ENSAYO ISAGEN

gregó Cárdenas que esos recursos no se van a utilizar inmediatamente sino a partir del 7 de agosto del 2014, y que los mismos quedarán en una reserva y sólo se invertirán en infraestructura.

“El plan de concesiones de cuarta generación requiere cerca de 50 billones de pesos, de manera que con la venta de esas acciones de Isagén estaríamos aportando los cinco billones de pesos que se requieren para hacer las grandes obras de infraestructura de transporte que requiere Colombia”.

Acción Popular

Los pronunciamientos del expresidente Uribe contra dicha iniciativa (de la que él consideró en su gobierno como una posibilidad), no se hicieron esperar. Ante el Tribunal Superior de Cundinamarca se instauró una Acción popular para impedir la venta del 57 por ciento de esas acciones de la nación.

“Se están vulnerando el acceso a los servicios públicos, al patrimonio público, la normatividad administrativa y la seguridad nacional, por lo que están afectando los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos”, son los principales aspectos de la petición de la Acción Popular para impedir la venta de los activos en mención.

Argumentan que no se puede permitir que justamente a menos de un año de las elecciones presidenciales, se pretenda realizar un negocio que asciende a 4.5 billones de pesos.

A la radicación de la demanda asistieron, con bombos y platillos, los precandidatos presidenciales del Centro Democrático Carlos Holmes Trujillo y Oscar Iván Zuluaga, ministro del gobierno Uribe y quien precisamente planteó la necesidad de vender las acciones de Isagén.

“Con la Acción Popular se busca exigir la protección de los derechos e intereses colectivos, en este caso proteger el patrimonio nacional”, argumentó Zuluaga, quien en su paso por el ministerio de Hacienda no se refirió a esa posibilidad.

Más críticos

El Partido Liberal le salió al paso al anuncio gubernamental. El jefe único de la colectividad, Simón Gaviria, criticó la decisión y dijo que si el gobierno tiene un faltante por cuenta de una baja en el recaudo, la solución no es vender la empresa.

“Sí Colombia fuera un país desbordado en ejecución fiscal se justificaría, pero tenemos una energía muy costosa y esta empresa ayudaría a mejorar la infraestructura y la oferta para abaratarla”, enfatizó Gaviria quien además añadió que a tan poco tiempo de las elecciones ese tipo de procesos de enajenación se entorpece.

Los sindicatos no se quedaron atrás con las críticas. “El peor negocio que puede hacer el gobierno de Santos es vender una empresa cuya participación del Estado entre la nación y empresas públicas de Medellín asciende al 70 por ciento y que vende parte del 80 y 90 por ciento de la energía que consumen Venezuela y Panamá respectivamente”.

Destacan que la venta de Isagén, única empresa en la que

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