Análisis jurídico de la responsabilidad penal empresarial

“Análisis jurídico de la responsabilidad penal empresarial, cuando uno de sus subordinados, ha descargado de la red corporativa, pornografía infantil, teniendo su Superior pleno conocimiento del ilícito y no lo ha denunciado, según la Legislación Ecuatoriana”.

2. JUSTIFICACIÓN

La responsabilidad penal empresarial, comprende derechos y obligaciones que el superior jerárquico, puede sancionar; porque es, su obligación vigilar, fiscalizar y controlar las relaciones productivas que suceden diariamente entre sus empleados, trabajadores y su persona. La organización empresarial no sólo tiene el derecho de controlar, fiscalizar y sancionar, sino que, tiene el deber de hacerlo en la medida en que la actividad empresarial puede ponerlos en riesgo.

“Si el incumplimiento de tales obligaciones representa la creación del riesgo típico que se materializa en el resultado lesivo, entonces el comportamiento y el resultado podrán ser imputados, en mérito de la teoría de la imputación objetiva, al empresario.”

Por ello se indica que el empresario tiene el deber de controlar y fiscalizar la gestión de sus subordinados, su incumplimiento “crea un riesgo jurídicamente desaprobado que puede generar como resultado la afectación de bienes jurídicos, el cual les puede ser imputado”.

No basta la existencia de mecanismos de control interno, si estos no se aplican en forma diligente y cuidadosa para evitar daños a terceros.

“Y es que como bien lo dice Paliero el desarrollo de la criminalidad ha impuesto una “modernización del derecho penal”. La realización de los más sofisticados comportamientos ilícitos requiere de una organización, con una rigurosa división de tareas, que trascienden los individuos y se vinculan con agrupaciones o sujetos económicos como las empresas. Las personas jurídicas en la realidad tienen voluntad, poseen intereses propios distintos a los de las personas físicas, desarrollan una actividad propia y por ello pueden cometer delitos, son responsables por el actuar de sus órganos y deben soportar las consecuencias penales”

Por lo mismo, es posible estructurar una Teoría de Imputación de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, cuando en sus acciones, se producen los siguientes supuestos:

1. Que quién ejecute la conducta esté vinculado a la empresa o corporación.

2. Que el acto realizado haya sido autorizado, requerido, dirigido, ejecutado o tolerado por quienes dirigen la empresa o corporación.

3. Que haya habido culpa in eligendo o culpa in vigilando por parte de los directivos de la empresa y el delito admita la modalidad de comisión por omisión.

Partiendo del análisis del tema investigado, se relaciona directamente con la persona a la que se puede imputar la realización de una conducta, cuando tiene el empresario (garante) el deber jurídico de impedir un resultado antijurídico y no lo evita pudiendo hacerlo, es decir, apunta, como se dijo, a los delitos de comisión por omisión. Que en este caso sería, a la acción de descargar pornografía infantil, utilizando la red corporativa.

El Empresario como garante.

1. Cuando existe la posición de garante por parte del empresario, sobre todos en aquellos eventos en los cuales, frente a cualquier bien jurídico, la persona tiene la obligación constitucional o legal del actuar y no lo hace, pudiendo y debiendo hacerlo; y,

2. Cuando existe posición de garante en los casos en que, frente a los bienes jurídicos particularmente mencionados, la persona asume voluntariamente la protección real de otra o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio; mantiene una estrecha comunidad de vida con otras; emprende la realización de una actividad riesgosa con otros individuos; o crea con antelación una situación antijurídica de riesgo cercano para el bien jurídico

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