CONCURSO MERCANTIL

Concurso mercantil.

Se iniciará el tratamiento formal de la unidad señalando su definición de la siguiente manera:

El concurso mercantil es una figura jurídica creada precisamente para que los comerciantes (empresas) hagan frente a situaciones de crisis. En México, al concurso pueden acceder las empresas que tengan vencidas más del 35% de sus obligaciones o que no tengan activos de fácil realización para cubrir el 80% de sus obligaciones vencidas.

En los propios términos del IFECOM es un “Procedimiento universal al que se somete un Comerciante cuando incumple generalizadamente el pago de sus obligaciones. Tiene como fin conservar las empresas mediante convenio de pago que suscriba con sus acreedores reconocidos y si no es posible, vender la empresa o sus unidades o los bienes que la integran para hacer pago a dichos acreedores.”

Según el artículo 1º de la Ley De Concursos Mercantiles. “La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil. Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Con el fin de garantizar una adecuada protección a los acreedores frente al detrimento del patrimonio de las empresas en concurso, el juez y los demás sujetos del proceso regulado en esta Ley deberán regir sus actuaciones, en todo momento, bajo los principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe”.

Es de vital importancia señalar que según la legislación mexicana, la declaración de concurso la realiza un Juez Federal y que el procedimiento consta de dos etapas que serán inmediatamente explicadas.

2.2. Fases del procedimiento

Según el artículo segundo de la mencionada Ley, el concurso consta de dos etapas a saber:

1) La conciliación y

2) La quiebra.

En la etapa de conciliación el objetivo principal es la consecución de un convenio entre la empresa y sus acreedores, el cual puede contemplar una reestructura administrativa y/o financiera, con la concesión de quitas y/o esperas por parte de los acreedores. La inyección de recursos frescos por parte de los accionistas de la empresa puede manejarse con ventaja en esta etapa del concurso.

En la etapa de conciliación, para facilitar la consecución del convenio:

1. Las deudas de la empresa se cierran, se convierten a UDIs(Unidades de Inversión) y dejan de causar intereses (con una excepción).

2. La empresa suspende el pago de las deudas contraídas antes de la declaración de concurso (suspensión de pagos).

3. Solo paga las deudas que adquiere después de la declaración de concurso, con lo cual readquiere liquidez inmediata.

4. Se suspende todo mandamiento de embargo y de ejecución contra los bienes de la empresa, con lo cual se libera a la empresa del desgaste que ocasionan estos asuntos, para que se concentre en la administración de la empresa y en el estudio y preparación del convenio y la reestructura administrativa y/o financiera.

De no conseguirse el convenio se declara la quiebra de la empresa, procediéndose a vender los activos y a pagar con su producto a los acreedores hasta donde alcance.

Así pues según indica el artículo tercero de la Ley:

“La finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la empresa del Comerciante mediante el convenio que suscriba con sus Acreedores Reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del Comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los Acreedores Reconocidos”.

2.3. Subsistencia de empresas de interés público.

Como se desprende de la lectura de su artículo 1º que a la letra dice:

Artículo 1º de la Ley De Concursos Mercantiles. “La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil. Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Con el fin de garantizar una adecuada protección a los acreedores frente al detrimento del patrimonio de las empresas en concurso, el juez y los demás sujetos del proceso regulado en esta Ley deberán regir sus actuaciones, en todo momento, bajo los principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe”.

Resulta evidente, que esta Ley no fue diseñada especialmente para el comerciante, de hecho el “comerciante” no está mencionado para nada en el artículo primero. Más bien, su propósito es servir al público. Su objeto no es la resolución de la relación legal entre partes individuales, las derivadas de una relación contractual entre acreedor y deudor. Más bien, su objetivo es servir al interés público a través del concurso, una cooperación entre acreedores cuya reacción a la fallida relación podría constituir una amenaza a la estabilidad comercial del público en general.

¿Qué significa el interés público? Dicho en pocas palabras, la preservación de las empresas comerciales y a su vez sus relaciones comerciales. Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantengan una relación de negocios, se busca minimizar las manifestaciones exteriores negativas que se producen cuando la relación entre acreedor y deudor incurre en un impasse (ejemplo: Desempleo, desabasto y falta de servicios).

La propia fundamentación de motivos señala que:

“El objetivo central era claramente discernible: proveer un grupo de normas legales dirigidas a la maximización de la empresa comercial afligida a través de su preservación. De esta manera, el empleo del elemento humano está preservado, el negativo impacto económico en la sociedad que resulta de la pérdida de una empresa que proporciona bienes y servicios (sobre todo públicos concesionados) se evita y la voluntad empresarial y el esfuerzo que esta

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