Nuremberg

Ariel Segal

Martes, 6 de diciembre de 2005

La pregunta era y continúa siendo si un país puede juzgar a los ciudadanos de otro con una doctrina jurídica diferente a la de la nación del procesado. No se trata solo de casos específicos como el de Fujimori en Chile o Pinochet cuando estaba en Londres (y a Castro que lo deja pasear por el mundo con total impunidad), sino de un dilema que nos acompaña desde 1945 cuando los aliados de la II Guerra Mundial decidieron juzgar en la ciudad de Nuremberg a los responsables directos e indirectos de las masacres perpetradas por el régimen Nazi.

Los Juicios de Nuremberg que se iniciaron hace 60 años, en un mes de noviembre, son el precedente para la creación de tribunales internacionales como el de La Haya que hoy juzga a los principales responsables de los genocidios de la ex Yugoslavia (1992-1995) y los de Ruanda en 1994, procesados por una corte de la ONU en Tanzania.

Son también los Juicios de Nuremberg y los de Tokio, tras la II Guerra Mundial, los que inspiraron a la redacción y aprobación de los Estatutos de Roma, el primer intento de la ONU por crear una Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar a los responsables de genocidios, excesos de guerra, torturas, y crímenes de lesa humanidad como asesinatos, discriminación, agresiones y desapariciones forzadas en dictaduras abiertas o en las modernas autocracias que se refugian en fachadas de democracia.

La CPI funciona desde el 2003, pero muchos países como China, India, Rusia y Estados Unidos, por el momento, se niegan a que sus ciudadanos sean procesados en ese tribunal. Cada nación alega razones diferentes y especialmente para los norteamericanos, el tema es polémico, puesto que ellos fueron los gestores del concepto de una justicia supranacional en Nuremberg. Estados Unidos considera que en tiempos de una guerra tan compleja e imprecisa contra grupos terroristas, cuando la CPI y la ONU todavía no definen jurídicamente lo que es el terrorismo, no es conveniente exponer a sus soldados o a sus gobernantes a futuros juicios en un tribunal internacional.

A pesar de las críticas, la administración Bush insiste en que el tema de las torturas y excesos militares – incluyendo el uso de armas prohibidas – en las guerras de Afganistán e Irak, no es asunto de competencia de un tribunal internacional que no es capaz de formular cargos contra sospechosos regímenes y dictadores en cuyos países no existe la independencia del poder judicial que gozan los norteamericanos. La Opinión Pública estadounidense, en su mayoría, coincide en desconfiar de la neutralidad de una corte tutelada por un organismo como la ONU plagado de comprobadas deficiencias, corrupción

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