LEY LEGISLATIVO

1. EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

1.1 PRINCIPALES ÓRGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS FEDERALES.

México es una república representativa, democrática y federal, constituida por 31 Estados libres y soberanos en su régimen interior y por un Distrito Federal (arts. 40 y 42)1.

El supremo poder de la Federación se divide en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder

Judicial. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, compuesto por dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores (art. 49).

1.1.1 El Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien dura en su cargo seis años y no puede volver a desempeñar ese puesto (arts.80 y 83). La elección del Presidente es directa (art. 81). Para ocupar ese cargo se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, ser hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años (art. 82)

2. Las facultades y obligaciones del Presidente son: promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión; nombrar y remover libremente a los Secretarios del despacho, al Procurador General de la República, al Gobernador del D.F.; al Procurador General de la Justicia del D.F.; a los agentes diplomáticos y empleados superiores de hacienda y a los demás empleados de la Unión; nombrar a los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales con aprobación del Senado; nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del ejército, armada y fuerza aérea nacionales; disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente y de la Guardia Nacional; declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos; dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal; convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente de éste; facilitar al Poder Judicial los auxilios que requiera para el ejercicio de sus funciones; habilitar puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación; conceder indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal; conceder privilegios exclusivos a los descubridores, inventores o perfeccionadores en algún ramo de la industria; nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justicia del D.F. y someter los nombramiento a la aprobación de la Cámara de Diputados; nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter los nombramientos a la Cámara de Senadores; pedir la destitución por mala conducta de las autoridades judiciales; y otras que le confiere expresamente la Constitución (art. 89).

La administración pública federal es centralizada y paraestatal, conforme a lo dispuesto en la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal expedida por el Congreso, la cual establece los asuntos a cargo de las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos y define las bases de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación (art. 90).

El Presidente nombra y remueve libremente los secretarios de Estado y su número y atribuciones están consignados en la Ley Orgánica.

Las Secretarías de Estado que actualmente existen son: Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Contraloría General de la Federación; Energía, Minas e Industrias Paraestatales: Comercio y Fomento Industrial; Agricultura y Recursos Hidráulicos; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Social; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; Turismo; Pesca; y Departamento del D.F..

Para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos (art. 91).

Las entidades de la administración pública paraestatal son los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas; y los fideicomisos.

1.1.2 El Poder Legislativo.

El Congreso General se divide en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores (art. 50).

La Cámara de Diputados se compone de representantes electos en su totalidad cada tres años. La

Cámara de Senadores se renovará en su totalidad, en elección directa, cada seis años. Los diputados y senadores no pueden ser electos para el periodo inmediato, salvo los suplentes que podrán ser electos con carácter de propietarios (arts. 51, 56, 57, 59).

La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y por 200 diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales (art. 52).

La Cámara de Senadores está integrada por cuatro representantes de cada Estado y del Distrito

Federal, de los cuales tres serán electos por votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría.

La organización de las elecciones federales es una función estatal que ejercen los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos. Esta función se realiza a través de un organismo público con personalidad jurídica, recursos propios y autónomo en sus decisiones (en la actualidad denominado Instituto Federal Electoral), el cual es la autoridad en la materia y cuenta con órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos de vigilancia están integrados mayoritariamente por los partidos. Los directivos son designados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo y por representantes de los partidos políticos. Este organismo organiza, entre otras, las actividades relativas al padrón electoral, preparación de la jornada electoral, cómputos y otorgamiento de constancias. Asimismo, atiende lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos (art. 41).

Existe también el Tribunal Federal Electoral, órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional

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