POLITICA FISCAL EN COLOMBIA-KALMANOVITZ

LA POLITICA FISCAL COLOMBIANA EN UN CONTEXTO HISTÓRICO

Salomón Kalmanovitz

ENSAYO

“El Estado es la gente organizada, contribuyendo todos a financiar sus necesidades”: es éste mas o menos el resumen del modelo de fiscal ideal aplicable para cualquier país, un modelo que poco se ha aplicado en el nuestro y que como lo demuestra la historia estamos lejos de conseguir.

La posición fiscal del gobierno colombiano, tiene su origen en un modelo tradicional centralista que mantenía una estrecha relación con la iglesia lo que implicaba que si el Estado era legitimado por la religión era visto por  los ciudadanos como algo lejano, eterno, e intocable y por tanto era nula su participación en las decisiones  sobre su propia organización,  de su tributación,  de su gasto, y de sus servicios públicos. El poder central alejaba al ciudadano de la función pública, al impedirle elegir sus mandatarios e intervenir en las decisiones de cuanto tributar y de cómo gastar el recaudo.

La realidad de la política fiscal en la actualidad está lejos de ser diferente, el gobierno colombiano ha perdido el monopolio de la fiscalidad y maneja un régimen caracterizado por sistemas de fincas que obtienen excedentes pero que no tributan y sistemas parcelarios que obtienen muy pocos excedentes y que pueden tributar algo, pero tampoco lo hacen. Por otro lado por unos ciudadanos que evaden el pago de sus impuestos pero que a la vez se quejan de la poca presencia e inversión del Estado en sus necesidades de seguridad, justicia, salud, educación, servicios domiciliarios e infraestructura, manteniendo la idea de que éstos beneficios les llegaran “providencialmente” y sin implicar algún esfuerzo de su parte, se lucha por apropiar el presupuesto pero no para aumentarlo.

Al mismo tiempo, el Congreso se ha convertido en un cuerpo que sobrerepresenta a los propietarios de tierras, a las burocracias partidistas, que en ocasiones ha representado intereses ilegales, y no a los contribuyentes todas, yendo en contra de sus funciones de aprobar y garantizar que se gasten sabiamente los recursos y ver que el gasto público no exceda el ingreso del gobierno.

De otro lado, la implementación de un sistema proteccionista en el que se impone un alto arancel a las importaciones y en el que al sector de producción doméstica se le entrega un mercado cautivo en el que puede imponer precios altos, se evidencia un aislamiento del mercado internacional en un país como el nuestro donde hay mucho contrabando financiado por las exportaciones de droga.

La política fiscal del gobierno nacional fue altamente procíclica entre 1994 y 1998 y anti-cíclica en 1999, 2000 y 2002, aunque cada vez en menor cuantía por la severa restricción presupuestal que ha enfrentado en los últimos años. En 1996 se registró la más fuerte expansión de la economía a través de las operaciones del gobierno, 2,8% del PIB, monto equivalente a la brecha del producto de ese año. La historia más reciente indica que solamente en el 2001 se genera una contracción fiscal cercana al 1% del PIB.

Dentro de este contexto, el déficit en nuestro país surge de un nuevo pacto político que le entrega recursos a las regiones pero sin exigirle responsabilidades de sustituir el gasto del gobierno central. Se sacrifica parte de los impuestos a las importaciones pero se compensa por un nuevo recaudo tributario bastante mayor que eleva las tarifas de todos los impuestos y las contribuciones a la seguridad social. Los contribuyentes urbanos subsidian el gasto de las regiones.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que si bien se lograron avances importantes en el frente fiscal, el país no alcanzó  una posición fiscal sólida, como la lograda en otros países de la región. En Chile y Perú, por ejemplo, cuya política fiscal ha sido guiada en los últimos tiempos por reglas fiscales estructurales, se generaron cuantiosos ahorros durante los buenos tiempos, lo que les permite tener una posición más sólida para ejecutar políticas contra‐cíclicas.

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