La democratización en Guatemala: algunas interpretaciones en contienda

I. Introducción

Tanto en la tradición del institucionalismo histórico en la ciencia política como en la sociología histórica existe una reflexión sobre la importancia de la historia (“la historia importa”) y los legados de determinados eventos y decisiones de los actores en coyunturas específicas que, hasta cierto punto configuran las instituciones políticas. Es decir, el momento de génesis institucional establece sus improntas. Aplicando esta reflexión al caso de la democracia guatemalteca puede plantearse a manera de hipótesis que las condiciones en las que se sentaron las bases de la institucionalidad democrática – Constitución Política, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral entre otras – definieron el carácter esta.

Sobre este período de establecimiento de la institucionalidad democrática, la coyuntura crítica 1982-1986, cabe hacer un breve recuento. El 23 de marzo de 1982 un grupo de “oficiales jóvenes” del ejército de Guatemala realizó un golpe de Estado que puso fin a la presidencia del General Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).

Algunos meses después, el presidente de la junta militar de gobierno, el General José Efraín Ríos Montt, relevó de sus cargos al resto de miembros de la junta, General Horacio Maldonado Schaad y Coronel Luis Gordillo Martínez. El General Ríos Montt erigido en presidente, pretendía postergar 7 años la convocatoria a elecciones y en agosto de 1983 fue a su vez derrocado por un movimiento liderado por el alto mando militar que ubicó en la jefatura de Estado al General Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986) y ya bajo su cargo se dio a conocer una programación del paso del gobierno de militares a civiles que incluía la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la reorganización de partidos políticos y el establecimiento de la libre competencia electoral.

El calendario presentado por Mejía Víctores se cumplió más o menos en el tiempo estipulado. La ANC fue integrada mediante elecciones y elaboró la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, vigente desde el 14 de enero de 1986, fecha en la que asumió la presidencia el primer civil electo desde 1966, el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990), con lo que quedó instalada la democracia en Guatemala y los militares entregaron el poder a los civiles.

Este relato simplificado ha tendido a ser, en términos generales, aceptado por la sociedad guatemalteca y buena parte de la comunidad académica que, pese a las limitaciones que pudo tener en su momento este proceso, dio lugar a elecciones no fraudulentas. Entre los estudiosos de los procesos de democratización, es un hecho aceptado que este período fue el inicio de la misma y que a partir de ese momento Guatemala pasó a formar parte de las filas de los países democráticos, esto independientemente del “malestar por la democracia realmente existente” que se ha venido generando en los últimos años.

Sin embargo, en la narrativa sobre la transición se pasa por alto que las instituciones políticas en su conjunto son el resultado del conflicto y que, en el diseño de las mismas imperan finalmente los intereses de las personas o grupos que lograron imponerse frente a sus adversarios. En el caso de la coyuntura crítica 1982-1986, el relato de la democratización deja de lado el hecho que, de manera simultánea al establecimiento de las principales instituciones democráticas del país, los miembros del alto mando militar desarrollaban un conjunto de acciones represivas; campañas militares, desapariciones forzosas y asesinatos que eliminaron a una parte importante de la oposición armada; pero no sólo a esta, sino a aquellas personas y grupos que representaban una amenaza para el régimen.

Estos procesos, la implantación de la democracia y la eliminación de la oposición, no ocurrieron de manera paralela, sino que estaban plenamente articulados; la democracia se instituía sobre la base de limpiar la mesa para abrir paso a una suerte de pacto de exclusión, por el que los militares cedían parte del control del gobierno a los civiles con la condición de que se mantuviera la preeminencia del ejército no sólo en el campo de la guerra contrainsurgente, sino como el gran decidor en materia política; otro elemento de dicho pacto fue la continuidad del statu quo económico y social, sobre todo en el sentido de bloquear cualquier posibilidad de implementar políticas distributivas; y, la continuidad de la proscripción de la izquierda revolucionaria.

