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Documento policial implica al gobierno en masacre de Bagua

Por Milagros Salazar

Indígenas detenidos por la policía en Bagua

Crédito: Cortesía Fedepaz

LIMA, 30 dic (IPS) - Un memorándum policial citado en el informe oficial sobre los hechos de violencia en la zona peruana de Bagua expone la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la represión de la movilización indígena que causó 33 muertes en junio.

El informe fue presentado el martes por el gobierno de Alan García, y si bien algunos aspectos se fueron filtrando en las horas previas, el memorándum pasó inadvertido. Su contenido indica que los efectivos policiales no podían accionar si la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, no tomaba las decisiones.

Diversas fuentes indicaron que una de las razones del trágico desenlace de 33 muertos, un policía desaparecido y más de 200 heridos se debió a la forma violenta y desproporcionada en que la policía desalojó a los manifestantes indígenas.

Los nativos llevaban varios días de protesta contra un conjunto de decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo que, según las organizaciones indígenas, afectaban sus derechos constitucionales.

Cabanillas negó en todos los tonos que hubiera dado la orden del violento desalojo del 5 de junio, insistiendo en que, según el protocolo, todo estaba en manos del mando policial.

Sin embargo, en el informe final de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, al que tuvo acceso IPS, se consigna el memorándum múltiple N° 711-2009-DIRIGEN PNP, del 3 de junio de 2009, en el que se señala que la policía estaba obligada a informar a la ministra sobre sus operaciones para que tomara la decisión correspondiente.

Según el informe, el memorándum fue dirigido al general de la Policía Nacional, Luis Muguruza Delgado, a cargo de la Dirección de Operaciones, en el que se le comunica que se hará cargo de las acciones en Bagua y que "deberá informar permanentemente respecto al avance del planeamiento y operaciones realizadas, para conocimiento de este Comando y la Sra. Ministra del Interior, para la toma de decisiones".

El memorándum es citado en la página 50 del informe, ratificando la versión de Salomón Aguanash, presidente del Comité de Lucha Regional del Paro Amazónico, quien sostuvo que el general Javier Uribe, encargado de las negociaciones previas con los manifestantes, no aceptó al final del día 4 de junio volver a hablar con ellos porque ya había recibido la orden de desalojarlos, emitida por Cabanillas.

Pocos días después de los sucesos de Bagua, Aguanash, líder de la protesta, contó a IPS los detalles de las conversaciones previas con Uribe y el momento del enfrentamiento.

Según consta en la página 48 del informe, el director general de la policía, José Sánchez Farfán, informó el 4 de junio a las 20 horas a Cabanillas que el desalojo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, donde se ubica la Curva del Diablo, ocupada por los indígenas, se realizaría el viernes 5 de junio a la hora 5:00 de la mañana. Sin embargo, en sus conclusiones el informe no establece la responsabilidad directa de la ministra, aunque indica que "el desborde en Bagua también fue alimentado por una descoordinación entre ministros

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