Venezuela En El Contexto Latinoamericano

VENEZUELA DENTRO DEL CONTEXTO LATINOAMERICANO

La política económica de Venezuela está siendo muy criticada a nivel internacional, ya que afecta incluso a los potenciales socios del MERCOSUR latinoamericano. Las estatizaciones llevadas adelante por el gobierno venezolano han motivado una creciente inquietud en el Mercado latinoamericano. Desde sus comienzos, el mandato de Hugo Chávez se ha caracterizado por una observación permanente de las empresas de capitales extranjeros y la estatización de muchos emprendimientos en territorio venezolano. Si bien en sus orígenes se justificó el proceso argumentando que era necesario preservar los recursos naturales y proyectar nuevas oportunidades de exploración de mercados; en la actualidad el mecanismo de estatización excede los objetivos planteados en el discurso original.

Los recursos energéticos, el petróleo, tierras y consorcios Norteamericanos y Europeos fueron los primeros negocios estatizados por Venezuela. El discurso oficial argumentaba una desconfianza en los manejos de capitales de determinados grupos empresariales y una baja distribución de riquezas de empresas provenientes de EEUU y Europa.

En el procedimiento de estatización reciente, Chávez ha creado en la región una inestabilidad económica creciente que afecta a los países que integran el MERCOSUR. Las inversiones proyectadas por los países emergentes vecinos de Venezuela se han congelado después de las últimas maniobras económicas llevadas adelante en suelo venezolano. La privatización de la Metalúrgica argentina, Techint, ha motivado que los países de la región observen con gran desconfianza las posibilidades de inversión en el país de Hugo Chávez. Si bien en un principio las empresas afectadas se encontraban en el rubro de las norteamericanas y europeas, en esta oportunidad, se privatizaron empresas de un país considerado aliado estratégico en el contexto internacional y donde se intercambian numerosos movimientos de inversión.

Brasil y otros países del Mercado Común del Sur, consultaron inmediatamente sobre las causas de estatización. Chávez afirmo que eran capitales de desconfianza y necesitaban ser recuperados para la nación, pero que las inversiones brasileras no serian tocadas, ya que tenían plena confianza en la influencia del gobierno brasileño. Estas declaraciones motivaron un pedido de explicaciones desde Argentina y la intervención de la presidencia de ese país en las negociaciones de capitales.

Las protestas de organismos oficiales en Argentina han paralizado las inversiones en territorio venezolano. La Unión Industrial Argentina, y distintas organizaciones en Argentina manifestaron el profundo rechazo a la estatización de la metalúrgica. Además se ha planteado un nuevo esquema donde uno de los principales aliados de Venezuela se encuentra sin poder dar explicaciones reales de la política que está llevando adelante el presidente Hugo Chávez Frías.

CONFLICTOS ACTUALES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN ECONÓMICA DE VENEZUELA

La crisis de gobernabilidad en Venezuela, que ha conducido a una espiral de violencia política no vista en ese país en las últimas tres décadas, es el resultado del enfrentamiento cada vez mayor entre el gobierno y sus seguidores, y los sectores económicos, políticos y sociales que se oponen al proyecto "revolucionario" del gobierno de Chávez.

El primero, sostiene que está desarrollando una transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales en aras de beneficiar a los más necesitados, quienes fueron ignorados y explotados durante las décadas del "punto fijismo". Con ese fin, sostienen que se trata de la creación de una democracia participativa, beneficiaria de los más pobres, y de la reedición del Estado benefactor, a partir de la concepción de que, en esencia, los problemas del país son consecuencia de una redistribución desigual de las riquezas. Mientras tanto, los opositores sostienen que el proceso "revolucionario" se propone destruir las instituciones democráticas, poner fin al Estado de derecho y la libertad de expresión, estatizar la economía, abolir las libertades económicas e instaurar un régimen personalista, totalitario y militarista.

