Competitividad

Competitividad laboral

Hace unas semanas el Ministerio de Economía y Finanzas anunció una ambiciosa y loable iniciativa para mejorar el clima de negocios y la competitividad de nuestro país, y anteayer el ministro Carranza la expuso didácticamente en un artículo publicado en este mismo medio. La meta trazada es pasar del actual puesto 62° en el ránking mundial de facilidad para hacer negocios Doing Business del Banco Mundial (es decir todavía estamos ubicados en el segundo tercio de países del planeta) al puesto 25° en el año 2011. Como referencia, el país latinoamericano mejor ubicado en el ránking mundial actual es Chile en el puesto 40°.

El MEF ha anunciado que para lograr dicha meta trabajará conjuntamente con otros ministerios e instancias del Poder Judicial, gobiernos regionales y locales en siete dimensiones necesarias para facilitar la competitividad empresarial y del país: reducir los trámites y tiempos para la apertura de negocios (estamos en el puesto 116° en el mundo en este campo), destrabar los permisos de construcción (115°), mejorar el cumplimiento de contratos (119°), ampliar las facilidades para el comercio exterior (93°), facilitar el pago de impuestos (85°), mejorar el registro de propiedades ( 41°) y la protección al inversionista (18°). La mira está bien puesta en por lo menos las primeras cinco dimensiones donde realmente estamos muy a la zaga internacionalmente.

Lo que ha sorprendido, sin embargo, es la ausencia de iniciativas en el área laboral, a pesar de ser la dimensión en la que peor estamos ubicados en el ránking mundial (puesto 149° en el mundo). Por ejemplo, Chile, sin tener todavía un sistema consolidado de flexi-seguridad laboral, se ubica en el puesto 74° en esta materia. Al realizar un análisis comparativo de los aspectos que componen el índice de competitividad laboral, encontramos que las empresas que operan en Chile tienen menores dificultades para terminar con una relación laboral. Nuestro vecino país del sur también es más competitivo en la flexibilidad de contratos a plazo fijo, cuenta con un menor nivel relativo de salarios mínimos, muestra una mayor flexibilidad en horarios nocturnos y descansos semanales, menores vacaciones anuales, y una alta flexibilidad en los despidos individuales y colectivos.

Por tanto, existen varias áreas a reformar en la legislación para aumentar sustantivamente la competitividad laboral y global del país. Así, es fundamental mejorar los contratos a plazo fijo, contar con una política más competitiva en los salarios mínimos (por ejemplo, diferenciando sus niveles entre Lima y el resto del país, y entre microempresas y empresas consolidadas), lograr una mayor flexibilidad en horarios nocturnos y descansos semanales, así como un sistema progresivo de acceso a vacaciones anuales en todo tipo de empresas (empezando con quince días para el primer año de trabajo),

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