Ley De Participacion Pupular
6808612821 de Agosto de 2013
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publicado en:
Hengstenberg, Peter/Kohut, Karl/ Maihold, Günther (eds.): Sociedad civil en América
Latina: Representación de intereses y gobernabilidad. Nueva Sociedad, Caracas,
1999, p. 133-146
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La Ley de Participación Popular entró en vigor en Bolivia en 1994. Con esta ley se les otorga
una relativa autonomía de gestión pública a los municipios urbanos y rurales, que recién fueron creados.
Las formas de organización social de los pueblos indígenas adquieren también, por primera vez, un
reconocimiento jurídico, así como determinados derechos de participación a nivel local.
La Ley de Participación Popular forma parte de un paquete de reformas de la coalición en el
gobierno (MNR-MBL 1993-97) bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR). Parte de este
paquete de reformas son: la reforma de la constitución, la ley de capitalización, la reforma educativa, la
ley para la descentralización y la Ley agraria que se aprobó a fines de 1996.
La intención del gobierno de Sánchez Lozada consistía en modernizar a la sociedad a través de
las leyes de reforma, así como crear las condiciones para un desarrollo eficaz y sustentable del país,
que ofreciera las mismas oportunidades a todos los ciudadanos para elevar su nivel de vida. Con esto se
pretendía, en base a criterios funcionales y eficientes, consolidar las estructuras democráticas del país,
continuar con la reestructuración liberal de la economía y con la reorganización del Estado centralista.
La creación de municipios rurales y la Ley de Participación Popular constituyen elementos básicos
dentro de este concepto. La Ley de Participación Popular es ya considerada, en el contexto
latinoamericano, como ejemplar para el fomento del proceso de democratización.
El Estado tiene como objetivo ampliar la participación política de la población campesina e
indígena y de esta manera incluir los estratos de población que hasta ahora habían sido descuidados en
las estructuras estatales. Pretende atender a las reivindicaciones tal como habían demandado con
insistencia los movimientos populares desde los años setenta y las nuevas organizaciones indígenas
desde finales de los ochenta.
Pero esta ”democratización desde arriba” es -en especial para los pequeños campesinos
indígenas y las comunidades rurales- un proceso complicado y un arma de dos filos. El problema
consiste que obviamente existen diferentes significados sobre lo que se entiende como participación
política.
Mientras la concepción de participación política y las reivinidaciones de autogestión y
autodeterminación tal como lo habían demandado las organizaciones campesinas e indígenas radicanpese
las diferencias en las propuesta específicas de las organizaciones del oriente y de los andinos -
en sus tradiciones culturales y en patrones sindicales, el Estado maneja un concepto de participación
política de acuerdo al modelo de la democracia liberal.
La integración política de la población rural mediante la LPP significa, en consecuencia, la
ampliación de influencias externas en las comunidades rurales. Eso constituye para las comunidades
cambios profundos en sus estructuras socio-politicas. En el fondo la LPP es una estrategia para
institucionalizar y "hacer viable" el nuevo Estado nacional a nivel local.
Sin duda alguna, la LPP ofrece a las comunidades nuevas oportunidades de desarrollo. Que
esta forma de democratización implica igualmente una serie de nuevos problemas y desafíos que
puedan volverse trampas será considerado a continuación.
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La ley no cuenta con el consenso de todos. Los partidos de izquierda, los sindicatos, las
confederaciones de campesinos y de productores de coca, rechazan la ley por ser insuficiente. Las
organizaciones indígenas de las regiones andinas y de las tierras bajas del oriente boliviano tienen
opiniones diversas.
El paquete de reformas es cuestionado radicalmente y ha llevado a fuertes controversias, en
parte violentas, entre los sindicatos, las organizaciones campesinas y las federaciones de los
productores de coca y el gobierno.
Obviamente las reformas han sido apoyadas con intensidad por la coyuntura internacional. Ellas
son fomentadas masivamente por el Banco mundial y por la cooperación técnica y financiera bilateral,
algo que conlleva a los críticos a afirmar que se trata de la imposición de un modelo desarrollado por el
Norte.
