Salvador Allende

Caida de salvador allende

En un marco de cambios políticos, el 4 de septiembre de 1970 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a la Unidad Popular, conglomerado de izquierda conformado, entre otras fuerzas sociales, por comunistas, socialistas y radicales, y a su candidato Salvador Allende.

Debido a que Allende obtuvo un porcentaje inferior al requerido para quedarse en forma directa con el sillón presidencial (36,3%), el Congreso, de acuerdo con la constitución que en ese tiempo regía al país (constitución de 1925), debía confirmarlo eligiéndolo de entre las dos primeras mayorías, Allende y Alessandri (34,9%).

Para lograr esto y debido a que la Unidad Popular no poseía los votos necesarios para ratificarlo como Presidente, previamente a la votación, Salvador Allende debió firmar con la Democracia Cristiana un pacto en el cual el nuevo gobierno se comprometía a respetar la seguridad de la sociedad Chilena y la Democracia Cristiana, por su parte, a confirmar en el Congreso a Allende como Presidente de la República.

Este convenio es conocido como el Pacto de Garantías Constitucionales y entre sus puntos destacan los siguientes:

• Plena vigencia del Estado de Derecho.

• Mantenimiento del ejercicio de la Autoridad a través de los tres poderes del estado y preservación de su autonomía.

• Libertad de expresión; mantenimiento de la organización y el funcionamiento independiente de los partidos políticos.

• Consideración de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile como únicos garantes de la convivencia democrática y custodios de la seguridad nacional.

El 27 de octubre de 1970, Allende es ratificado por el Congreso pleno, obteniendo 153 votos.

El 4 de noviembre de 1970 los ojos del mundo se posaron sobre Chile, Salvador Allende Gossens asumía la presidencia del país y se convertía en el primer presidente socialista del planeta en llegar al poder a través de las urnas.

Al asumir su mando, Allende intento implementar su programa de gobierno, programa conocido como “las 40 medidas fundamentales”, estas pueden resumirse de la siguiente forma:

• Reajuste salario mínimo en un 66%, y el sueldo mínimo en 35%.

• Congelamiento de precios de los artículos de primera necesidad.

• Disminución de la cesantía

• Programa de construcción de viviendas.

• Control de la inflación.

• Estimulación de la producción nacional.

• Mejora de servicios estatales de salud.

• Distribución gratuita de leche a infantes y escolares.

• Creación de un sistema único de seguridad social.

• Profundización en la ley de reforma agraria.

• Nacionalización del cobre, salitre y carbón.

• Estatización de grandes industrias de acero, cementos, compañía de teléfono y de la banca.

Para llevar a cabo la reorganización socialista de la economía nacional, el programa contemplaba tres categorías de la propiedad: propiedad social (el Estado estaba facultado mediante ley, y para cada caso, estatizar una empresa considerada de interés social); propiedad privada; propiedad mixta (el Estado participaba con un porcentaje de las acciones de la empresa). Esta reorganización tripartita de la propiedad fue confirmada por el Congreso mediante una reforma constitucional en el año 1972.

El gobierno de Allende consideraba que el primer paso en el camino hacia la independencia económica con el exterior debía ser la nacionalización del cobre, ya que éste constituiría el “sueldo de Chile”. El proceso se realizó mediante una reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional con la ley del 16 de julio de 1971, que fijaba la expropiación de los derechos de las empresas de capital Norteamericano, así como Chuquicamata, El Salvador y El Teniente

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) llevó a cabo la estatización, que contemplaba la adquisición de las acciones, y la intervención de bancos e instituciones financieras, bajo la tutela del Banco Central, de la propia CORFO y de la Dirección de Presupuesto, organismos que destinaron su atención a los programas del área social, aunque el gobierno tenia proyectada la creación de un banco nacional que centralizaría las operaciones financieras y el control crediticio, pero nunca entró en funciones. El Banco del Estado, por su parte, se dedicó a los créditos agropecuarios. A finales de 1971, el gobierno controlaba el 95% de las colocaciones y los depósitos bancarios.

El primer año de gobierno socialista arrojó resultados positivos para el país, el producto interno bruto aumento en un 8,6% ; La inflación se redujo de un 34,9% en 1970 a 22,1% en el año 1971; la reforma agraria había expropiado alrededor de 10 millones de hectáreas, equivalentes a casi la mitad de toda la tierra agrícola el país, la cesantía bajó a un 3,8%, y lo más importante de todo, el gobierno se afianzaba en el poder y el pueblo demostraba su apoyo incondicional a Allende, pues en las elecciones municipales celebradas en abril de 1971 la Unidad Popular Obtenía un 49,5% de los sufragios.

