MATRIZ DOFAA

Los antecedentes del genocidio

Como se dijo, el Partido Comunista Colombiano (PCC) es la formación mayoritaria dentro de la composición de la UP. Desde hace décadas se practica una feroz represión contra sus militantes y líderes, que en la historia más reciente se remonta a finales de la década de 1940. El hostigamiento oficial ejecutado en aquella etapa tenía como trasfondo ideológico el anticomunismo acuñado bajo la “guerra fría”, que acusaba a las organizaciones de izquierda de ser “embajadoras de la amenaza soviética”. Pero, además, estas campañas tenían su apoyo en el anticomunismo local de raíz clerical, que se practicaba desde la década de 1930 a través de organismos como el Secretariado de la Acción Popular Colombiana, cuya función era “secundar por todos los medios posibles la lucha anticomunista” (Medina, 1980, 326).

La práctica constante de esa propaganda ideológica, que presenta a los comunistas como una amenaza para la sociedad ha derivado en un estado de estigmatización pública, que valida cualquier agresión en su contra. La dinámica de acusaciones, el uso de un lenguaje denigrante y las persecuciones resultantes de estas prácticas, han permitido que la ola ininterrumpida de crímenes contra los militantes de izquierda se haya incorporado como un hecho habitual de la vida política del país, al punto de no suscitar ya asombro ni reacciones en las instituciones y líderes de opinión

El PCC fue ilegalizado en distintas etapas. Así ocurrió por una década, después del 9 de abril de 1948 --fecha en la que fue asesinado el líder popular Jorge Eliécer Gaitán y que dio lugar al período denominado de La Violencia--. Una medida similar fue tomada en 1967, siendo presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo. En esos períodos de clandestinidad fueron llevados a las cárceles numerosos dirigentes comunistas, y otros fueron víctimas de asesinatos selectivos o “desapariciones”. Contra los militantes de base del grupo político se practicaron masacres o agresiones colectivas Los actos represivos también se dirigieron contra los órganos de prensa del partido. A Voz de la Democracia, su primera publicación periódica surgida en 1957, le suspendieron la licencia de funcionamiento en 1963. Voz Proletaria, el segundo periódico editado por el PCC, fue censurado a comienzos de la década de 1970, en el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero, quien adoptó medidas que revivían el delito de opinión en el país. En los meses de marzo, octubre y noviembre de 1971, el contenido del semanario fue sometido a revisión oficial por el Ministerio de Gobierno. En 1978, un atentado dinamitero destruyó parcialmente las oficinas de la redacción. Igualmente, con frecuencia se ha practicado el decomiso y la quema pública de los ejemplares del periódico por parte de miembros del Ejército Nacional y de la Policía. Varios de los colaboradores del semanario han sido asesinados, entre quienes se cuenta Manuel Cepeda Vargas, su director durante varios lustros. Su director actual, Carlos Lozano Guillén ha sido víctima de amenazas constantes y de atentados contra su integridad.

La persecución contra los comunistas se ha extendido a los integrantes de las fuerzas políticas que han decidido realizar alianzas con ellos. De este modo, a mediados de la década de 1970, líderes de la alianza Unión Nacional de Oposición (UNO) fueron asesinados. Otro tanto ocurrió con los integrantes del Frente Democrático, una coalición de fuerzas de izquierda surgida a comienzos de la década de 1980 (NCOS 1995, 58 – 59).

Estas formas de criminalidad fueron las que antecedieron al genocidio contra la Unión Patriótica.

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