ASPECTOS GENERALES SOBRE EL DERECHO BANCARIO

La potestad Sancionatoria de la Administración Publica proporciona una base sólida al Derecho Administrativo Sancionador puesto que así queda anclado el ámbito constitucional del Estado superando los planteamientos habituales tradicionales, más rudimentarios que buscan la justificación dogmática de la sanción, en el ilícito o, a todo lo demás, en la organización administrativa. En el principio de todo Derecho están una potestad y un ordenamiento. Y justamente porque existe una potestad administrativa sancionadora y un ordenamiento jurídico administrativo sancionador, es por lo que puede hablarse con propiedad del Derecho Administrativo Sancionador .

La potestad sancionatoria faculta a que la administración imponga y ejecute, por si misma sanciones a los ciudadanos e instituciones, siendo unos de los principales medios o instrumentos, sino el más cualificado con que cuenta la administración, para asegurar el cumplimiento de las leyes, y reglamentos, y por tanto el imperio de la ley. En cualquier caso, el ejercicio de la potestad sancionadora, constitucional y legalmente atribuida a la Administración Publica, así como las garantías, derechos y recursos, del presunto responsable, es una materia de especial interés, tanto para quienes desde el poder público deben asegurar el cumplimiento de las leyes como para los ciudadanos frente a los cuales, justa o injustamente, se dirige un proceso sancionador, así como para quienes tengan atribuidos el asesoramiento jurídico o la representación o defensa de la administración o de los ciudadanos ante los tribunales .

Como toda actuación administrativa, la potestad sancionadora debe sujetarse al procedimiento legal y reglamentariamente establecido. En dicho procedimiento, el ciudadano goza de determinados derechos y garantías, destacando la llamada presunción de inocencia, esto es que el supuesto infractor se debe presumir o considerar no culpable salvo que se pruebe lo contrario .

Por lo que se refiere a la regulación de las infracciones y sanciones administrativas debe apuntarse que, en un Estado de Derecho, la actuación de la administración debe sujetarse a lo dispuesto en la legislación vigente, máxime que en esta materia rige el principio de reserva de ley, esto es, que la ley, debe regular necesariamente, las determinaciones esenciales de las infracciones y sanciones a imponer .

Con el desconocimiento del desarrollo evolutivo de la dinámica de la Potestad Sancionatoria Administrativa en El Salvador, y los límites del poder sancionador de los entes administrativos; especialmente en el área Financiera, es necesario hacer un estudio comparativo de la Ley de

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