Política de Perú

Política de Perú

La población del Perú, cuya denominación oficial es República del Perú, está organizada bajo un Estado, conformado con base en la Constitución política del Perú aprobada en 1993 mediante referéndum, promulgada a finales de ese mismo año y vigente desde el 1 de enero de 1994.

Las directrices dictadas por la Constitución permiten un amplio espectro de posibilidades y posturas políticas. Si bien el artículo 58° de la Constitución señala que el Perú se rige bajo una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es libre y el Estado asume un rol regulador, las prácticas políticas dependen de la iniciativa del gobierno de turno.

República

El Estado Peruano es la organización representativa de todos los peruanos. Es unitario, con separación de Poderes.

Ejerce los tres Poderes (gobierno nacional): ejecutivo, legislativo y judicial. La constitución, además, establece Organismos autónomos para labores específicas. Además, el país cuenta con gobiernos regionales.

Un gobierno basado en el consentimiento de los gobernados

Aceptación del modelo político

El nivel de apoyo al sistema democrático es más tenue que en otros países (45% según Latinobarómetro 2004). El porcentaje que prefiere un modelo autoritario es también bajo (20% Latinobarómetro 2004). Para el 23% no existe diferencia significativa entre un sistema democrático y uno autoritario. Sin embargo, un 43% apoyaría un gobierno militar si las cosas se tornaran difíciles. La satisfacción con el desempeño de la democracia se sitúa en 7%(2 004), a pesar de que la economía ha figurado entre las de mayor crecimiento entre la región.

Dado el origen controvertido de la actual constitución, se ha puesto en duda su legitimidad y se ha pedido su reforma. Entre las reformas están la vuelta al sistema bicameral, la renovación por tercios, un mayor aumento en el congreso, la introducción de un umbral político y la disminución de los requisitos legales para votar.

La falta de progreso en: reforma política, reducción de la pobreza y la creación de empleos, parecen contribuir a la mala imagen de los políticos y las instituciones democráticas así como de los partidos y el Congreso. 1

Aceptación de las reglas de juego

Las formas como los grupos expresan sus desacuerdos se han ajustado a las reglas democráticas. En 2003, la mayoría de las marchas fueron pacíficas aunque en algunas protestas hubo brotes de violencia. El número, nivel e intensidad de las protestas ha ido aumentado desde el 2004, los grupos políticos y sociales regionales realizan protestas masivas y actividades que alteran el orden público, llegando a bloquear carreteras o a ocupar instalaciones gubernamentales. Esto muestra la escasa cultura de legalidad que existe en las áreas más remotas del país. Las acciones subversivas están menos que los que existían en los años ochentas.viva miel

La gran mayoría de los peruanos opina que el acceso y el reparto del poder debe hacerse mediante elecciones. Sin embargo, no existe un pleno consenso sobre las reglas vigentes.2

Inclusión e intensidad de la participación política

Apertura del proceso electoral

ONPE y JNE han recobrado rápidamente su credibilidad desde las elecciones de 2001. El proceso fue justo y los votantes pudieron ejercer su derecho sin la intervención del Estado u otros actores, y los mercados de información de los partidos se mantuvieron libres de las distorsiones de la inyección de dinero del Estado al partido de gobierno.

El voto se considera obligatorio: el no recurrir a votar se paga con una multa de unos $35. Sin embargo, las grandes distancias que deben recorrer la población rural para ir a los centros de votación limita la igualdad en participación electoral, a pesar de que la ONPE está trabajando en ese problema. La población en edad de votar y empadronada ha sido la más alta de la región.

El Perú cuenta con un sistema eficiente y completo de inscripción electoral ciudadana. El proceso de inscripción electoral es automático pues el registro electoral proviene del RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). Esto permite que esté constantemente actualizado y que se excluya a los fallecidos o los que han cambiado de lugar de residencia. A pesar de eso, se estima que el Registo Civil excluye entre 800 000 y 1 000 000 personas (3 a 3,5% de la población): lo más probable es que los pobres del campo y los indígenas constituyan una alta proporción de quienes no tienen DNI (Documento Nacional de Identificación) por la lejanía, el costo y la falta de partidas de nacimiento. A pesar de eso, se considera que el sistema de inscripción electoral es bastante completo y preciso, y no genera desigualdades en materias de población electoral.

