LOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL PODER POLÍTICO EN MÉXICO

LOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL PODER POLÍTICO EN MÉXICO.

INTRODUCCIÓN

El término poder tiene múltiples definiciones y usos, se utiliza para describir la facultad, habilidad, capacidad o autorización para llevar a cabo una determinada acción, de aquí que el uso más habitual del término refiere al control, imperio, dominio y jurisdicción que una persona dispone para concretar algo o imponer un mandato. Así, el poder se relaciona con el gobierno de un país o con el documento en el que consta la facultad que un ser humano le otorga a otro para que, en representación suya, pueda llevar a cabo una cierta acción u omisión. En el ámbito gubernamental, el poder es el objeto y fin de una constitución, pues esta legaliza, sanciona, regula o prevé toda clase de dominación trascendente o importante reglamentando el poder público, determinando quien manda y quien obedece y estableciendo las condiciones y límites personales, territoriales y temporales del ejercicio de poderío.

El presente trabajo tiene como finalidad, establecer el fundamento del poder político en el sentido abstracto de su definición^[1], tomando como base para su desarrollo los artículos 39, 41, primer párrafo y 116, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANTECEDENTES

Aristóteles defendía la idea de que el ser humano y el animal por naturaleza son sociales, pero solo el hombre es político (zoon politikón), siempre y cuando viva en comunidad^[2]. Esta idea suponía un gran conflicto puesto que unía bajo una misma afirmación a la sociedad y a la naturaleza^[3], contrario a los sofistas que hacían la distinción entre ambos conceptos, considerando la sociedad como una ley de convención y la naturaleza un estado natural.

Esta comunidad o grupo necesitó en algún momento satisfacer necesidades propias de un grupo, necesidades sociales, como de seguridad y la de su propiedad.

De este modo se impone una teoría, la contractualista, que señala que el estado natural pasa a ser un estado social o civil mediante un contrato en el que a cambio de la satisfacción de estas necesidades, se sacrificaban ciertas libertades a favor del soberano.

Así pues, el iusnaturalismo es bastante claro al respecto: el paso del estado de naturaleza al estado civil no sobreviene necesariamente por la misma fuerza de las cosas, sino mediante una o más convenciones, o sea mediante uno o más actos voluntarios y deliberados de los individuos interesados en salir fuera del estado de naturaleza.^[4] 

Estas convenciones toman la forma de pactos o contratos, por medio de los cuales los individuos renuncian a ciertos derechos y libertades para transferirlos a una instancia superior, con el fin de obtener un beneficio para sí mismos.

Los factores de voluntariedad y deliberación son decisivos en este aspecto, en la medida que la creación del cuerpo político al cual Hobbes, por ejemplo, considera como un “hombre artificial”,^[5] parte de la decisión racional, calculada y consciente de los individuos.

Por el contrario, en el modelo aristotélico no es la voluntad de los individuos la que fundamenta la creación de un poder político o un Estado, sino la misma fuerza de las cosas, es decir el orden natural del mundo, en el cual la evolución de las cosas se da de manera espontánea y orgánica, de manera que un Estado es tan natural como una familia o una aldea, instancias que nacen por necesidades diversas, como incremento numérico de elementos constitutivos, de territorio o en general de exigencias vitales.

Nace así, lo que se ha dado en llamar el poder político, que en palabras de Hauriou^[6], “es una libre energía que, gracias a su superioridad, asume la empresa del gobierno de un grupo humano por la creación continua del orden y del derecho”.

Claro está, esta limitación de libertades no fue del todo absoluta, pues aquellos que cedieron ese poder, ese grupo de hombres, se reservó el derecho a la rebelión si el soberano no cumple con los límites de lo pactado^[7]. Surge así, el concepto de soberanía.

DESARROLLO DEL TEMA

Etimológicamente soberanía está formado por la suma de super (encima) más el sufijo anus, que puede traducirse como procedencia, y del sufijo omnia. Partiendo de ello, podríamos determinar que el significado, por tanto, de dicho concepto es el de la cualidad que tiene el soberano, es decir, aquel que tiene autoridad sobre el resto.

Dentro del ámbito político, la soberanía está asociada al hecho de ejercer la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque este no realiza un ejercicio directo de la misma sino que delega dicho poder en sus representantes.

Según lo anterior, el soberano goza de un poder de carácter supremo y exclusivo capaz de imponerse a todos los poderes. Esto implica que dada la naturaleza de su concepción, dicho poder tiene que ser uno de ordenación jurídica y por lo tanto toda su actividad debe desplegarse dentro de los canales desarrollados por esa norma^[8].

Esto es comprensible dado que este carácter de soberano no puede ser entendido si habitualmente no es obedecido o dicho de otra manera, un poder soberano es legítimo solo en cuanto es también efectivo.

En palabras de Bobbio y Bovero^[9] “a medida que un pueblo se civiliza, el hecho de poseer los instrumentos del poder no basta; es necesario haberlos adquirido observando ciertas reglas y principios, que confieren el derecho, universalmente reconocido de gobernar. La razón de esta premisa es la siguiente: como se ha dicho, los principios de legitimidad tienen, según Ferrero, la función de transformar una relación de fuerza en una relación de derecho.”

Así pues, los artículos 39^[10], 41, primer párrafo^[11] y 116, primer párrafo^[12] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recogen esencialmente, aquella teoría contractualista que hemos analizado en el capítulo de antecedentes de este trabajo.

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