Contratación Estatal

La contratación estatal es, a todas luces, uno de los instrumentos más

eficaces en la consecución de los fines y propósitos del Estado en su

accionar diario y cotidiano, y que concatena sin lugar a dudas, los postulados

de la planeación y el presupuesto con las aplicaciones pragmáticas que

persiguen el bienestar de los coasociados en el marco social de derecho al

cual está sujeto por clara disposición constitucional el aparato estatal.

Pero más allá de su justificación teleológica, la contratación presenta dos

connotaciones que llevan a comprender su verdadero contexto, la primera de

ellas, de carácter eminentemente normativa, y que encuentra su génesis en la

Carta Política, allí se consagra el carácter y objetivos prioritarios de la función

pública, instituida en los postulados contenidos en el artículo 209 superior, que

a su tenor manifiesta: La función administrativa está al servicio de los

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones (...). Estos serán pues, los fundamentos de

derecho sobre los cuales deberá desarrollarse la actividad contractual y con

los cuales los principios instituidos en el Estatuto General de la Contratación

Administrativa, se entronizan de manera armónica y congruente.

A renglón seguido, y como su segunda connotación, se podrá observar

cómo este mecanismo de negociación y ejecutorias con claro soporte jurídico,

es además un campo de acción preciso para el desarrollo de esquemas

económicos, contables y tecnológicos de diversa índole que se adecuan a los

procedimientos propios de esta disciplina para asegurar los planteamientos

anteriormente enunciados, y cuyo objeto sin lugar a dudas, es el de asegurar

el cumplimiento eficiente y eficaz de la gestión pública.

Como elementos que se consideran concurrentes en las aplicaciones

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