Republica Conservadora

La dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 contó con el decisivo respaldo de los grandes grupos económicos nacionales y el financiamiento permanente de los grandes bancos internacionales y los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial y el FMI. El saldo de su gestión fue el de miles de muertos y desaparecidos, centenares de miles de exiliados, la derrota del Ejército argentino en Malvinas, la multiplicación de la deuda externa por cinco, la destrucción de gran parte del aparato productivo nacional y la quiebra y el vaciamiento de la totalidad de las empresas públicas a causa de la corrupción de sus directivos.

La lucha radical, expresada en las revoluciones de 1893 y 1905, y el creciente descontento social, expresado por innumerables huelgas, llevarán a un sector de la clase dominante a impulsar una reforma electoral que calme los ánimos y traslade la discusión política de las calles al parlamento. En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña logró la sanción de la ley que lleva su nombre y que establece el voto secreto y obligatorio.

La aplicación de Ley Sáenz Peña hizo posible la llegada del radicalismo al gobierno. Los radicales gobernarán el país entre 1916 y 1930 bajo las presidencias de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) (1928-1930) y Marcelo T. de Alvear (1922-1928), e impulsarán importantes cambios tendientes a la ampliación de la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la difusión de la enseñanza universitaria. El período no estuvo exento de conflictos sociales derivados de las graves condiciones de vida de los trabajadores. Algunas de sus protestas, como la de la Semana Trágica y la de la Patagonia, fueron duramente reprimidas con miles de trabajadores detenidos y centenares de muertos.

El 6 de septiembre de 1930 los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo encabezaron un golpe de estado, apoyado por grupos políticos conservadores, y expulsaron del gobierno a Yrigoyen inaugurando un período en el que volvió el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. En 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman con Inglaterra que aumentó enormemente la dependencia Argentina con ese país. Se sucedieron los gobiernos conservadores (el general Uriburu, entre 1930 y 1932; el general Justo, entre 1932 y 38; Roberto Ortiz, entre 1938 y 1942, y Ramón Castillo, entre 1942 y 1943), que se desentendieron de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más poderosas del país.

En 1943 un grupo de militares nacionalistas dio un golpe de estado y derrocó al presidente Castillo. Dentro de este grupo se destacó el coronel Juan Domingo Perón, quien, desde la secretaría de Trabajo y Previsión, llevará adelante un política tendiente a mejorar la legislación laboral y social (vacaciones pagas, jubilaciones, tribunales de trabajo). El apoyo popular a Perón lo llevará al gobierno en las elecciones de 1946. Durante sus dos presidencias (1946-1952 y 1952-1955) Perón, que ejercerá el poder limitando el accionar de la oposición y censurando a la prensa, impulsará una política que combinaba el impulso de la industria, el empleo, las comunicaciones y los transportes, con la acción social desarrollada por Eva Perón a través de la construcción de hospitales, escuelas, hogares para niños y ancianos, y ayuda económica para los más pobres.

En 1955 un nuevo golpe militar derrocó a Perón, quien marchó al exilio. A partir de entonces y hasta 1973, los peronistas no podrán votar por su partido. En ese período habrá dos presidentes civiles, Arturo Frondizi (1958-62) y Arturo Illia (1963-66) que intentarán impulsar el desarrollo nacional y poner fin a la proscripción del peronismo. Ambos serán derrocados por golpes militares. El golpe del ’66, llamado Revolución

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