Colombia

Colombia tradicionalmente ha poseído un mercado de capitales relativamente pequeño, con indicadores de desarrollo rezagados, y poca participación de las empresas del sector real y de inversionistas particulares. El problema no es nuevo: Según Gutiérrez y Pombo (2009, p. 230), el diagnóstico que en 1994 realizó la Misión de Estudios sobre el Mercado de Capitales –contratada entonces por el Ministerio de Hacienda– halló graves problemas de “falta de liquidez, alta concentración accionaria, información insuficiente a inversionistas y público, y falta de transparencia del mercado”. En 2002, otro diagnóstico hallaba que “… en Colombia se ha generado un círculo vicioso en el cual la financiación del sector real a través del mercado de capitales es prácticamente inexistente” (Arbeláez, Zuluaga & Guerra, 2002, p. xvi).

Colombia presenta todos los síntomas de una economía con baja protección al inversionista, aunque desde 2001 varias reformas han intentado solucionar estos problemas. Son los casos, por ejemplo, de la resolución 275 de 2001, la ley 964 de 2005 y el programa Código País. Si bien son reformas bien intencionadas, aún persisten problemas con el mercado de valores de Colombia. La resolución 275 de 2001 provocó la moda de adopción de códigos de gobierno corporativo pero sin un impacto real sobre las buenas prácticas (124 empresas adoptaron códigos de este tipo, de acuerdo con Gaitán, 2009, p. 149). Sarmiento y Agudelo (2009, p. 52) afirman que “…su alcance [el del Código País] es limitado al no existir un código único y al ser éste de aplicación voluntaria”. En un análisis más reciente, Gutiérrez y Pombo (2009) encontraron que, entre 2003 y 2007, el número de empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) disminuyó de 108 a 90.

Otro aspecto característico de las empresas grandes colombianas es que en su mayor parte son firmas familiares que, entre las décadas de 1950 y 1970, fueron tejiendo grupos empresariales o conglomerados. Quizá este hecho refuerza la actitud pasiva hacia el uso del mercado de valores, ya que al interior de estos grupos empresariales ya se han establecido canales de financiamiento por medios diferentes. Según Sarmiento & Giraldo (2009, p. 30), el valor de las acciones transadas / PIB de Colombia en 2006 presenta valores que demuestran un nivel relativamente bajo de negociación.

Gutiérrez, Pombo & Taborda (2005), encuentran que, en Colombia, las firmas de inversión jugaban un importante papel como accionistas controlantes. Los autores también presentan una descripción de los mecanismos de propiedad indirecta usados dentro del Sindicato Antioqueño, el Grupo Santo Domingo, y el Grupo Ardila. A grandes rasgos, sus resultados permiten visualizar, para los años 1998-2002, los esquema de cross-share holding del Sindicato Antioqueño; de holding-jerárquico o piramidal dentro de Santo Domingo, anclados en las firmas Bavaria y Valores Bavaria; y de integración vertical en el Grupo Ardila.

Gobierno corporativo es una rama de las finanzas que estudia cómo regular las prácticas financieras de las empresas sin restringir demasiado su libertad de acción. Más concretamente, hablar de buen gobierno corporativo es hablar de sistemas de normas y regulaciones dirigidas a asegurar: i) que los gerentes actúen en pro de los intereses de largo plazo de las empresas; ii) que la información relevante a los inversionistas les sea proporcionada de forma oportuna y transparente; y iii) que la toma de decisiones respecto a los activos de la empresa tenga una debida rendición de cuentas frente a los stakeholders.

Otra definición, más cercana a la microeconomía, define el gobierno corporativo como la búsqueda de una estructura de gobierno que minimice los problemas de agencia de una empresa, dado que ésta se desenvuelve en un entorno de contratos incompletos. Es de acuerdo a esta connotación que tienen cabida las relaciones del gobierno corporativo con la teoría principal-agente, la teoría de las organizaciones, y las finanzas corporativas. El programa de investigación que estudia los problemas de riesgo moral, la selección adversa, la señalización, y los contratos incompletos ha sido tratado por economistas teóricos durante los últimos treinta años y ha dado luces para responder a preguntas como: ¿Cuáles formas de propiedad son más apropiadas para reducir los problemas de agencias de las empresas? ¿Cómo diseñar contratos que alineen los incentivos de jefes y empleados? ¿En qué condiciones es posible agrupar los riesgos de un contrato de seguros? ¿Cuándo es conveniente para una organización integrarse con una de sus filiales? ¿Por qué los mercados no pueden resolver todos los problemas de una organización? ¿Qué consecuencias traen a una empresa los conflictos de interés de sus stakeholders?, entre otras

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