Patrióticos de los símbolos de la Аrgentina

1 de mayo

Ha dicho nuestro primer mandatario que la obligación primordial de todo argentino orgulloso de sus orígenes y amante de su patria, es la de trabajar, porque siendo el trabajo la única fuente de riqueza individual, es también, el único origen de riqueza colectiva. Afirmó que el producto de ese trabajo habría de ser disfrutado por el proletariado, que ya no sería explotado por el capitalista particular ni por el Estado convertido en patrono. Y bien, pues, si el trabajo ha de ser el promotor de la riqueza pública, debe el estado, lógicamente, promoverlo, y asegurar a quienes lo realicen el goce de las ventajas preconocidas. Y así se hizo.

Considerando el justicialismo el que trabaja cumple con un imperativo moral y material de su condición de hombre, esto quiere decir, que el trabajo constituye un atributo natural, inalienable e imprescindible de la personalidad humana, cuyo desconocimiento origina las perturbaciones sociales de todos conocidas, y cuyas consecuencias gravitan sobre la tranquilidad y la economía de la Nación; tratando de evitar esos factores de inquietud mediante una legislación humana que asegurará al obrero todo lo que se encuentra en el llamado artículo de los derechos del trabajador.

Estos derechos fueron incorporados a la constitución justicialista de 1949. El hombre por su condición de tal, tiene necesidades de orden moral, físico y espiritual que satisfacer; y que el estado debe, por todos los medios a su alcance, facilitarles la forma de llenarlas ampliamente. Como para el justicialismo, el único camino que conduce a esa solución es el trabajo, tiende, entonces, a fomentarlo. Con esto, lo que siempre se consideró una obligación impuesta por la vida, se ha transformado en un derecho. Por lo tanto, no será una carga para el individuo, ni un medio fácil de vida para aquellos que utilicen sus servicios.

Ha sido retribuido moral y materialmente, asegurando al obrero un bienestar concorde no solo con el esfuerzo realizado, sino con sus necesidades perentorias. El gobierno al fundar escuelas especializadas promueve la capacitación del proletario para que alcance mejores posibilidades económicas y un mayor grado de dignidad profesional. Y se aseguran a los trabajadores los derechos más amplios para el cómodo y saludable ejercicio de sus tareas; mediante disposiciones que contemplan las condiciones higiénicas de los locales de trabajo, e imponen a los empleadores la obligación, cuando sea menester, de proporcionarles viviendas sanas, alimentación suficiente y adecuada, indumentarias apropiadas y una máxima duración de la jornada laborable de conformidad con la índole de las actividades. Junto con ello, que es, en realidad la protección del presente de los proletarios, se contempla también su futuro. El fantasma de las suspensiones y los despidos injustificados desapareció de los hogares modestos. La incapacidad física, originada en el trabajo o fuera de él, ya no deja al obrero en la miseria.

Su familia esta protegida contra todo riesgo. Sus derechos al mejoramiento económico y la defensa de sus intereses profesionales, se encuentran perfectamente asegurados. Y los preceptos del Decálogo de los Derechos de la Ancianidad cubren al trabajador de cualquier riesgo que pudiera no haberse cubierto con la legislación del trabajo. Por todo lo que dejamos expuesto, el 1° de mayo adquiere en nuestro país los perfiles de una verdadera jornada cívica, en la cual la gratitud del pueblo trabajador hacia quienes les otorgan las conquistas de las cuales hoy disfrutan, se vuelcan entusiastamente por las calles como auténtico testimonio de insobornable adhesión al líder.

5 de mayo

Ha dicho nuestro primer mandatario que la obligación primordial de todo argentino orgulloso de sus orígenes y amante de su patria, es la de trabajar, porque siendo el trabajo la única fuente de riqueza individual, es también, el único origen de riqueza colectiva. Afirmó que el producto de ese trabajo habría de ser disfrutado por el proletariado, que ya no sería explotado por el capitalista particular ni por el Estado convertido en patrono. Y bien, pues, si el trabajo ha de ser el promotor de la riqueza pública, debe el estado, lógicamente, promoverlo, y asegurar a quienes lo realicen el goce de las ventajas preconocidas. Y así se hizo.

Considerando el justicialismo el que trabaja cumple con un imperativo moral y material de su condición de hombre, esto quiere decir, que el trabajo constituye un atributo natural, inalienable e imprescindible de la personalidad humana, cuyo desconocimiento origina las perturbaciones sociales de todos conocidas, y cuyas consecuencias gravitan sobre la tranquilidad y la economía de la Nación; tratando de evitar esos factores de inquietud mediante una legislación humana que asegurará al obrero todo lo que se encuentra en el llamado artículo de los derechos del trabajador.

