Fundamentos Politicos

FUNDAMENTOS JURIDICOS

El proyecto sociopolítico que orienta la gestación de la nueva República está llevando a la universidad venezolana a enfrentar el reto de asumir cambios en sus estructuras académicas, administrativas y organizativas. Un ejemplo del rol de la universidad actual lo representa la inclusión, la atención a la diversidad, el desarrollo y la intervención social, que nos han llevado a reconceptualizar los currículos tradicionales centrados en la formación academicista a currículos socialmente pertinentes que involucren a nuestros estudiantes en actividades de desarrollo comunitario, proyectos de servicio social, e intervención permanente en las comunidades.

Los planteamientos anteriores constituyen un mandato expreso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) expuesto en los artículos: Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad (...), Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad (...) el Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad (...)

Del mandato jurídico señalado se deriva la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (Gaceta Oficial No. 38.272 del 14 de septiembre de 2005); que expresa en el artículo 7: El servicio comunitario tiene como fines: 1.-Fomentar en el estudiante, la solidaridad y el compromiso con la comunidad como norma ética y ciudadana. 2. -Hacer un acto de reciprocidad con la sociedad. 3.- Enriquecer la actividad de educación superior, a través del aprendizaje servicio, con la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación académica, artística, cultural y deportiva. 4. -Integrar las instituciones de educación superior con la comunidad, para contribuir al desarrollo de la sociedad venezolana. 5. -Formar, a través del aprendizaje servicio, el capital social en el país.

Así mismo nuestra constitución establece los espacios e instancias en los que se plantea la participación comunitaria que se encuentran previstos en el

Artículo 70 y constituye el derecho a la participación protagónica, las asambleas ciudadanas vinculantes, las cooperativas y otras formas de cogestión civil de lo público.

Bajo esta perspectiva, la Investigación Acción Participativa (IAP), persigue el fin irrenunciable de los derechos constitucionales para lograr una sociedad más justa, donde se erradique el sufrimiento y el pesar de las personas por no tener el modo de satisfacer las necesidades esenciales de la vida. Una sociedad en la que todos gocen de las libertades básicas y de la dignidad humana, a través del mejoramiento de la calidad de vida, por intermedio de la participación ciudadana.

En este sentido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece un cúmulo de normas que enarbolan los derechos constitucionales dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida, como los referidos a: los derechos civiles, sociales, culturales, educativos, de la familia y políticos entre otros, a la vez mediante su reconocimiento en la legislación, garantiza el ejercicio de la participación ciudadana en pro de la autogestión comunitaria.

En esta plataforma estructural de gestión, la participación del pueblo en los asuntos públicos es un mandato constitucional que obliga al Estado a promover y generar condiciones para su práctica. En función de ello, existe una serie de instrumentos legales que establecen mecanismos de participación para que los ciudadanos ejerzan sus derechos en la formación, ejecución y control de la gestión pública, dando cumplimiento así al Artículo

62 de la CRBV.

Una de estas leyes es la Ley de los Consejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario

N° 5.806 del 10 de abril de 2006, la cual en su Artículo 2 define a los consejos comunales como instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales, los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

El texto legal señala como principios de los consejos comunales la corresponsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad, la eficacia, la eficiencia, la responsabilidad social, el control social, la equidad, la justicia y la igualdad social y de género.

2.2 FUNDAMENTOS POLITICOS

Supone que toda investigación parta de la realidad con su situación estructural concreta, para ayudar a transformarla creativamente, con la participación de la comunidad implicada. El objeto final es la transformación de la realidad social en beneficio de las personas involucradas; esto implica operar también al interior del sistema vigente.

Tratándose de objetivos políticos nacionales, es evidente que sus logros involucran cambios profundos tanto en las lógicas y comportamientos institucionales, como esfuerzos dirigidos a fomentar nuevas instituciones públicas, nuevas formas de asociación y el fortalecimiento de una nueva cultura política inclinado a la solución democrática de los conflictos. Ello implica, entre otras cuestiones fundamentales, tales como:

• Desarrollar una estrategia que articule las dimensiones cultural, educativa y comunicacional. Para ello es imprescindible promover y apoyar tanto la investigación como la formación asociadas a la comprensión de estos procesos que están en la base de las relaciones sociales y políticas que caracterizan a la agenda nacional de transformaciones político democráticas con mira a la creación de las condiciones sociales favorables a la comunidad.

• Fomentar la formación política social de los ciudadanos, la cual consiste en el grado de consciencia y fortaleza ética de cada ciudadano, constituidas principalmente por un conjunto de destrezas, competencias y capacidades que no se improvisan.

Además de atender apropiadamente esta carencia puede

...