El Aborto En Colombia

El aborto es la terminación de un embarazo, es la interrupción y finalización prematura del embarazo, la cual puede ser espontanea (por razones naturales) o inducida (interrupción voluntaria del embarazo) siendo esta ultima el objeto de estudio del presente ensayo.

Frente a este tema, hay diferentes visiones y perspectivas que lo hacen un tema polémico. No obstante sin entrar en el debate religioso, o sobre si el feto es ya un ser humano o no lo es; si el varón tiene derecho alguno a intervenir en la decisión que tomar la mujer, etc. El objetivo de este ensayo es considerar las consecuencias en la igualdad social que traje consigue las prohibiciones a esta práctica.

Para entender el contexto de las nuevas normatividades frente al tema del aborto, hay que tener en cuenta que desde hace muchos años en el mundo se viene haciendo énfasis en el derecho de los individuos y las parejas a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos, lo cual presenta al aborto desde una óptica individual, buscando propiciar en el ciudadano la sensación de que se trata de un “problema de conciencia” en el que solo tiene arte y parte la mujer afectada, escondiendo detrás una preocupación de los países desarrollados por el “desbordamiento” demográfico en los países en desarrollo, que afecta el crecimiento económico de esto últimos, “según los primeros”.

Esta preocupación mundial por el crecimiento demográfico, algunos la califican de “capitalista”, porque lo que pretende es frenar la competencia de los países desarrollados a través de mano de obra barata, puesto que el problema demográfico realmente no existe en cuanto tal, sino como consecuencia de una injusta distribución de la riqueza, según los defensores de esta tesis. No obstante, lo cierto es que esta preocupación ha logrado que en muchos países se destinen altos recursos en programas destinados expresamente a frenar la natalidad a través de actividades como esterilización, anticoncepción y aborto. Hoy día, en muchos países se han venido tomando medidas normativas para permitir que se ejerza el derecho a la libertad de decisión en lo que respecta al aborto. Sin embargo, en muchos países sin existir un marco normativo en este sentido, la interrupción voluntaria del embarazo ha sido una práctica habitual desde los inicios de la sociedad.

En Colombia en el marco de la constitución de 1991, esta práctica no estaba permitida en ningún situación o supuesto hasta la Sentencia de la Corte Constitucional de 20061, cuando se determinó que el aborto es legítimo cuando un embarazo es producto de una violación, cuando está en riesgo la vida de la madre y cuando se presentan malformaciones en el feto. Más recientemente el 17 de diciembre 2012 se cambió la ley de aborto en Colombia y ahora se permite abortar también por causas de salud mental de la mujer, es decir por todas causas que son un peligro por la salud mental de la mujer

Dadas las elevadas restricciones para la práctica del aborto que existían en el país, la gran mayoría de las mujeres que decidían interrumpir el embarazo lo hacían al margen de las leyes. Esto implicaba que muchos abortos se practicaban en condiciones de inseguridad, lo que propicio una alta incidencia de complicaciones y un número desconocido de muertes prematuras que hubieran podido evitarse. De igual manera en el mundo, de acuerdo con datos de la OMS, para el año 2000, la OMS calculó que a escala internacional se realizaron alrededor de 19 millones de abortos en condiciones inseguras, de los cuales 18.5 millones (97.5%) ocurrieron en países del mundo en desarrollo.

Dado en el cambio normativo, se pensaría que debería haber un cambio en la tendencia de aborto inducidos ilícitos, sin embargo como no en todos los casos es permitido, es decir no hay libertad absoluta para la práctica del aborto, todavía se sigue realizando de manera ilegal. Esto crea unas diferencias del servicio por las condiciones sociales preexistentes en los hogares, convirtiéndose la norma en un factor que genera y profundiza la desigualdad social, dejando lugar a un riesgo moral en estas normatividades incompletas, entre en los actores privado y públicos de la política. Creando mayor dificultad para unos acceder al servicio y generando una discrecionalidad para los que lo autorizan y los que lo ejecutan.

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