Delitos Económicos y Empresariales

Delitos Económicos y Empresariales

Ciclo 2022-01

Yulian Yandira Poma Sedano

EXAMEN

Lea y responda lo que se le pregunta con concreción:

Indicaciones de la Evaluación Parcial:

CASO:

La empresa KIPO SAC fue creada en el 2002 para dedicarse al rubro de la compra, venta y construcción de todo tipo de edificaciones. Dicha empresa tiene tres Gerentes: el Gerente General, Juan Gutiérrez; el Gerente de Contabilidad, Roberto Marticorena; y el Gerente de Recursos Humanos, Benito Gómez. Estos dos últimos le rinden cuentas al primero. En el año 2020, por una denuncia anónima, el Ministerio Público decidió iniciar investigación preliminar contra la empresa KIPO SAC, su Gerente General y su Gerente de Contabilidad, toda vez que según la tesis fiscal dicha empresa habría venido lavando activos (actos de conversión y transferencia) desde el 2015 al 2016, usando para ello su estructura financiera.

En octubre de 2020, el Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra los referidos investigados, aludiendo en su disposición de formalización que se obtuvo sospecha reveladora de la intervención del Sr. Roberto Marticorena, como Gerente de Contabilidad, en la autorización de compra de edificaciones a través de los cuales se convertía dinero presuntamente ilícito, insertándolo al tráfico económico lícito. Según la Fiscalía, dicho Gerente autorizó tales transacciones con aquiescencia del Gerente General, pues era este último quien firmaba los contratos de compra-venta en representación de KIPO SAC. Asimismo, en febrero de 2021, el Cuarto Juzgado Penal de Lima, tras previo requerimiento fiscal, decidió incorporar a KIPO SAC por satisfacerse los presupuestos procesales del artículo 90 al 93 del CPP, como persona jurídica investigada al proceso penal.

En enero de 2022, luego de varios meses de investigación, producto de los cuales la Fiscalía pudo recabar una serie de elementos de convicción, entre los cuales se encontraban contratos de compra-venta, facturas emitidas por distintas empresas dedicadas al rubro de la construcción a nombre de KIPO SAC, así como peritajes contables que daban cuenta que, desde el 2002 al 2014, los ingresos de la empresa ascendían a 700 mil dólares anuales, mientras que para el año 2015 fue de 2 millones de dólares, pese a que ante SUNAT se declaró ingresos por menos de la mitad de dicha cifra, la Fiscalía formuló requerimiento de acusación por los mencionados hechos contra los investigados Juan Gutiérrez, Roberto Marticorena, Benito Gómez y KIPO SAC, solicitando que:

1. Se imponga una pena de 10 años de privación de libertad al Gerente General y al Gerente de Contabilidad de la aludida empresa por haber realizado Lavado de Activos (modalidad de actos de conversión), a través de la estructura financiera de KIPO SAC; y, 8 años a Benito Gómez, por ser el Gerente de Recursos Humanos;

2. Se imponga un monto por concepto de reparación civil a favor del Estado ascendiente a 250 mil soles; y

3. Se imponga la sanción administrativa de multa ascendiente a 50 UITS y suspensión de actividades por el plazo de 1 año a la empresa KIPO SAC, de conformidad con los literales a. y b.1 del artículo 5° de la Ley N° 30424, vigente en la actualidad.

En resumen, la imputación concreta de Fiscalía residió en que KIPO SAC habría sido instrumentalizada para lavar activos (actos de conversión – art. 1 DL N° 1106) por tener una estructura organizativa defectuosa, toda vez que su Gerente General, había actuado en nombre de ella suscribiendo una serie de contratos de compra venta, los cuales previamente habían sido autorizados por el Gerente de Contabilidad, para la adquisición de edificaciones con dinero maculado proveniente del delito de defraudación tributaria. Según la Fiscalía, la imputación contra el representante legal de la empresa se efectuaba en mérito al artículo 27° del Código Penal que regula el actuar en lugar del otro y la imputación en contra del Gerente de Contabilidad se sustentaba en que este daba la autorización para la realización de las transacciones comerciales (negocios jurídicos) que servían de cobertura legal para convertir activos maculados; y la sustentación de la imputación contra Benito Gómez, es solo por ser el Gerente de Recursos Humanos por haber contratado ingenieros, arquitectos y más personal para las obras que realizaban, todos por expreso pedido del Gerente general.

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