La Contratación Administrativa, Una Oportunidad De Hacer Negocios

La importancia de la actividad de contratación administrativa en el contexto del Estado y sus fines

• La gestión administrativa. La gestión privada, oportunidad de hacer negocios.

• La toma de decisiones acertadas y oportunas para un proceso exitoso que incluya la ejecución contractual.

No cabe duda de que la contratación administrativa es una actividad relevante del Estado costarricense, cuyo sustento está en el artículo 50 de la Constitución Política, que señala que “el Estado procurará el mayor bienestar de los habitantes de la República”, para lo cual, persigue la realización de proyectos de interés general en campos tan diversos como infraestructura (carreteras, hospitales, aeropuertos, puertos, proyectos de generación eléctrica), infraestructura educativa, compra de suministros y equipo de oficina en su diversa variedad, medicamentos, equipo médico, sistemas informáticos, servicios profesionales y técnicos especializados, etc.

En dicha actividad, se invierten importantes recursos y se afirma con frecuencia que no siempre son utilizados con criterios de eficiencia y eficacia, lo que muchas veces produce superávit importantes en proyectos de alto interés social.

Este proceso cuenta normalmente con diferentes actores: el Estado, los particulares y la Contraloría General de la República (CGR). Eventualmente, concurren también los Tribunales de Justicia y la Sala Constitucional.

Se trata, pues, de una actividad compleja en la que confluyen grandes intereses económicos y políticos y por ello está sujeta a una importante actividad litigiosa tanto en el nivel administrativo como judicial.

Por otra parte, es importante recordar que el mundo actual está marcado por tendencias insoslayables, como la inserción en mercados competitivos nacionales e internacionales y la promoción de la iniciativa privada en la prestación de los servicios públicos, aspectos que inciden en la dinámica de la contratación administrativa.

La actividad de este proceso administrativo en nuestro ordenamiento jurídico tiene sustento constitucional. El artículo 182 de la Carta Magna, se dispone que los contratos del Estado se hagan “mediante licitación, según la Ley, en cuanto al monto respectivo”.

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995 y su reglamento, se rompe el paradigma del formalismo en la contratación pública en nuestro país y se da paso al informalismo.

La transición no fue fácil, la normativa legal y reglamentaria no daba soluciones claras y definitivas a la diversidad de situaciones que se iban presentando en el día a día. Así, la CGR, fue delineando la filosofía de la subsanación y la normativa se fue ajustando, paulatinamente, hasta que en el año 2006 se concreta en una norma más comprensiva (el artículo 81 del

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