Los conflictos socioambientales: Un desafío para el desarrollo de la Minería.

Los conflictos socioambientales: Un desafío para el desarrollo de la Minería

El sector minero, como fue mencionado en la conferencia realizada por el Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, representa el 56% de las exportaciones peruanas y es responsable por el 9% del PBI en el Perú. Sin embargo,  existe una diversidad de motivos que limitan su crecimiento y desarrollo, generando que la inversión en este sector se haya visto amenazada durante los últimos años. Entre los conflictos que impiden el crecimiento de la minería se encuentran los socioambientales que se derivan de sus actividades extractivas, los cuales, se han convertido en uno de los principales desafíos para la minería pero que muchas veces son dejados de lado, principalmente por el Estado. A continuación, se presentarán: los motivos por los que este problema es un limitante para el crecimiento de la minería en el Perú, la ausencia del Estado para prevenir y/o solucionar estos conflictos y algunas posibles soluciones propuestas por diferentes entidades y expertos en el sector minero.

En la actualidad “Sólo en el 1% del territorio nacional se realizan actividades de exploración, operación y beneficio minero, cifra que también es compartida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).”(MiningPress, 2015).  Una de las principales causas de este contexto son los constantes conflictos socioambientales que se desatan entre las compañías mineras y las comunidades afectadas, los cuales se originan debido a una diversidad de motivos entre los que destacan la contaminación ambiental, los problemas territoriales, violación de derechos humanos, exclusión de beneficios económicos, entre otros (Saaden, 2013). Como consecuencia, muchos proyectos y programas mineros se ven en la obligación de ser suspendidos o cancelados impidiendo el crecimiento del sector. Asimismo, otro de los efectos que generan estos conflictos son el incremento de los costos que deben asumir los compañías mineras. Según un estudio realizado por investigadores de las universidades de Queensland, Harvard y Clark, “los retrasos causados por conflictos comunitarios pueden aumentar los costos en US$ 20 millones semanales para grandes proyectos de clase mundial valorizados entre US$ 3,000 y 5,000 millones.” (Diario Gestión, 2014), peor aún si tomamos en cuenta que sólo en enero del presente año, en el Perú se registraron 92 conflictos sociales relacionados con la minería y que a fines del 2015 los proyectos paralizados representaban $10,000 millones. Por último, si bien las inversiones mineras se han ido incrementando durante los últimos años y actualmente se cuenta con una cartera altamente valorizada, la persistencia de estos conflictos podría generar grandes pérdidas y desincentivar la realización de nuevas inversiones mineras en el Perú.

Por otro lado, muchos de los conflictos anteriormente mencionados se desatan debido a la poca presencia del Estado en las zonas donde se desarrollan los proyectos mineros. Muchas comunidades campesinas expresan sus demandas por el acceso a derechos como educación y salud por medio de estos enfrentamientos con las compañías mineras, ya que el Estado no cumple con  asegurar la igualdad  al disfrute de los recursos económicos y sociales del país. De esta manera, muchas veces el problema radica en que el Estado no se anticipa a establecer políticas públicas de  protección ambiental, salud , educación, etc. antes de que suceda el conflicto, sino que decide intervenir cuando el conflicto ya está muy avanzado y es muy difícil llegar a un acuerdo con la población. Asimismo, si bien el Estado cuenta con los recursos necesarios para evitar y solucionar estos conflictos, como por ejemplo, la variedad de instituciones como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y Presidencia del Consejo de Ministros especializados en estos temas, “no existe un ente rector único que armonice, articule y alinee las intervenciones del Estado en materia de conflictos, por lo que la flexibilidad, apertura y disposición a negociar y arribar a acuerdos son, en la práctica, diferentes.” (Mendoza, 2014) es decir, que la falta de coordinación no permite llegar a soluciones eficientes.

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