Maltrato A La Mujer

El Informe de Amnistía Internacional, sobre la violencia ejercida contra las mujeres detenidas en Atenco continúa y señala:

Según los testimonios recogidos por AI el personal médico proporcionó a las personas detenidas tratamiento básico sólo para las lesiones visibles ignorando posibles abusos sexuales a las detenidas. Tampoco practicaron exámenes ginecológicos a las mujeres alegando que ellos no estaban autorizados para realizar estos exámenes y que sólo el médico forense de la PGJEM tenía competencia para hacerlo.

Sin embargo esto tampoco sucedió. Las mujeres que solicitaron una revisión ginecológica para certificar las lesiones de violencia sexual se encontraron con la negativa de los médicos forenses para practicar este tipo de exámenes:

“Cuando llegó al penal el médico legista no quiere certificar que he sido violada. Me parece injusto que no se me crea, que alguien pueda creer que lo invento.”

“Entré al consultorio con una médico. Me dijo que perdía su trabajo y no me quiso reportar las heridas de la violación. Me dijo que en todo el estado no había un ministerio público que tuviera ginecólogo. Como favor me dio una caja de óvulos y un analgésico. Me dijo que no me hacía el examen médico sin una denuncia. No podía entender la razón de lo sucedido.”

La atención psicológica oficial a las mujeres fue, según los testimonios, insuficiente. Durante su estancia en la prisión, una de las mujeres señaló a AI que la psicóloga que la atendió sólo estaba interesada en los hechos de la detención y que cuando ella le contó sobre la violación, la psicóloga le contestó que esto no era lo que ella le había pedido y le dijo que se retirara. Otras mujeres entrevistadas manifestaron su desconfianza ante este tipo de atención ya que según su experiencia no fueron informadas adecuadamente de su propósito. Organizaciones locales de derechos humanos empezaron posteriormente a dar apoyo psicológico a varias de las mujeres detenidas. Por su parte, el Colectivo Contra la Tortura ha iniciado peritajes psicológicos a las mujeres que continúan detenidas con el objetivo de documentar los abusos.

En un primer momento las autoridades del Estado de México negaron públicamente los presuntos abusos sexuales y rehusaron iniciar una investigación alegando que no habían recibido ninguna denuncia al respecto. No fue hasta dos semanas después de las detenciones, el 16 de mayo, cuando la PGJEM abrió una investigación de oficio a partir de la presentación del informe preliminar de la CNDH en el cual se apunta la “probable comisión de conductas de naturaleza sexual atribuidas a los elementos policíacos por 23 detenidas”.

Sin embargo, hasta la fecha las investigaciones sobre los abusos sexuales llevadas a cabo por la PGJEM han sido inadecuadas y –al parecer- sólo se han dedicado a rebatir las denuncias, haciendo recaer

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