Los actores de este acuerdo tácito fueron en primer lugar los miembros del alto mando militar, que reconociéndose vencedores de la guerra contra las guerrillas ahora decidían, por distintas razones, entregar el gobierno a los civiles; en segunda instancia, los líderes de los partidos políticos permitidos, es decir de los grupos políticos que habían aceptado mantenerse en el campo político delimitado por los militares y que, aunque en algunos casos como la DC habían sufrido del asesinato de dirigentes sobre todo en los municipios rurales, se sometían a las reglas del juego político democrático. Finalmente, los grupos empresariales que, pese a tensiones, críticas y diferencias con la cúpula gobernante estaban también convencidos de la necesidad de este cambio de régimen político y lo que pretendían era evitar que las mayorías les arrebataran por métodos democráticos sus privilegios.

A esto debe sumarse el papel de los Estados Unidos de América, cuya influencia fue determinante en todo este proceso y cuyo conocimiento de esta doble agenda: la institucionalización democrática y el aniquilamiento de los últimos vestigios de la oposición era reportada por sus funcionarios a la central de inteligencia y al departamento de Estado.

La secuencia de eventos históricos que dieron inicio al proceso de democratización / implantación de la democracia ha sido y sigue siendo objeto de una contienda historiográfica en torno a su sentido e interpretación. El objetivos de este artículo es confrontar las interpretaciones de dos de los actores en conflicto: el ejército y las insurgencias respecto a este período y particularmente respecto al sentido de la democratización.

El artículo presenta en primer lugar un análisis sobre la coyuntura crítica que dio lugar al inicio de la democratización; posteriormente se presentan las versiones interpretaciones de miembros del ejército y de la insurgencia; y, al final, algunas conclusiones.

II. Coyuntura Crítica 1982-1985: ¿Transición o Implantación de la Democracia?

Durante la década de 1980 y buena parte de 1990, en la Ciencia Política se instaló un debate en torno a la democratización de las sociedades. Este debate estuvo influido por la implosión del bloque socialista y el fin de las dictaduras establecidas en el cono sur de América. Para autores como Samuel Huntington se trató de la tercera ola democratizadora, que tuvo su inicio en Portugal en el año 1974 , continúo con Grecia y se extendió por el resto del mundo. La democratización abarcó tanto a países gobernados por dictaduras militares conservadoras como las de América Latina como a las llamadas democracias populares establecidas en el campo socialista.

Aunque los procesos que condujeron al cambio de este tipo de regímenes tuvieron peculiaridades, algunos estudiosos de las transiciones intentaron captar o reconstruir algunos aspectos comunes de estos procesos. Estas interpretaciones tendieron a establecer lo que Carothers denomina el paradigma de la transición, un proceso relativamente mecánico de cambio político que conduce a la democracia.

Más allá de esta crítica, que es relevante, en el caso guatemalteco y centroamericano en general se encuentran algunas discrepancias con el modelo típico. En primer lugar, y como se ha hecho notar por algunos estudiosos, no se trató como en el caso chileno de un retorno a la democracia, pues se trata de países que no poseen tradiciones democráticas. No se trató de una vuelta a la democracia, sino del inicio de esta. En segundo lugar, un factor clave en la discusión lo constituye el hecho de que este proceso se dio bajo la continuidad de guerras civiles o enfrentamientos armados internos. A diferencia de otros procesos en los que los grupos en conflicto pactaron la paz y posteriormente la celebración de elecciones libres; en Guatemala se celebraron elecciones no fraudulentas en medio de la guerra. Finalmente, y en contraposición a los países del este europeo e incluso de las dictaduras del cono sur de América, donde la democratización era una demanda social impulsada por amplios sectores de la ciudadanía, en este caso la continuidad de la represión había eliminado la posibilidades de demanda de la sociedad civil y, fueron las elites políticas y militares las que pactaron las condiciones del cambio político.

Desde una perspectiva analítica, el problema del inicio de la democracia en Guatemala y la comprensión de la coyuntura crítica 1982 – 1986 debe realizarse en clave regional. La crisis política y económica que atravesó el país no fue exclusiva de este, sino fue parte de los procesos de cambio que ocurrían en Centroamérica y en los que jugó un papel preponderante el derrocamiento de la dictadura de los Somoza en Nicaragua en julio de 1979; el inicio de la guerra civil salvadoreña a principios de la década siguiente, la agresión contra la revolución nicaragüense por parte del gobierno estadounidense y, el alzamiento insurgente guatemalteco a partir del segundo semestre de 1980.

Aceptando

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