En la medida en que la conflictividad y la violencia política han aumentado, los dos grupos han mostrado tendencias hacia la radicalización de sus posiciones y hacia un enfrentamiento tipo "suma-cero". Los espacios de negociación y acuerdos son cada vez más reducidos, y se profundizan los temores de una confrontación violenta, al menos entre los grupos más radicales y minoritarios de ambos sectores. Ante la situación de incertidumbre que caracteriza a la actual realidad venezolana, la discusión sobre los posible conflictos que enfrentará el país en los próximos diez años, debe necesariamente realizarse en el marco de los dos escenarios más probables que se vislumbran en la actualidad: la permanencia del teniente coronel Chávez en el poder y la profundización de su proceso "revolucionario", por lo menos hasta enero del 2007 --el actual Presidente ha manifestado sus intenciones de permanecer en el poder hasta 2021-; o la negociación de una salida electoral a la actual crisis de gobernabilidad, la cual llevaría a la formación de un nuevo gobierno que a todas luces estaría conformado por la oposición

En este sentido, serán pocos los conflictos que se generarían en el ámbito político, y más bien tendrían lugar entre los partidos de la oposición los cuales estarán debilitados por sus enfrentamientos internos, no tanto entre éstos y los sectores del chavismo. No obstante, es importante notar las crecientes rivalidades internas que existen en el sector oficialista, entre el PPT y el MVR, y entre sectores "militaristas" y civiles, susceptibles de exacerbarse durante las discusiones electorales de los candidatos a miembros de la Asamblea Nacional (2005) y de alcaldes y gobernadores (2004). Sin embargo, como Chávez tendría la última palabra, estas pugnas tendrían poca repercusión.

En el ámbito económico, el gobierno actualmente desarrolla una serie de acciones tendientes a establecer definitivamente un modelo estatista, con control absoluto sobre la economía. Los indicadores más importantes para medir esto son: el desmembramiento y reestructuración de Petróleos de Venezuela (PDVSA), proceso que incluye el despido de alrededor de un 40-50 por ciento de la nómina por haber participado en el conflicto petrolero; y la aplicación de un régimen cambiario y de control de precios. En el primer caso, aunque PDVSA no volverá a ocupar el lugar que tenía entre las empresas petroleras mundiales, ni podrá generar las ganancias de años anteriores, esta reestructuración le permitirá al gobierno subsistir con suficientes recursos. No habrá conflictos en este sector, menos aún de la magnitud del reciente paro de trabajadores petroleros, y de esta manera, el gobierno tendrá garantizado el control absoluto de la industria y sus beneficios. Es posible que ante su incapacidad para operar la empresa, les otorgue concesiones de distinta índole a empresas transnacionales, lo cual tiene la gran la ventaja de que éstas no participan ni generan enfrentamientos políticos.

Mediante el control de cambio y de precios, el gobierno busca liquidar, o al menos debilitar, aún más al sector privado que mayoritariamente forma parte de la oposición. La reciente declaración de "ni un dólar para los golpistas" muestra claramente que aquellos que dirigieron y participaron en el último paro de 63 días serán sancionados con estas medidas. Ante la grave situación económica que ya venían enfrentando, ésta sería la estocada final. A muchos no les quedará otra opción que cerrar sus puertas, ante lo cual el gobierno ya ha declarado que las militarizará y, es de esperarse, estatizará después. Los dólares serán otorgados a los amigos del régimen, a quienes también encargará de las empresas confiscadas. De esta forma, habrá una nueva élite económica adepta al gobierno, no opuesta a sus políticas, porque el Estado controlará la economía. Por lo tanto, los conflictos con el sector privado, agudizados en los últimos dos años, cesarán.

No obstante, las políticas tendientes al control estatal de la economía sí pueden generar un factor de pugnacidad, pero en el ámbito internacional. El estado actual de ingobernabilidad e impunidad ha llevado a una penetración del narcotráfico, que indudablemente se verá favorecido por el control de cambio para sus actividades de lavado de dólares. Esto podría generar en un futuro mayores enfrentamientos con Estados Unidos, pues es bien sabido que para esta potencia los dos enemigos actuales para su seguridad son el terrorismo y el narcotráfico.

La profundización del proceso de cierre de industrias, comercios y empresas, muchas de las cuales se han visto afectadas por la reestructuración de PDVSA, llevarán a un incremento importante del desempleo, que se espera llegue a 25 ó a un 30 por ciento en 2003. Es lógico suponer que ello profundizará la actual conflictividad social y política, así como los altos grados de inseguridad ciudadana. Debido a su fortalecimiento, la primera respuesta del gobierno será un incremento en la represión. Se enfrentarán las movilizaciones y protestas sociales y políticas con una creciente violencia, utilizando a la Fuerza Armada Nacional (FAN), especialmente a la Guardia Nacional (GN), y a los grupos paramilitares, los cuales durante el último año ya actuaron de conjunto. Dada la impunidad con la cual han actuado

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