Protesta social y libertad de expresión

Protesta social y libertad de expresión

El derecho a disentir es lo propio de las sociedades democráticas. Y la protesta es el ejercicio activo de la libertad de expresión” plantea Omar Rincón, director del C3 y uno de los editores de un libro que compila las miradas de diecisiete periodistas de toda Latinoamérica para mostrar en primera persona qué está pasando en un continente que sigue en pie de protesta. Eligieron como título “Vamos a portarnos mal” de una canción de la agrupación Calle 13, sonido puro de rebeldía latina de hoy. ¿Por qué hablar de mal comportamiento si se trata del ejercicio del derecho a expresar lo que no se escucha por otras vías? Explica Omar Rincón que “la protesta social y la movilización es vista como ‘portarse mal’ por los gobernantes, los medios de comunicación y los poderosos. Siempre dicen: ‘si se portan bien, habrá diálogo’. Y es así, protestar es un asunto de mala educación política para los poderosos: interfieren la movilidad, entorpecen el paisaje, ensucian la vida pública. ¡Eso es lo que molesta, no sus peticiones!”. A esto habría que agregar, como canta Calle 13, que la protesta calma la injusticia, la impotencia del ciudadano que no se siente escuchado: “el desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina”.

¿Qué es hoy la protesta en América Latina?

La protesta forma parte de la vida en democracia y constituye una forma de participación política. En regiones como América Latina expresa, en muchos casos, una alta conflictividad social producto de desigualdades y derechos vulnerados. No hay un escenario uniforme, homogéneo, sino que existen una variedad de mecanismos y una multiplicidad de demandas en juego dependiendo de cada contexto. No es lo mismo la protesta social en Honduras tras el golpe, que en Uruguay, por ejemplo. Sin embargo, también se pueden encontrar puntos en común, como que por ejemplo las movilizaciones se enmarcan en un contexto de generalizada crisis de representación política.

¿Qué se reclama?

Hay un sinnúmero de reclamos: en primer lugar, luchas por los derechos económicos y sociales, el derecho a la tierra, la defensa de los recursos naturales, con una característica: muchas veces la pelea es por reclamos de derechos ya establecidos en luchas anteriores que deben consolidarse. Las distintas historias que componen el libro destacan la centralidad que tienen los movimientos indígenas. Luego, entre otros, los artículos cuentan las protestas de los movimientos de derechos humanos, las luchas de género y las protestas por la diversidad sexual, que son relativamente recientes en algunos países, y los estudiantes como un colectivo significativo. Del libro se desprende que la protesta es fundamentalmente, pero no solamente, un instrumento de los grupos más vulnerables: hay protestas configuradas desde lugares de resistencia que buscan transformaciones sociales (como el movimiento piquetero, los Sin Tierra en Brasil) y también protestas configuradas desde el espacio dominante (grupos económicos, Iglesia, etc.) que generalmente surgen cuando sus intereses económicos o ideológicos son afectados.

Dice Omar Rincón que la protesta social en tanto acto creativo y político de la libertad de expresión, en tanto lucha por la significación pública, tiene distintas estéticas. Y enumera las diversas manifestaciones culturales que asume: el piquete, el escrache, los cacerolazos, los cortes de ruta, la paralización, el caminar, las mingas, músicas, stickers, graffitis, el silencio, la desnudez; las clásicas como huelgas, paros cívicos, movilizaciones, manifestaciones; y las de las nuevas tecnologías que usan intensivamente el internet, el twitter, el mensaje de texto, el celular para campañas de activismo político en código abierto y para llevar a cabo flashmobs u organizar cómo se actúa para tomarse un lugar público. También aclara que desde la mirada de los gobiernos y los medios de comunicación no todas las protestas son iguales: hay “protestas bien” como las ecológicas, feministas, indigenistas, gays, que son causas “progres” que no quedaría bien repudiar abiertamente. Están “las protestas problemáticas”, las de los derechos humanos, que no se entienden pero que terminan asumiéndose más por temor que por convencimiento. Y también están “las protestas mal” de sindicalistas, jóvenes, afros, estudiantes, educadores, gente sin tierra. En el relato del poder, dice Rincón, “esas solo quieren desestabilizar la comodidad del sistema y están siempre infiltradas de violentos”.

Ana Lucía Magrini, la otra editora de la obra, explica por qué no es aceptable ese relato del poder. Plantea la investigadora que “La protesta social es la válvula de escape del conflicto en democracia y, por lo tanto, nunca es un atentado a las lógicas de la democracia sino un requisito y hasta un “indicador” de los niveles de democracia de un régimen político y comunicativo. Si no hay posibilidad de protesta social, si los gobiernos criminalizan la protesta social, si los medios de comunicación la invisibilizan y la estigmatizan, entonces asistimos a un régimen democrático endeble o al menos restringido”. Rabinovich explica en la charla esta paradoja.

-El libro intenta mostrar que la protesta es un indicador de democracia, pero desde el poder y los medios se presentan a los que protestan como enemigos de la democracia…

La protesta forma parte de la vida en democracia y debe ser entendida como una forma de participación política. La protesta, en general, no debería ser considerada como un atentado contra la democracia sino más bien un “indicador” de los niveles de democracia de un régimen político. Cómo decimos en el libro, si no hay posibilidad de protesta social, si los gobiernos criminalizan la protesta social, entonces asistimos a un régimen democrático endeble o al menos restringido. Paradójicamente, la protesta también es un indicador de la capacidad de procesamiento institucional de las demandas de la población o de alguno de sus sectores.

Pero no es así como el Estado recibe las manifestaciones sociales…

La protesta busca hacer valer una demanda que el Estado debe canalizar de algún

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