadas de la explotación de recursos naturales no renovables como de las ganancias de los capitalistas, nacionales y extranjeros), y de la justa compensación al Estado (en términos monetarios, por ejemplo, para la reparación de daños ma-teriales e inmateriales) por parte de los capitalistas inversores por concepto de las dis-externa-lidades ambientales y sociales derivadas de la explotación del subsuelo. (Este es precisamente el objeto de estudio abordado con detalle en el capítulo 4 de este libro).

La minería y los hidrocarburos como macro-sistema sujeto de una integral y estricta regulación glocal por parte del Estado

Para avanzar hacia la gobernanza glocal del medioambiente y la minería extractiva, así como una “economía política equi-distributiva” (“no concentradora”) de la renta minero-energética en un país como Colombia, debe considerarse a la minería como un macro-sistema y no como un mero sector individual, en razón de los ámbitos y la gran variedad de impactos determinantes 20

Capítulo 1

Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos

Rodrigo E. Negrete Montes1

La implementación del modelo extractivista de los recursos naturales no renovables, impulsa¬do por los últimos gobiernos, se ha concretado en gran medida en la proliferación de títulos mineros y, de manera consecuente, en el incremento de actividades mineras en gran parte del territorio nacional.

Esta situación ha conllevado a que se privilegien estas actividades extractivas por parte de di¬ferentes entidades del Estado sobre otro tipo de actividades productivas, e incluso sobre los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos, lo que ha convertido a la minería en una actividad generadora de conflictos sociales, ambientales, económicos y culturales en varias regiones del territorio nacional.

A pesar de la grave afectación ambiental y social generada por la minería, en Colombia los tí¬tulos mineros se otorgan sin ningún tipo de rigor técnico, ni jurídico, basados en el principio de que “quien es primero en el tiempo, es primero en el derecho”, es decir, que no existe una cualificación del explotador minero y, por consiguiente, no existe un proceso de selección del mejor postor. Esto, salvo lo concerniente a las denominadas áreas estratégicas mineras, donde, de acuerdo con el Código de Minas, para su

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