EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y EL MOVIMIENTO DE PERSONAS

Durante más de un siglo, el movimiento de personas, mercancías, tradiciones y cultura a través de la frontera mexicana con Estados Unidos no estuvo regulado. A principios de los noventa, los crecientes niveles de integración llevaron a Canadá, México y Estados Unidos a negociar y ratificar el

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en un intento por establecer un marco institucional que pudiera contribuir a canalizar y regular las relaciones económicas entre los tres países. La entrada en vigor del

tlcan en 1994 estableció un precario sistema de gobernanza para la integración económica regional, sistema que tenía la intención deliberada de mantenerse como una iniciativa limitada y que hacía explícitamente imposible la libre circulación de las personas. En su momento, los defensores del

tlcan tanto en Estados Unidos como en México procedieron de acuerdo con la hipótesis declarada de que el acuerdo contribuiría a contener el flujo de migrantes a Estados Unidos mediante la promoción del desarrollo económico de México. La leve arquitectura institucional del tlcan no pretendía de ningún modo modificar, y mucho menos regular, el movimiento del cruce de personas en las fronteras.

La puesta en marcha del tlcan impulsó a muchos a pronosticar una nueva era en las relaciones trilaterales y, en un plano más específico, de las relaciones Estados Unidos-México. En esta perspectiva el tlcan ayudaría a que México estableciera bases sólidas para el crecimiento y el desarrollo económicos. Se esperaba, pues, que la intensificación del libre comercio produjera importantes avances económicos y, según algunos, progreso político en el socio menor del tlcan. Pero en la práctica, el mayor énfasis en el libre comercio, en menoscabo de las condiciones en que ocurren los intercambios económicos, llevó a las tres partes a descartar cuestiones relacionadas con la ayuda, la compensación o la justicia estructural distributiva.

El tlcan se proponía promover el libre comercio, pero no contempló ninguna alteración en el paisaje en el que se iban a llevar a cabo las relaciones económicas.

El flujo persistente de migrantes indocumentados y mercancías ilícitas despertaron dudas sobre la capacidad del acuerdo de libre comercio para cerrar la brecha de desarrollo y dependencia entre los socios del tlcan y, más específicamente, entre México y sus vecinos norteamericanos. Por una parte, el inexorable ritmo de la migración indocumentada fue una muestra palpable de la voluntad decidida de los migrantes de conseguir mejores perspectivas económicas, que en México simplemente no existían. No debe, pues, sorprender que las expectativas políticas que se habían atribuido al impacto del tlcan para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y México no lograran materializarse debido a que cuestiones ya antiguas y espinosas siguieron creando tensiones en la relación bilateral.

Para cuando el tlcan ya tenía 10 años su éxito inicial en términos de inversión y promoción de las exportaciones perdió relumbre, transformándose en una duda angustiosa sobre su viabilidad en el mediano y largo plazos. Aun así, la realidad material y de seguridad que enmarca las relaciones entre Estados Unidos y México y la dinámica que subyace al más amplio proceso de regionalización en América del Norte, hicieron evidente la necesidad de alguna forma institucional de gobernanza. A la vuelta del siglo, las tendencias regionales sobre el terreno indicaban que el tlcan y los procesos regionales habían llevado a los tres socios, pero más específicamente a Estados Unidos y a México, a una distancia considerable de sus objetivos originales y modestos de comercio e inversiones.

En esta coyuntura, el pulcro sistema de libre comercio que tanto Ottawa como Washington y México habían vislumbrado en un inicio se alejaba de la realidad. En su lugar se materializaba

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