Tipos De Administradores

Justificación.

Este trabajo se realizó con el fin de conocer a fondo el Plan Nacional de Desarrollo en especial el apartado de Acceso al Financiamiento y Fomento económico, política sectorial y regional, pues en esta unidad nos interesa conocer los elementos necesarios para poder crear MIPYMES que favorezcan la economía de nuestro País, pues al realizar estos planes se hacen con miras a mejorar cada vez más.

Pues según estudios han arrojado que el sistema financiero en México se ha fortalecido lo que quiere decir que hay una cierta estabilidad económica.

Es necesario incrementar su contribución a la economía, aumentar el monto de financiamiento en la economía, reducir el costo del crédito, promover la competencia efectiva en el sector e incentivar la entrada de nuevos participantes. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) constituyen más del 90% del tejido empresarial en la mayoría de los países del mundo, por eso es necesario darles apoyos que incrementen la innovación de nuevas ideas que fomenten el empleo y crecimiento económico del país.

Introducción:

Por lo general, el plan nacional de desarrollo tiene una duración de más de un año, de modo tal que el gobierno tenga el tiempo suficiente para implementar las medidas que considera necesarias para el desarrollo social.

Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es diseñado antes de concretar una acción, de manera tal que ésta pueda ser encausada hacia los objetivos deseados.

Todo esto nos permite establecer que un plan nacional de desarrollo es aquel instrumento que establece los pasos a seguir para lograr el desarrollo social de un país. Es un proyecto diseñado por las autoridades estatales, que delimita sus políticas y estrategias. Por eso, los planes nacionales de desarrollo buscan promover la autosuficiencia de la gente. En términos de la inclusión financiera, México también debe redoblar esfuerzos.

Contenido:

Acceso al financiamiento

Tras la crisis de 1994-1995, el sistema financiero mexicano ha madurado y se ha fortalecido. Hoy en día, el sistema bancario del país se caracteriza por su solvencia y estabilidad. Al cierre de 2012, el nivel del Índice de Capitalización (ICAP) de la banca comercial fue de 16%, significativamente superior al mínimo establecido en Basilea III de 10.5%. En el mismo año, el índice de morosidad de la banca fue tan sólo de 2.6. Asimismo, destaca que las provisiones preventivas para riesgos crediticios cubren casi el doble de la cartera vencida. Sin embargo, prevalece en México la preocupación de que la banca no presta lo suficiente y, por tanto, no cumple con una de sus funciones básicas dentro de la economía: transformar el ahorro en créditos para apoyar proyectos productivos.

Se deben llevar a cabo políticas públicas eficaces tendientes a facilitar el acceso al financiamiento para la creación y la expansión de empresas productivas. El financiamiento al sector privado en México como porcentaje del PIB asciende a tan sólo 26.2%, nivel inferior al observado en países latinoamericanos comparables.

Además, existe una alta concentración del crédito bancario, ya que a pesar de que hay 45 instituciones bancarias con actividades en el país, en diciembre de 2012 el 74% de la cartera de crédito total se concentraba en manos de cinco bancos.

Asimismo, el mercado de valores debe consolidarse como una alternativa más atractiva de financiamiento para fortalecer su contribución al desarrollo nacional. A diciembre de 2012, el valor de capitalización de dicho mercado como proporción del PIB se ubicó en 42.5%. Estos niveles son significativamente inferiores a los de economías de tamaño e ingreso per cápita similares a la nuestra.

Es necesario fortalecer el marco jurídico del sistema financiero para incrementar su contribución a la economía, aumentar el monto de financiamiento en la economía, reducir el costo del crédito, promover la competencia efectiva en el sector e incentivar la entrada de nuevos participantes. Asimismo, se debe propiciar la estabilidad de dicho sistema a través de las sanas prácticas prudenciales, y promover que las autoridades del sector realicen una regulación efectiva y expedita del mismo.

La Banca de Desarrollo debe transformarse para ser una palanca real de crecimiento. En este contexto, es necesario implementar medidas que, atendiendo a la fortaleza de su balance, le permitan también instrumentar políticas que promuevan el desarrollo y la democratización del financiamiento. Hasta ahora, la Banca de Desarrollo se ha enfocado en mantener y preservar el capital, de acuerdo con su mandato de ley.

