Pacto San José de Costa Rica
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Pacto San José de Costa Rica
22 de noviembre de 1969
Universidad Cooperativa de Colombia
Derecho internacional público y privado 2410-4579
Henry Alberto Rodríguez
Mauricio Barbosa Quinayas
Laura Sofía Lozano Ovalle
25 de febrero de 2024
Convención americana de derechos humanos (Pacto San Jose de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969)
El texto aborda diversos aspectos relacionados con los derechos humanos, destacando la importancia de la dignidad, la libertad de conciencia y religión, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la nacionalidad, entre otros. Se menciona la protección judicial, la posibilidad de suspender garantías en situaciones de emergencia, y la evolución progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales.
Además, se detalla el proceso de investigación y resolución de casos de violaciones de derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo la composición de la Corte, su competencia y funciones, el procedimiento a seguir y disposiciones comunes. Se aborda también las inmunidades y privilegios de los jueces y miembros de la Comisión, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, establece los deberes de los Estados y los derechos protegidos, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a garantías judiciales, a la indemnización por error judicial, entre otros. Prohíbe la esclavitud y la tortura, y asegura que nadie pueda ser condenado por acciones u omisiones que no fueran consideradas delictivas en el momento de cometerse.
En cuanto a los artículos específicos de la Convención, el artículo 28 detalla las responsabilidades de los Estados parte constituidos como Estados Federales, el artículo 29 establece normas de interpretación, el artículo 30 delimita las restricciones permitidas en el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos, y el artículo 31 permite la inclusión de otros derechos en la protección de la Convención. Los artículos 33 al 43 definen las funciones, competencia y procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado la Convención Americana sobre Derechos Humanos también regula los procedimientos para la firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia del pacto, estableciendo las obligaciones de los Estados en cuanto al respeto y garantía de los derechos y libertades reconocidos en ella. Asimismo, se establecen disposiciones sobre la correlación entre deberes y derechos de las personas, limitando los derechos individuales por el bien común y la seguridad de todos en una sociedad democrática.
Además, se detallan las normas de interpretación de la Convención para evitar la supresión o limitación de los derechos y libertades reconocidos en ella. Los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, garantizando su ejercicio a toda persona sin discriminación alguna. En caso de violación de un derecho protegido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede disponer medidas para garantizar el goce de los derechos conculcados y reparar las consecuencias de la vulneración.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la responsabilidad de preparar su Estatuto, someterlo a la aprobación de la Asamblea General y dictar su propio Reglamento. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes para ampararse contra actos que violen sus derechos fundamentales.
En el capítulo Vlll se estipula la organización, declara que la corte estará compuesta por 7 jueces, elegidos por juristas con competencia en derechos humanos, será elegidos en votación secreta, menciona que no deben haber 2 jueces de una misma nacionalidad de los estados miembros de la convención, sin embrago cada estado puede postular hasta 3 candidatos, los jueces elegidos ejercerán por un periodo de 6 años y solo podrán ser reelegidos 1 sola vez.
A cerca de fallo o decisiones de la corte, estos serán definitivos e inapelables, en caso de desacuerdo se debe elevar la solicitud a la corte dentro de los 90 dias a partir de la fecha de notificación del fallo.
En el capítulo IX Disposiciones comunes, se determinan los atributos de los jueces que hacen parte de la corte, privilegios diplomáticos, emolumentos, y garantías, la facultad que tiene la asamblea general de la organización de resolver sanciones aplicables a los miembros de la comisión o jueces que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos estatutos
El articulo 68 de la sección 3 manifiesta que los estados parte en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la corte en todo caso que sean partes.
La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencia contra el estado.
Integración del Pacto San Jose de Costa Rica en el ordenamiento colombiano.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como pacto de San José, es un tratado internacional que establece los derechos humanos básicos en América. Colombia es uno de los países que ha ratificado este pacto, y en la actualidad se encuentra vigente, por lo que está obligado a cumplir con sus disposiciones. Para ello debemos verificar la legislación y la jurisprudencia para entender cómo se aplican específicamente estos derechos en el contexto legal del país.
El Pacto de San José, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue integrado a la legislación colombiana a través de su ratificación y la adopción de la Ley 16 de 1972, que aprueba dicho tratado.
Posteriormente, la Constitución Política de Colombia de 1991 estableció en su artículo 93 que los tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto de San José, hacen parte del bloque de constitucionalidad y prevalecen en el orden interno. Esto significa que tienen un rango constitucional y deben ser aplicados y respetados por todas las autoridades del país.
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