La Ley de Participación Popular
La Ley de Participación Popular pretende conjugar la descentralización con una participación
social amplia de los grupos de población más perjudicados y desatendidos hasta ahora -en especial de
las regiones rurales- por las élites de origen europeo. Lo que se persigue con ésta es la integración de la
población rural, que hasta ahora ha sido marginada política, social, cultural y económicamente. La
población rural esta formada en gran parte por pueblos indígenas que pertenecen a 36 diferentes grupos
étnicos (autodefinición: pueblos ”originarios”).
El primer paso hacia el nuevo orden fue la reforma constitucional de 1994, en la que se crearon
nuevas estructuras administrativas. A ésta pertenecen la deconcentración administrativa con un
desplazamiento de tareas y decisiones al nivel departamental, así como la creación de gobiernos
municipales, los cuáles están equipados con funciones normativas, ejecutivas, administrativas y
técnicas dentro de las jurisdicciones territoriales que en gran parte son nuevas. Con esto se transfirieron
competencias del Estado central a los 311 municipios rurales, cuyas administraciones municipales son
designadas como gobiernos locales autónomos en la Ley Municipal.
”Autonomía” significa en este contexto, por un lado, elecciones generales y libres del gobierno
municipal, el cual esta constituido por el Consejo Municipal y el Alcalde. Su periodo de gobierno se
extiende por cinco años. Por otra parte, ”autonomía” significa el derecho del gobierno municipal a
recaudar algunos impuestos y cuotas, el derecho de planeación y ejecución de trabajos administrativos
y de infraestructura, en especial en las áreas sociales, de salud y educación, así como también la
realización de inversiones en proyectos comunales y tomar a su cargo medidas de ayuda social.
El consejo departamental y el prefecto, que es postulado por el Presidente de la República,
tiene a su cargo funciones de coordinación y mediación entre los niveles nacionales y locales.
Con estas reformas se introdujo, por un lado, la posibilidad de una descentralización política e
institucional delimitada, que posteriormente fue precisada en la ley de la descentralización de 1996. Por
otro lado, el nivel local se reforzó a través de estructuras nuevas de participación política en base a la
Ley de Participación Popular. Ésta última ofrece a la población, dentro de una unidad territorial, una
ampliación de la participación política que va más allá de los partidos políticos. Esto acontece en el
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marco de representaciones nuevas que se tienen que constituir independientemente de los partidos,
como las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) y los Comités de Vigilancia. Las OTBs pueden
ser juntas vecinales, federaciones de campesinos locales y organizaciones socio-políticas tradicionales
a nivel comunal. Su campo de acción política está sin embargo limitado: su función de representación
de la población de una comunidad frente a la administración municipal se limita a los derechos de
información, asesoría, cooperación y control. Así, las OTBs tienen el derecho de hacer propuestas para
el desarrollo municipal y deben participar en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM). Los Comités de
Vigilancia tienen bajo su control la ejecución de actividades y la realización de los planes de desarrollo
aprobados por el Consejo Municipal.
La Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) y los Comités de Vigilancia carecen entonces
de toda facultad de decisión. El acceso al poder de decisión en la administración comunal es un
privilegio de los partidos. A pesar del reconocimiento de formas tradicionales indígenas de gestión y
representación, los partidos continúan siendo los únicos que pueden participar en las elecciones
municipales de acuerdo con la constitución del país. Como el gobierno municipal sólo se puede
constituir por la vía de los partidos, las OTBs tienen que asegurarse de contar con el apoyo de un
partido si quieren que sus intereses sean considerados en las elecciones o dentro de la administración
al nivel de decisión. A este nivel es donde se arti cula la crítica de los sindicatos y de las
organizaciones indígenas (esto será tratado más adelante).
El marco financiero y político
Una de las condiciones esenciales para el éxito de la participación popular radica en la
transferencia de recursos financieros de los niveles estatales centrales y departamentales a los
comunales, como se establece en la Ley 1551 de la Ley de Participación Popular. Esto incluye una
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