El objetivo de la Banca de Desarrollo debe ser ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, además de las pequeñas y medianas empresas. Así, la Banca de Desarrollo debe contribuir de manera eficaz y eficiente con la actividad productiva del país, con la creación de valor y crecimiento del campo, para que a su vez permita y respalde el ahorro popular en beneficio del bienestar de las familias mexicanas. Para tal efecto, se requiere: i) redefinir con claridad su mandato en el marco jurídico; y ii) permitirle allegarse los elementos indispensables para el cumplimiento de su mandato, a fin de gestionar sus recursos de manera eficaz en beneficio del país. En todo caso, el esfuerzo debe estar dirigido a las empresas productivas que no consiguen financiamiento de la banca privada, de forma que puedan alcanzar una mayor escala de operación y adoptar tecnologías nuevas y más eficientes.

En términos de la inclusión financiera, México también debe redoblar esfuerzos. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 muestra que el 44% de la población adulta en México no interactúa con el sistema financiero. Es decir, no cuenta con ningún producto dentro del sistema financiero formal (ahorro, crédito, seguros o previsión para el retiro). Asimismo, destaca que el 64.5% de los adultos no ahorran en instrumentos del mencionado sistema.

En este sentido, es fundamental incorporar a las mujeres al sistema financiero. Tan sólo el 30% de ellas tiene una cuenta de ahorro, nómina o inversión en un banco, mientras que el porcentaje para los hombres es significativamente mayor, ubicándose en 42%. Por tanto, la Banca de Desarrollo, junto con la banca comercial, deberá desarrollar productos y establecer políticas que promuevan la equidad de género.

Por otro lado, una mayor educación financiera contribuirá a consolidar los avances del sistema. Una baja educación financiera se traduce en una mala planeación del gasto y bajo ahorro, además de limitar la capacidad de la población para demandar menores precios y mejor servicio a las instituciones del sistema financiero.

Empleo

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. A pesar de que hoy en día la tasa de desocupación es baja, es necesario consolidar esfuerzos para aumentar la productividad laboral y otorgar mayor dignidad a los salarios que percibe la población.

En el cuarto trimestre de 2012, la población de México se estimó en 115.6 millones de habitantes, de los cuales 86.1 millones tuvieron edad legal de trabajar (74.4% del total), 50.7 millones integraron la población económicamente activa (PEA, 58.9% de la población en edad de trabajar), y 48.2 millones estuvieron ocupados (95.1% de la PEA).

Dentro de la población ocupada se observaron algunas distorsiones, ya que cerca del 60% de las personas tuvo trabajo con algún grado de informalidad. Lo anterior tiene repercusiones adversas en el acceso efectivo de los trabajadores y sus familias a la seguridad social, así como en las finanzas públicas del país. Además, la productividad de las empresas informales es 45% más baja que la que se observa en el sector formal. Por tanto, resulta impostergable impulsar políticas públicas que propicien la generación de empleos y de empresas formales para brindar certidumbre a los trabajadores en el acceso a los mecanismos de previsión social. Asimismo, reducir los costos que enfrentan las empresas al emplear a trabajadores formales permitiría aprovechar a plenitud el potencial de la fuerza laboral.

De manera consistente con la tendencia mundial, la desocupación en México se concentra en los jóvenes, ya que el 53% de los desocupados tiene entre 14 y 29 años, siendo su tasa de desocupación de 7.9%. Aunque la situación de empleo para nuestros jóvenes es significativamente mejor a la de otros países, es necesario incluirlos de manera más efectiva en el mercado laboral. En el cuarto trimestre de 2012, el desempleo juvenil (15 a 24 años) en España era de 55.8% y en Estados Unidos de 16.0%. De igual manera para las mujeres, cuya tasa de desocupación fue de 4.9%, se requiere de políticas laborales que dinamicen el mercado con un enfoque de género. Lo anterior va en línea con las respuestas obtenidas en la Consulta Ciudadana, ya que los participantes opinaron que los créditos para mujeres emprendedoras, así como las guarderías y estancias infantiles seguras son el tipo de políticas que más ayudarían a dicho sector, con el 34 y 30% de las respuestas, respectivamente.

Asimismo, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, las personas con discapacidad (que rebasan los 5 millones de individuos) se enfrentan a problemas de inclusión laboral, como la discriminación y la falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo, entre otros.

Un paso relevante para detonar la productividad laboral es la instalación y operación del Comité Nacional de Productividad, resultado de la Reforma Laboral, que convoca a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas a trabajar en conjunto.