Estos derechos fueron incorporados a la constitución justicialista de 1949. El hombre por su condición de tal, tiene necesidades de orden moral, físico y espiritual que satisfacer; y que el estado debe, por todos los medios a su alcance, facilitarles la forma de llenarlas ampliamente. Como para el justicialismo, el único camino que conduce a esa solución es el trabajo, tiende, entonces, a fomentarlo. Con esto, lo que siempre se consideró una obligación impuesta por la vida, se ha transformado en un derecho. Por lo tanto, no será una carga para el individuo, ni un medio fácil de vida para aquellos que utilicen sus servicios.

Ha sido retribuido moral y materialmente, asegurando al obrero un bienestar concorde no solo con el esfuerzo realizado, sino con sus necesidades perentorias. El gobierno al fundar escuelas especializadas promueve la capacitación del proletario para que alcance mejores posibilidades económicas y un mayor grado de dignidad profesional. Y se aseguran a los trabajadores los derechos más amplios para el cómodo y saludable ejercicio de sus tareas; mediante disposiciones que contemplan las condiciones higiénicas de los locales de trabajo, e imponen a los empleadores la obligación, cuando sea menester, de proporcionarles viviendas sanas, alimentación suficiente y adecuada, indumentarias apropiadas y una máxima duración de la jornada laborable de conformidad con la índole de las actividades. Junto con ello, que es, en realidad la protección del presente de los proletarios, se contempla también su futuro. El fantasma de las suspensiones y los despidos injustificados desapareció de los hogares modestos. La incapacidad física, originada en el trabajo o fuera de él, ya no deja al obrero en la miseria.

Su familia esta protegida contra todo riesgo. Sus derechos al mejoramiento económico y la defensa de sus intereses profesionales, se encuentran perfectamente asegurados. Y los preceptos del Decálogo de los Derechos de la Ancianidad cubren al trabajador de cualquier riesgo que pudiera no haberse cubierto con la legislación del trabajo. Por todo lo que dejamos expuesto, el 1° de mayo adquiere en nuestro país los perfiles de una verdadera jornada cívica, en la cual la gratitud del pueblo trabajador hacia quienes les otorgan las conquistas de las cuales hoy disfrutan, se vuelcan entusiastamente por las calles como auténtico testimonio de insobornable adhesión al líder

5 de febrero

En México el 5 de Febrero se celebra el día que se promulgó la Constitución que actualmente rige al país, siendo ésta la máxima ley. El nombre oficial de nuestra constitución es el de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también es llamada Ley Fundamental o Carta Magna.

La primera constitución propiamente mexicana es la de 1824, ya que en ella se descarta todo tipo de legislación extranjera y se proclama el ejercicio absoluto de la soberanía. Pero antes de ésta existieron varias leyes entre las que se encuentran: la constitución española de Cádiz de 1812, los "sentimientos de la Nación", de José María Morelos, y el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán, de 1814.

Tras el movimiento revolucionario encabezado por Juan Alvarez y que concluyó con la firma del Plan de Ayutla , en el que se desconocía el gobierno de Santa Anna, se convocó un Congreso Extraordinario, reunido en la ciudad de México en febrero de 1856. Un año después, el 5 de febrero de 1857, fue aprobada la nueva constitución por el congreso constituyente y el presidente Ignacio Comonfort, esta constitución señala el mantenimiento del federalismo, la abolición de la esclavitud, las libertades de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de asociación, de petición y de comercio. Igualmente, se establece que son ciudadanos con derecho a voto todos los mexicanos varones que hayan cumplido 18 años si son casados y 21 si no lo son; pero esta no logró estabilizar al país. El propio Comonfort la desconoció unos meses después de su promulgación, al sumarse a la rebelión de Ignacio Zuloaga, dar un golpe de Estado y encarcelar a varios ciudadanos, entre ellos a Benito Juárez, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia y a quien legalmente le correspondía la Presidencia en un caso como éste. La rebelión terminó en la llamada Guerra de Tres años o Guerra de Reforma, entre los conservadores que desconocían la constitución y los liberales que la defendían.

Después, los liberales, encabezados por Benito Juárez, triunfaron. En el curso mismo de la guerra, se emitieron una serie de ordenamientos conocidos como Leyes de Reforma, entre las que destacan las que establecen la separación entre la Iglesia y el Estado.

La Constitución de 1857 fue elemento fundamental en la defensa nacional ante la invasión francesa y el imperio de

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