PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL DEL JUICIO DE AMPARO
Enviado por balderassalazar • 14 de Marzo de 2015 • 397 Palabras (2 Páginas) • 222 Visitas
“PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL DEL JUICIO DE AMPARO.”
Constitucionalmente, el juicio de amparo encuentra su procedencia en el artículo 103 constitucional y las bases que han de regir el mismo se encuentran previstas en el artículo 107 constitucional.
La reglamentación legal del juicio de amparo está contemplada en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, o sea, la Ley de Amparo, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El 6 y 10 de junio de 2011, se publicaron dos importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impactan directamente en la administración de justicia federal.
La primera de ellas concierne fundamentalmente al juicio de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, el cual se ve robustecido al ampliarse la procedencia del amparo respecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los Plenos de Circuito; y una nueva forma de integrar jurisprudencia “por sustitución”; entre otras.
La segunda, en íntima relación con la anterior, evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas.
Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como aquella relativa a los migrantes o a la suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, miran hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.
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