La Reforma Laboral aprobada en 2012 establece elementos fundamentales para dignificar el empleo, tanto en lo personal como en los centros laborales. El trabajo digno fue establecido como el eje de los esfuerzos institucionales para lograr el respeto a la dignidad humana de los trabajadores, la no discriminación, el acceso a la seguridad social independientemente de la forma de contratación, salario remunerador, capacitación continua para incrementar la productividad con beneficios compartidos, y condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos de trabajo. Se debe contemplar siempre el respeto absoluto no sólo a los derechos individuales de los trabajadores, sino también a los colectivos, como la libertad de asociación, autonomía sindical, derecho de huelga y contratación colectiva, elementos que han sido reconocidos constitucionalmente como derechos humanos.

Al respecto, la Reforma Laboral apoyará también a las mujeres mediante la prohibición expresa de cualquier tipo de discriminación, además de imponer sanciones para quienes cometan acoso u hostigamiento sexual, condicionen su contratación o ascenso y la presentación de pruebas de no embarazo. Para las madres trabajadoras, la Reforma permitirá que parte de las semanas de descanso obligatorio, que la ley prevé antes del parto, puedan ser transferidas para después del nacimiento, con lo que podrán pasar más tiempo con sus hijos.

Fomento económico, política sectorial y regional

El Estado tiene como obligación, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fungir como el rector del desarrollo nacional, garantizando que éste sea incluyente, equitativo y sostenido. Por tanto, resulta indispensable que el Gobierno de la República impulse, al igual que lo hacen las economías más competitivas a nivel mundial, a los sectores con alto potencial de crecimiento y generación de empleos.

Hoy, México requiere una política moderna de fomento económico en sectores estratégicos. No se puede ignorar el papel fundamental que juegan los gobiernos al facilitar y proveer las condiciones propicias para la vida económica de un país. Respetar y entender la delineación entre actividad privada y gobierno, no significa eludir el papel fundamental que el Estado debe desempeñar en crear las condiciones propicias para que florezcan la creatividad y la innovación en la economía, y se fortalezcan las libertades y los derechos de los mexicanos. Una nueva y moderna política de fomento económico debe enfocarse en aquellos sectores estratégicos que tienen una alta capacidad para generar empleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su integración con cadenas productivas locales. Las actividades productivas de pequeñas y medianas empresas, del campo, la vivienda y el turismo son ejemplos de estos sectores.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) constituyen más del 90% del tejido empresarial en la mayoría de los países del mundo. Por citar algunos ejemplos, en la Unión Europea y en Estados Unidos representan el 95% de las unidades económicas y proveen más del 75% de los puestos de trabajo. En México, las MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la Producción Bruta Total y generan 73% de los empleos, lo que significa más de 19.6 millones de puestos laborales. Resulta indiscutible que la política orientada a apoyar a las MIPYMES productivas y formales y, por supuesto, a los emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de gobierno, a fin de consolidarla como palanca estratégica del desarrollo nacional y de generación de bienestar para los mexicanos.

Por otra parte, integrar a todas las regiones del país con mercados nacionales e internacionales es fundamental para que las empresas y actividades productivas puedan expandirse en todo el territorio. Asimismo, se debe facilitar un proceso de cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de actividades de alto valor agregado al mismo tiempo que se apoya la transformación productiva de los sectores tradicionales de la economía. Para ello, es necesario coordinar la política de fomento económico, la infraestructura logística y la política sobre sectores estratégicos como la minería, la agricultura y el turismo

Conclusión:

Podemos concluir que la mayor parte de los consultados consideran que el mejor gobierno es el que cobrar menos impuestos y e mas ágil en sus procesos, pues a la pregunta sobre qué cualidades caracterizan a un gobierno eficaz, las respuestas más dadas son “Cuesta menos a los ciudadanos” y “Tiene menos burocracia”.

Una ventaja grande con todo esto, es la credibilidad y confianza que nos tienen los organismos internacionales, eso hace que nos apoyen en posibles proyectos, claro con el ánimo de obtener más recursos, pero lo cierto es que uno debe de pagar un precio para mostrar su producto (inversión) así después de lo que le conoce se busca la forma de como liberarnos para iniciar nuevos procesos de negociaciones.

Para finalizar El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es uno de los instrumentos más relevantes en materia de política pública en nuestro país. Con el PND, el Poder Ejecutivo establece la estrategia, los objetivos y prioridades, conforme a los cuales se llevarán a cabo las acciones de la Administración Pública Federal durante todo el sexenio. El PND indica cuales son los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que ejecutarán las diferentes dependencias y entidades.

...