Una mirada retrospectiva sobre Marmato

1. UNA MIRADA RETROSPECTIVA SOBRE MARMATO

Esta mirada a la historia de Marmato o a la antigua provincia de Anserma^[1] se da con la única pretensión de entender de donde vienen las dinámicas sociales y las construcciones normativas con las que nos encontramos hoy en día. El actual municipio de Marmato, ubicado al noroeste del departamento de Caldas ha sido históricamente un territorio minero, y por su riqueza determinante para la vida económica y política del país.

Se ha identificado desde la época precolombina la actividad minera en Marmato, la cual era practicada por parte de los pobladores ancestrales, el pueblo Umbra o Anserma, quienes realizaban labores de recolección de minerales preciosos para luego ser trabajados conforme a sus técnicas de orfebrería. Desde este momento el asentamiento de las comunidades en la zona respondía a su interrelación con el territorio.

Un nuevo período inicia con la colonización, los españoles no tardaron en ver la riqueza de la provincia de Anserma, inmediatamente procedieron a tomar asiento en la región en torno a los yacimientos auríferos, dando lugar a la fundación de Marmato en 1537. Marmato desde este momento significó riqueza y esclavitud, pues la explotación se dio a partir de mano de obra indígena esclava y con posterioridad tras una dramática disminución en la cantidad de habitantes indígenas por las precarias condiciones de vida, se requirió de esclavos traídos del África para continuar con la actividad minera, esto para finales del siglo XVI. No tardo mucho la actividad minera en empezar a monopolizarse por medio de las licencias reales, ciertas familias fueron adquiriendo el control de las explotaciones, y desde ese momento esta circunstancia de dominación será una constante en Marmato.

Con posterioridad, la guerra de la independencia dejó endeudada la futura República antes de nacer, así un nuevo monopolio llegó a Marmato, el cual surgió por medio del arrendamiento de las minas por un término inicial de 25 años a casas banqueras inglesas^[2], fue entonces una financiación costosa y producto de la negociación se afectó considerablemente la soberanía^[3] de la naciente República. La entrega de las minas de Marmato a las casas banqueras inglesas tuvo lugar gracias a que se expidió previamente una normatividad que lo permitió, donde se reguló la noción de “minas de reserva especial”,^[4] dentro de las cuales se incluyeron las minas de la Vega de Supía y Marmato, por la cual se excluyó a los pobladores de la región de la facultad de denunciar y explotar las minas que pudieran hallar en su territorio.

Durante la permanencia de las compañías inglesas en la región y producto de los negocios jurídicos que se realizaron sobre las minas, surgieron una gran cantidad de conflictos sin que lograran afectar el monopolio inglés^[5], para mediados del siglo XIX se presentó un cambio significativo en la legislación minera de la República como resultado de las constituciones federales de 1858 y 1863, este giro a la tradición normativa si bien facultó a los Estados soberanos con la posibilidad de regular autónomamente la riqueza minera con la que contaban, salvo excepciones como las esmeraldas y los yacimientos de sal gema ya tratadas en detalle en capítulos anteriores, no afectó las dinámicas que desde inicios del siglo XIX tuvieron lugar en Marmato. Más sin embargo durante el régimen federal no hubo una voz unánime en cuanto a la regulación de las minas de oro en el resto del país.

Para Marmato la segunda mitad del siglo XIX fue época de grandes tensiones, el control de la región decae por parte de las compañías extrajeras. Por un lado los constantes pleitos judiciales se incrementaron con la cesión de los derechos de las minas de Marmato a la sociedad antioqueña Ospina Hermanos en 1891, que desenlazo en una crisis social importante para la región. Por el otro la Guerra de los Mil Días se abre paso y con ello;

[…] marcaría el final de hegemonía de la Wester Andes en la región. El 10 de julio de 1905 esta compañía entregó a la nación las minas que tenía a su cargo, a excepción de las de San Antonio, La Cruzada y el establecimiento minero de El Guamo o Marmato, afirmando que estas habían sido adquiridas en propiedad (González Escobar, 2002: 375; Gärtner, 2005: 412). (Lopera Mesa, 2015, pág. 111).

No tardarían en ser recuperadas por el Estado durante el gobierno del presidente Rafael Reyes las minas restantes, sin embargo, la asunción del Estado de estos territorios no implicó una transformación en las dinámicas de la región, pues lo que aconteció fue un cambio de formal y el monopolio de las minas continuó.