Sin embargo, tan halagadores resultados solo serian temporales, pues en unos meses mas se produciría el efecto retardado de la gran expansión monetaria que había tras de todo lo obrado y que en el año en cuestión supero en 13 mil millones de escudos a la de 1970. tan formidable expansión financiera hizo desaparecer las mercancías, desvalorizo el escudo y dio nacimiento a la especulación y el mercado negro. Se le llamo inflación desabastecida y provoco el rechazo de la moneda nacional y la preferencia por el dólar y otras monedas extranjeras.

En octubre de 1971 comenzó a observarse el arranque inflacionista que, en 1973, se convirtió en devastador alud, dejando al descubierto las tremendas debilidades de la gestión económica del gobierno, aun cuando no faltan quienes aseguran, con base, que fueron efectos premeditadamente perseguidos, con el propósito de crear condiciones favorables a la implantación del socialismo autoritario.

En 1972 la crisis se hizo sentir a través del crédito extranjero, proveniente especialmente de Estados Unidos, con lo que el gobierno se vio obligado a obtener prestamos desde el bloque socialista. El país se enfrentaba a un déficit fiscal del 41,5% ; El programa de estatización se había reducido de 252 industrias del área social a, solo, 91 ; La producción industrial había bajado a un 7% y los sueldos y salarios se habían reducido como medida para contener la inflación, que a mediados de 1972 llegaba al 163,4%.

La situación se agravaba cada día más, el 9 de octubre de 1972 se inicio una huelga de camioneros, los cuales decidieron paralizar sus actividades en todo el país. Estos con el apoyo de la CIA norteamericana, la cual los financió con mas de 2 millones de dólares, tenían pleno conocimiento que esta acción traería consecuencias nefastas para la ultra alicaída economía nacional y un quiebre inminente en el gobierno de Allende.

El descontrol invadió al país, al gremio transportista se les unió la Confederación de Comercio Detallista, la Confederación de la Pequeña Industria y Artesanado, las Federaciones de estudiantes secundarios y universitarios, los principales colegios profesionales, trabajadores portuarios, los trabajadores de la Universidad de Chile, los pilotos de la Línea Aérea Nacional (LAN) y la poderosa Confederación de la Producción y el Comercio, con todas sus ramas.

La huelga de camioneros fue el detonante final. Producto de nuestra particular geografía, la economía chilena está a merced de su transporte rodado. Paralizarlo es paralizar el país. Pero el gremio del transporte era una de las muchas fibras sociales que veía profundamente afectados sus intereses económicos por las reformas socialistas.

Al no encontrar ninguna salida al conflicto y con el país en crisis, Salvador Allende busco una solución inédita en su mandato. Casi un mes después del inicio de la paralización, el 2 de noviembre de 1972, juraba un nuevo gabinete, en el cual destacaban 3 uniformados, el General de Ejercito Carlos Prats, en el Ministerio del Interior, el Contralmirante Ismael Huerta en Obras Públicas y el General de Aviación Claudio Sepúlveda en el Ministerio de Minería.

El 5 de noviembre de 1972, la huelga de transportistas y comerciantes, iniciada, el 9 de octubre, fue “desconvocada”. El General Prats, recién nombrado Ministro del Interior, consiguió en solo 3 días lo que Allende no había conseguido durante casi un mes de conflicto. La hábil maniobra del Presidente surtía efecto, el nombramiento de los Militares en el gabinete daba más seguridad al país.

El 21 de octubre de 1972 el Congreso aprobó la Ley de Control de Armas, proyecto estudiado debidamente por el ministerio de defensa, en el que se quitó a los intendentes la facultad de autorizar el uso de armas de fuego, se confió el control de éstas a las autoridades militares y se prohibió la existencia de milicias y grupos paramilitares.

La ley mencionada fue calificada como "el primer gran triunfo obtenido por quienes desean el imperio de la democracia en Chile". Gracias a ella, las fuerzas armadas realizaron allanamientos, descubrieron campamentos guerrilleros y encontraron depósitos de armas, elementos con los cuales extremistas chilenos y extranjeros estaban organizando el ejército del poder popular.

La incorporación de las Fuerzas Armadas al gobierno apaciguó momentáneamente el ambiente político y se iniciaron los preparativos destinados a asegurar un desenvolvimiento pacífico y ordenado en las próximas elecciones

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