Política descentralizadora en la educación pública
mpsrResumen27 de Febrero de 2016
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LA POLÍTICA DESCENTRALIZADORA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA[1]∗
En 1973 se empieza a realizar un proceso de desconcentración educativa con la creación de nueve Unidades de Servicios Descentralizados, con el fin de desconcentrar trámites administrativos. Posteriormente, en 1978 se crean las Delegaciones de la SEP en cada estado, cuya función era establecer programas educativos con prioridades y metas locales, dirigidas a satisfacer las necesidades de los estados, no consideradas muchas veces por el centro.
Sin embargo, aunque los estados de la SEP se desconcentraron, su planeación, su administración y su cabeza principal de toma de decisiones siguió centralizada en el D.F., lo que muchas veces provocó acciones y decisiones tardías o fuera de contexto.
En 1983, en el marco de la política de Descentralización de la Vida Nacional y en apego al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, se inicia el proceso de descentralización educativa.
A partir del 8 de Agosto de 1983 las delegaciones de la SEP en los estados, se transforman en Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar (USED); además se establecieron los comités consultivos para la descentralización educativa, cuya presidencia estaba a cargo de gobernador de cada entidad, instalados por el secretario de la SEP.
El 20 de Marzo de 1984 se establece el acuerdo mediante el cual, en el marco del Convenio Único de Desarrollo en los Estados, se transfieren recursos para la prestación de servicios de educación básica y normal en los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Morelos, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
En 1986, se agregan seis estados más (Colima, Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro y Tamaulipas) y en 1987 se firmaron los convenios con los estados restantes.
En retrospectiva, desde fines de 1982, Jesús Reyes Heroles, quien entonces era secretario de la SEP, se percató de los problemas de la centralización educativa y señaló “La descentralización educativa contempla los siguientes problemas generados por la centralización del sistema: que la educación ha perdido relación con su contexto; se padece excesiva intromisión de los órganos centrales en los asuntos de las localidades; primacía de los asuntos políticos sobre los educativos; el centralismo político y educativo entorpece la resolución de los problemas debido a las innumerables instancias burocráticas que hay que atravesar para tratar los asuntos”.
La delegación de funciones administrativas de la SEP no fue satisfactoria desde el punto de vista de la dirigencia del SNTE, quien argumentó que el personal encargado de esta tarea no estaba calificado para ello ya que carecía de un conocimiento profundo en materia educativa y en el normalismo. Consideraba que la descentralización administrativa era una medida unilateral por parte de la SEP, y que por lo tanto, dichas acciones debían ser suspendidas hasta que se analizaran de manera conjunta por la Comisión SEP-SNTE.
El SNTE, aparentemente, se sentía al margen del proceso de planeación educativa, pero lo que más temía era que la desconcentración de la SEP, debilitará la fuerza y el control político del sindicato al fragmentar su núcleo de poder.
Para calmar los ánimos, en 1983, en su mensaje a la nación con motivo del año nuevo, el presidente Miguel de la Madrid señaló que el proceso de descentralización educativa involucraría también a los gobiernos estatales y al SNTE.
Las pugnas entre el sindicato y el gobierno contribuyeron a retrasar los trabajos de desconcentración.
Como se observa, la centralización política siempre es un obstáculo para la descentralización, ya que los grupos de poder se sienten afectados al pensar que la delegación de funciones los debilitará.
Es importante señalar que la descentralización de la educación es incompatible con la unidad de los gremios y de los grupos políticos, en cambio, sí es compatible con los valores regionales y un elemento importantísimo para alcanzar el desarrollo integral, por lo que los intereses y las pugnas particulares, deben dejarse por un lado, en aras del beneficio de toda la sociedad.
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