[1] “La antigua provincia de Anserma fue nombrada así por Jorge Robledo para designar los territorios habitados por las diversas tribus que conformaban el pueblo Umbra o Anserma. Esta región, situada en la vertiente este de la cordillera occidental se extendía, por el norte, desde el Cerro de Caramanta hasta el punto donde el río Arquía desemboca con el Cauca; por el oriente, a lo largo del río Cauca hasta la desembocadura del río Cañaveral; por el sur, la frontera la traza el cauce del río Cañaveral (actual límite entre los departamentos de Risaralda y Valle), desde su nacimiento en el cerro Tatamá hasta su desembocadura en el Cauca; por el occidente, entre la línea imaginaria que parte del Cerro de Caramanta y se extiende hacia el sur hasta el Cerro Tatamá” (Abad Salazar, 1955: 22-23) citado por ( (Lopera Mesa, 2015, pág. 105)

[2] “Sin embargo, las minas de Marmato, así como otras ubicadas en el antiguo Cantón de Supía, se sustrajeron del régimen minero ordinario porque fueron entregadas en arrendamiento para cubrir los préstamos contraídos con casas banqueras inglesas para sufragar el costo de la guerra de independencia y del establecimiento de la naciente república6. Para entonces, el gobierno obtuvo un empréstito respaldado en la firma de un contrato el 18 de abril de 1825 con la casa B.A. Goldschmidt de Londres, en virtud del cual esta tomaría en arriendo, por un término inicial de 25 años, las minas de oro de la Vega de Supía y de Marmato, la salina del Peñol en Supía, así como otras minas en la provincia de Antioquia7. Ese mismo año, y antes de que las minas le fueran entregadas a la B.A. Goldschmidt, otra compañía inglesa, la casa Powles, Illington & Cía., a través de su filial Colombian Mining Association, negoció directamente con los antiguos propietarios la compra de las mejores minas del Cantón, para lo cual contó con los servicios del Mineralogista francés Juan Bautista Boussingault. Debido a esta movida, la casa Goldschmidt solo alcanzó a reclamar las minas menos productivas, lo que a la postre precipitaría su bancarrota y la llevaría a ceder los derechos adquiridos en virtud del contrato de arrendamiento a su poderosa competidora, la casa Powles, Illington & Cía. Esta sucesión de arrendamientos y ventas sobre las minas dio lugar a interminables pleitos entre el gobierno colombiano y las compañías extranjeras que hicieron presencia en la zona, así como entre estas y los particulares de la región que alegaban tener derechos sobre algunas de estas minas (Morales Benítez, 1993; González Escobar, 2002: 56-66; Gärtner, 2005: 157-160, 193-196, 308; González Colonia, 2012: I, 11).” (Lopera Mesa, 2015, pág. 108)

[3] Dicha afectación a la soberanía se configura debido a que la negociación fue absolutamente desventajosa para la República, se relevó a los ingleses de la obligación de explotar las minas entregadas en arrendamiento, protegiendo su inactividad en detrimento de la República y de las personas que habitaban y vivían en la región.

[4] Dentro de las cuales encontramos las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez, las salinas de Zipaquirá y Nemocón, las minas de plata de Santa Ana y La Manta en el municipio de Falán, las carboneras de San Jorge y Llano de Ánimas en el municipio de Suesca y las minas de oro y plata de Marmato en el departamento de Caldas.

[5] Con significativo dominio en la región por parte de la casa Powles, Illington & Cía. La cual actuaba a por medio de la Colombian Mining Association. (Gärtner, 2005)

“En 1853 la Colombian Mining Association se transformó en la mariquita and New Granada Mining Company, también controlada por la casa Powles, Illington & Cía. En 1872 esta compañía fue despojada de su posición dominante, al perder un juicio interpuesto por otro ciudadano inglés, Percy Brandon, quien pasó a sustituir a la mariquita and New Granada en el contrato de arrendamiento de las minas de la nación. Al año siguiente, Brandon cedió sus derechos a The Western Andes Mining Company, que mantendría su posición dominante en la región hasta comienzos del siglo XX (González Escobar, 2002: 66, 187-190; Gärtner, 2005: 310).” (Lopera Mesa, 2015, pág. 109)

...