Desde la transición a la democracia en 1980, no ha existido obstáculos significativos para la creación y preservación de los partidos políticos. Con el fin de inscribirse, un partido debe obtener un número de firmas equivalentes al 1% del total de votos depositados en las últimas elecciones. Para conservar esa inscripción, se ha solicitado a los partidos que mantengan al menos un escaño en el Congreso, cosa que los partidos han logrado mediante la configuración de alianzas. Perú cuenta con distritos electorales múltiples, siendo Lima el más grande (35 diputados elegidos en Lima). Los pocos requisitos para inscribir partidos, y los votos requeridos para obtener un escaño en el Congrseo han contribuido a la volatilidad y la fragmentación del sistema partidista peruano. La volatilidad ha limitado los incentivos para forjar coaliciones intrapartidista, y han acentuado la importancia de las personalidades individuales. La fragmentación también se ha originado por factores no institucionales, como la incapacidad de los partidos tradicionales de gobernar de manera efectiva desde los ochenta, y la falta de progreso en cuanto a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza, y la retórica y acciones del gobierno fujimorista contra los partidos. En 2001, el índico efectivo de partidos en el congreso fue de 4,5 colocándose entre los seis primeros países de la rgión alta fragmentación en el sistema de partidos.

La ley de partidos apunta a promover un menor número de colectividades con cobertura nacional mediante la imposición de requerimientos adicionales de inscripción. Aparte de obtener las firmas equivalente al 1% obtenidos en las últimas elecciones, debe acreditar comités con un mínimo de 50 miembros en por lo menos dos tercios de los departamentos (17) y en un tercio de las provincias (65), que sería como movilizar 3 200 ciudadanos. Esto se aplica únicamente a la inscripción inicial de un partido. Dado que la ley no ha sido muy efectiva en sus propósitos, algunos observadores han cuestionado si JNE está verificando plenamente el cumplimiento de la ley en cuanto número de firmas necesarios y la formación de comités provinciales.

La membresía en los partidos políticos es muy baja en el país, así como hay una falta de representatividad geográfica. APRA ha sido tradicionalmente el partido que ha exhibido la organización más fuerte, pese a esto, la participación de la ciudadanía en decisiones trascendentales tales como la elección de los candidatos, dirigentes, y la plataforma política en todos los partidos es muy limitada. La falta de apertura y representatividad ha contribuido a la falta de confianza de la población. La tendencia centrista de los partidos provoca el descuido de las necesidades que están fuera del área de la región metropolitana. Esto ha originado movimientos políticos independientes en el ámbito subnacional.

Para algunos analistas, la opción de votar entre dos individuos en lista de su partido -voto preferente- y así influir ssobre cuál de las listas de candidatos termina logrando el poder, es una manera de que los ciudadanos contrarresten la falta de apertura de las colectividades. Sin embargo, ha tenido un efecto negativo pues promueve la competición internta y la falta de unidad, lo cual ha debilitado a los partidos y favorecido a los candidatos con más recursos o aquellos conectados con grupos de interés financieramente fuertes. Esto es acentuado pues los partidos por lo general no suministran fondos a sus candidatos sino que los reciben de ellos a cambio de una ubicación favorable en sus listas. Si bien la ley de partidos intenta instituir procesos democráticos internos para la dirigencia y los candidatos, la ley también permite: que se eliga directamente a los dirigentes y candidatos en primera vuelta, también que nominen candidatos indirectamente a través de un comité que debe ser elegido por la membresía. Además, los dirigentes pueden elegir 24 de 120 candidatos -una quinta parte- para candidatos al Congreso, y la misma proporción de candidatos a los consejos regionales y municipales sin acudir a ningún procedimiento democrático. No se especifica tampoco ninguna restricción en cuanto a la ubicación designados en la lista de partidos: la ley no garantiza en sí misma que surjan partidos más democráticos y representativos.

La constitución de 1993 abrió vías de participación ciudadana, entre las que figuran la reforma constitucional, la introducción de leyes en los ámbitos regional y local, y la realización de referendos. Además, se introdujeron mecanismos para la revocatoria o remoción de funcionarios tanto elegidos como designados. Si bien es cierto que los instrumentos relacionados con la formulación de las leyes se han empleado poco, los que tienen que ver con el control ciudadano se han utilizado con frecuencia. Se han llevado a cabo revocatorias en 200 localidades, especialmente en distritos pequeño

...