Ojos Vendados

RESUMEN Y ANALISIS DE OJOS VENDADOS

La afirmación, por lo menos curiosa, expresada por quien demuestra que uno de los principales bancos estadounidenses fue el depositario de cuanta coima se cobró o cuánto dinero sucio se lavó al Sur de nuestros presuntos salvadores, encabeza el libro que tiene para los uruguayos un interés particular. Sin que ese sea el propósito general del periodista argentino, radicado hace años en Miami, autor y columnista de CNN y de decenas de periódicos, entre ellos el Miami Herald, su texto ratifica con exactitud tres de las cuatro aseveraciones más importantes que contenía el oficio presentado por la Brigada Antidrogas del Este ante la jueza penal de 4º Turno, Fanny Canessa, y que motivó la destitución del entonces director nacional de Policía, inspector Roberto Rivero.

El martes 13 de junio del año pasado, cuatro días después que la periodista María Urruzola revelara en el semanario Brecha algunas de las causas que motivaron la destitución de Rivero, el ministro del Interior, Guillermo Stirling, se preguntó en radio El Espectador. “¿Qué pruebas había para hacer afirmaciones de tanta gravedad? Ninguna. ¿Qué elementos? ¿Qué indicios? ¿Con qué elementos contaba la Brigada para poder embarcar al Estado en una acusación tan dura para un periodista, un prestigioso estudio, para el sistema financiero e, incluso, para la propia imagen del país?”.

El razonamiento del secretario de Estado seguía la línea sostenida por todos los gobiernos posdictadura: “En Uruguay no se lava dinero, ni hay corrupción”.

Y de su propia cosecha agregó el calificativo de “terrorista de Estado”, a quien hasta hoy, a pesar de estar retirado, fue uno de los oficiales más prestigiosos con que contaba la fuerza policial.

En la lógica de Stirling tal vez ahora Andrés Oppenheimer podría ingresar en la peligrosa calificación de “terrorista”, ya que en gran parte de las 314 páginas que tiene el libro editado por Sudamericana –y que se vende como pan caliente en todas las librerías– se prueban con exactitud milimétrica y profusa documentación, tres de las afirmaciones del famoso oficio policial 24/00 del 16 de marzo del año pasado. Por si fuera poco, barre de un plumazo la teoría del “complot”, sostenida por Danilo Arbilla desde entonces, basada en presuntas escuchas clandestinas y ratifica en todo el memorándum del 17 abril entregado por Rivero a Stirling, que éste le impidió investigar, y que luego fue presentado en el Juzgado de Maldonado.

El oficio de la discordia

Antes de ingresar al libro de Oppenheimer, vale recordar parte del texto del oficio policial presentado el 16 de marzo de 2000 ante la jueza Fanny Canessa, que se puede leer íntegramente en la página web de El Espectador, en la dirección: http://www.espectador.com/text/documentos/doc06132.htm.

En síntesis, el oficio firmado por el oficial Gonzalo Cozzolino, responsable de la Brigada Antidrogas del Este, sostenía que “mediante información reservada aportada por el Servicio de Aduanas de los EEUU, se puede establecer que en nuestro país se podrían estar llevando a cabo operaciones tendientes al lavado de activos, producto del narcotráfico, de acuerdo al siguiente informe.

El lavado de dinero del narcotráfico se realiza de dos modalidades en nuestro país. Por una parte, operaciones financieras que han movido varios cientos de millones de dólares, en las que interviene el Estudio y varios bancos. Por otra parte, operaciones inmobiliarias que implican lavar dinero por la vía de inversiones directas”.

Agregaba que “el Cártel de Juárez – operaba desde Argentina a través de una institución financiera “Mercado Abierto S.A.” próxima al menemismo y en particular a Ortega y de la inmobiliaria Marplatense “Di Tulio”, propiedad de los hermanos Domingo y Nicolás Di Tullio”.

La piedra que motivó todo el escándalo posterior decía que “la persona Danilo Arbilla es el principal contacto en nuestro país. Los Di Tullio le compran su propiedad en Punta del Este en una cifra en el entorno de los “quinientos mil dólares”, muy superior a su valor real.

Arbilla presenta a los Di Tullio a su escribano (y escribano de Búsqueda), Javier Mario Morassi. Los Di Tullio, al igual que Ducler de Mercado Abierto, están sometidos a investigación judicial en Argentina y se solicitó la colaboración judicial uruguaya. El tema del lavado por el “Cártel de Juárez” preocupa especialmente a EEUU y México”.

El documento aportaba luego datos sobre operaciones inmobiliarias, particularmente realizadas en el departamento de Flores, por sociedades anónimas directamente controladas por los Di Tullio.

Quitando la venda

La primera aseveración del oficio se refiere a la “intervención del Estudio Posadas, Posadas y Vecino y de varios bancos” en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En el primer párrafo de la página 36 de su libro, Oppenheimer relata que en 1997 “en un breve viaje de Argentina a Uruguay poco después del fin de año (de 1996), Amado Carrillo Fuentes se enamoró de Punta del Este, el balneario uruguayo donde veranea buena parte de la clase alta argentina y uruguaya. Tras contratar al prestigioso bufete de abogados Posadas, Posadas y Vecino –dirigido entre otros por el ex ministro de Economía y senador uruguayo Ignacio De Posadas– para representarlos en Uruguay, los narcotraficantes mexicanos adquirieron el chalé “Holiday”, en Punta del Este, por 550.000 dólares”.

En realidad no es esta la primera vez que se menciona al estudio Posadas. En abril de 1999 ya lo había hecho el jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, unos días antes de que lo destituyeran del cargo por presiones del encargado comercial de la Embajada de EEUU en Argentina.

En lo que respecta a los bancos, el libro es en sí una de las denuncias más sólidas que se han presentado públicamente contra la participación del Citibank en todas las maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y coimas desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, pasando primero por Nueva York. Pero además del Citi, también participó el Federal

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