Educacion Y Politica Educativa

6º Congreso Mundial de la IE

DOCUMENTO DE POLÍTICA EDUCATIVA

Una educación de calidad para construir el mañana

Preámbulo

• La Internacional de la Educación (IE) es el portavoz del sector educativo en el mundo, que representa a docentes y trabajadores y trabajadoras de la educación en todos los niveles - desde la educación infantil hasta la enseñanza superior. Al ser la Federación Sindical Internacional (FSI) más grande del mundo y la única que representa al personal de la educación en prácticamente todos los rincones del mundo, la IE agrupa a todos los docentes y otros trabajadores y trabajadoras de la educación y constituye la expresión de su opinión colectiva sobre política educativa, la profesión, términos y condiciones de empleo y otras cuestiones relacionadas.

• La IE se rige por los principios de democracia, derechos humanos y justicia social. Es independiente de los gobiernos y de las organizaciones internacionales intergubernamentales. Se trata de una organización autónoma, libre de cualquier influencia o control por parte de cualquier partido político, grupo ideológico o religioso. La IE promueve y protege los derechos de todos los docentes y los empleados de la educación y defiende una educación de calidad para todos y todas.

• La IE es firme defensora de los derechos sindicales y colabora con el desarrollo de organizaciones independientes y democráticas representativas de los docentes, el personal académico, investigadores en educación superior y demás trabajadores de la educación. La IE fomenta la solidaridad y la cooperación mutua. La IE combate la discriminación negativa en los ámbitos educativos y en la sociedad en su conjunto, fomentando las buenas relaciones entre el personal educativo en todos los países.

• La IE ha decidido, después de dieciocho años de formulación de políticas a través de sus Congresos y Conferencias en los planos internacional y regional, desarrollar una política integral en materia de educación. En ella se resume la esencia misma de lo que ha hecho de la IE lo que es hoy y refleja los objetivos sobre los que ha de asentarse un servicio educativo consecuentecon las tradiciones de la IE.

• Esta política pone en tela de juicio explícitamente la visión estrecha que considera la educación exclusivamente como un instrumento para enseñar a los y las estudiantes a convertirse en trabajadores cualificados. Aboga por una perspectiva de la educación que atienda tanto a los valores de la sociedad a nivel local y mundial, como a las necesidades culturales, democráticas, sociales, económicas y medioambientales. Reconoce que la educación es un derecho humano y un bien en sí mismo, que posibilita a las personas en todas las etapas de sus vidas alcanzar su máximo potencial, conocerse mejor a sí mismas y entender su papel y sus relaciones en general. La educación es también un medio clave para la transmisión, el análisis y la aplicación del conocimiento y la experiencia, y desempeña un papel central en la adquisición de nuevos conocimientos a través de la investigación y la innovación. Su papel es mucho más amplio que la función mecánica e instrumental que le asignan muchos defensores de las fuerzas del mercado y los modelos de "proveedor-cliente".

• Esta declaración política se basa en conceptos que son centrales a la filosofía de la IE y que representan los valores y las demandas fundamentales del movimiento sindical educativo. Estos incluyen la educación de calidad como un derecho humano, la educación proporcionada por las autoridades públicas y gratuita para todos, la educación inclusiva y la igualdad en la educación y en la sociedad, y un alto estatus profesional para los docentes. La política también se refiere a los desafíos que sirven como una llamada a la acción para que sean abordados con iniciativas y estrategias concretas.

I: Promoción de la educación como un derecho humano y un bien público

1. Una educación de calidad desarrolla el talento y la creatividad de los seres humanos, contribuyendo así al desarrollo personal y profesional del individuo, así como al desarrollo social, cultural, económico, político y medioambiental de la sociedad en su conjunto. Promueve la paz, la democracia, la creatividad, la solidaridad, la inclusión, el compromiso con un medio ambiente sostenible, y el entendimiento internacional e intercultural. Proporciona a las personas el conocimiento, las habilidades y destrezas fundamentales para conceptualizar, cuestionar y resolver los problemas que se producen tanto a escala local como mundial.

2. Los Gobiernos elegidos democráticamente, ya sea a nivel local, regional o nacional, deben ser los garantes y los principales prestadores de los sistemas educativos. Esas autoridades públicas tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que una educación libre y de acceso universal disponga de los recursos adecuados y sea constantemente actualizada y desarrollada. Recaudando fondos por medio de una fiscalidad progresiva, pueden y deben invertir en la educación una parte sustancial del presupuesto del Estado, que represente como mínimo 6% de su Producto Interior Bruto. Dicha inversión deberá garantizar el desarrollo equilibrado de todos los sectores educativos, desde la educación infantil a la educación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Las autoridades públicas, en cooperación con los docentes, deben supervisar y regular el sector de la educación con el objetivo de mejorar constantemente su calidad, y establecer y aplicar un marco legislativo que garantice un servicio de alta calidad, normas profesionales, acceso para todos y un sistema representativo de gobernanza. Resumiendo, las autoridades públicas son responsables de la financiación, provisión y regulación de todas las instituciones educativas.

3. Los valores sociales de la educación requieren que las autoridades públicas protejan el sector educativo del programa neoliberal de privatización y comercialización. Este nefasto programa incluye la mercantilización y el comercio en la educación y la propiedad intelectual, la precarización del empleo en el sector de la educación, la aplicación de modelos de gestión del sector privado en las instituciones educativas, la privatización de las prestaciones, y la intrusión de motivos de lucro o intereses empresariales en la gobernanza de las instituciones educativas.

4. La emergencia de un “mercado” mundial en la educación, que se iniciara en la educación superior pero ahora está invadiendo prácticamente todos los sectores educativos, plantea una serie de riesgos potenciales a la misión docente y de investigación de las instituciones educativas. La privatización de la educación ha sido facilitada por acuerdos de comercio e inversiones como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) así como por un creciente número de tratados bilaterales y regionales. Estos acuerdos han tenido como efecto fijar e intensificar las presiones hacia la comercialización y privatización. La IE considera que los servicios proporcionados en interés público, como la educación, no han de quedar sujetos a las reglas comerciales de los tratados de comercio. La educación transnacional ha de estar regulada por principios educativos, y no por imperativos comerciales. Las autoridades públicas deben garantizar una financiación constante de capital y normas acordadas y adecuadas para la enseñanza y la investigación.

5. Se necesita un fuerte lazo de solidaridad internacional para brindar apoyo en situaciones donde el Estado no tiene la capacidad de proporcionar una educación de calidad para todos. Esto resulta esencial para alcanzar los Objetivos de Educación para Todos de Dakar y los ODM relacionados con la educación. Estados o territorios con sistemas políticos débiles, Estados fallidos, Estados afectados por conflictos violentos o desastres naturales, territorios en disputa o regiones con un Gobierno no democrático, requieren ayuda y asistencia internacional para establecer sistemas de educación integral vitales para su desarrollo social y económico. Dicha ayuda deberá desplegarse en estrecha cooperación con las organizaciones y estructuras locales adecuadas, incluyendo los sindicatos y organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

6. La responsabilidad de las autoridades públicas respecto a la educación también incluye la ratificación, implementación y supervisión periódica de los convenios y reglamentos internacionales en materia educativa. Estos incluyen los siguientes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979; la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 1989; la Recomendación de la OIT-UNESCO relativa a la situación del personal docente, 1966; y la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior, 1997.

7. Esa responsabilidad se extiende también al respeto de los derechos del personal de la educación, conforme a lo previsto en el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; el Convenio 111 de la OIT sobre discriminación (empleo y ocupación), 1958; la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998; y la Declaración de la

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