CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Pacto de San José)

ALEJANDRA ROJAS

GABRIELA NAVARETE MONTAÑA

SALOMÉ DÍAZ MADRID

DIRIGIDO A: DR. HERNANDO PEÑA SALGUERO

DOCENTE EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA

FACULTAD DE DERECHO

CURSO 1E

BOGOTÁ D.C

AGOSTO, 2018.

INTRODUCCIÓN

El pacto de San José consolida en sí, un sistema de libertad personal y de justicia social, apoyado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;  considerando que estos derechos tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, que complementa aquella protección brindada por el derecho interno de determinado Estado Americano, ratificando que, pretende llevar a cabo de esta manera el ideal de ser humano libre, exento de temor y miseria, gozando así de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de dicho pacto, ligado directamente con temas referentes a los derechos humanos y el impacto que ha tenido como consecuencia en América. En este caso, se expondrán antecedentes históricos que permitieron el desarrollo de tan importante convención o mejor llamado, pacto de san José; seguido a esto se pretende incentivar acerca de su estructura y contenido, junto con un contexto político, social y económico, en donde podremos encontrar la incidencia que este ha tenido sobre derechos y deberes de las personas, mostrando instrumentos o métodos utilizados por la Convención, en una medida importante, siguiendo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Explicar de qué se trata el Pacto de San José, mostrando cual fue su objetivo de planteamiento y como este está estructurado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer la historia para poder saber el ¿para qué? Y el ¿por qué? de este pacto y su objetivo final.

1. Exponer la estructura en diferentes capítulos del pacto o la convención en donde se reconocen diferentes derechos de los estados parte.

1. Mostrar la incidencia que este Pacto ha tenido a lo largo del tiempo.

HISTORIA.

En noviembre 22 de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido situado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA.

A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado su adherencia a la Convención, entre estos: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, estados como Trinidad y Tobago han denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por una comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Venezuela de la misma manera denunció a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por una comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 10 de septiembre de 2012.  

Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.

Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención creo dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros. Sin embargo, el Tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la Convención. El 22 de mayo de 1970 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que, en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D.C.

La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después por los Estados Partes en la Convención durante el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrada en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.    

Durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte y, en agosto de 1980, la Corte aprobó su Reglamento, el cual incluye las normas de procedimiento. En noviembre de 2009 durante el 85 (octogésimo quinto) Período Ordinario de Sesiones, entró en vigor un nuevo Reglamento de la Corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente ante la Corte.

El 10 de septiembre de 1981 el Gobierno de Costa Rica y la Corte firmaron un Convenio de Sede, aprobado mediante la ley No. 6889 del 9 de septiembre de 1983, que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella. Este Convenio de Sede está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, especialmente por la protección que da a todas aquellas personas que intervengan en los procesos. Como parte del compromiso contraído por el Gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste le donó a la Corte la casa que hoy ocupa la sede del Tribunal.

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