PSICOLOGIA SOCIAL

La política en México, una vez concluida la II Guerra Mundial, se alinea ideológica y estratégicamente con la política de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Abandona el proyecto de autosuficiencia y de modelo económico nacionalista. Cierra los internados de Chapingo y el IPN, varias escuelas normales rurales y reprime a las organizaciones estudiantiles que buscaban democratizar sus espacios educativos (Moctezuma, 2008). Modifica la orientación socialista de la educación por una orientación más liberal. En los niveles medio superior y superior se deja el modelo que buscaban privilegiar el desarrollo y la ampliación de la matrícula de educación superior a los sectores marginados y prioriza el apoyo a las carreras liberales por sobre las técnicas (Becerra, 2008). Para controlar los movimientos sociales, se reforman en 1951 las leyes que tipifican el delito de disolución social en el Código Penal y se encarcela bajo estos cargos a los primeros presos políticos (Flores, 2008). Es entonces cuando emerge la resistencia estudiantil y obrera.

Las organizaciones estudiantiles se fueron fortaleciendo en su lucha a lo largo de la década de los 60 (Flores, 2008); cuando la represión gubernamental se extiende contra otros grupos como el movimiento nacional de huelga de médicos en 1965, la protesta estudiantil también rebasa los recintos escolares. La relación del maestro y del profesionista que apoyaran y participaran al lado del obrero en sus luchas reivindicativas no sólo dejó de ser parte del proyecto del Estado sino que, quienes se involucraron en estas tareas, comenzaron a ser considerados agitadores subversivos.

Periodo presidencial de 1964 - 1970

Cuando Gustavo Díaz Ordaz llega al poder (1964-1970), uno de sus temas durante su campaña fue, “Orden y Progreso” como un epilogo de la época del general Porfirio Díaz cuyo régimen dictatorial, que duro casi 30 años. El gobierno de Díaz Ordaz no era esperanzador en diversos aspectos, puesto que el candidato era conocido por sus tendencias políticas de derecha. Tanto los observadores de izquierda y miembros activos del PRI, se mostraron pesimistas respecto de la elección de Díaz Ordaz para ese periodo (Moctezuma, 2008). Inmediatamente, se demostró que su pesimismo era fundado porque si la política de antiguo Presidente López Mateos era la represión política como, única forma de solucionar los levantamientos de la clase obrera y campesina, con Díaz Ordaz sé amplió y se perfecciono (Becerra, 2008). La represión se volvió preventiva. Tanto los grupos radicales de izquierda fueron víctimas en particular, pero no fueron los únicos. Dentro del PRI, la represión adoptó la forma de renuncias obligadas por parte de aquellos miembros del gabinete que no eran partidarios de la administración.

Analizando las características del sistema presidencial mexicano en la división de poderes; ejecutivo, legislativo y judicial, es el primero en que se impone sobre los demás. En casos extremos el poder ejecutivo traspone los límites del legislativo y del judicial, al grado de tener una gran injerencia en la toma de decisiones y no encontrara un contrapeso sólido a su ejercicio (Moctezuma, 2008); así mismo, el ejecutivo realiza funciones que no se están contempladas en sus atribuciones constitucionales o influye determinantemente en la legislación e impartición de justicia, lo que corresponde hacer a los otros dos poderes. Son características del presidencialismo la existencia de un presidente que (Becerra, 2008): funge como jefe de Estado y gobierna a la vez, es independiente del poder legislativo, es electo periódicamente por el pueblo, designa a los ministros, quienes no son responsables ante el poder legislativo y por lo tanto no pueden ser destituidos por éste, es auxiliado por un gabinete con funciones consultivas.

Presidencialismo

Siendo los caudillos militares quienes se convirtieron en los primeros presidentes del país tras la revolución (de 1920 hasta 1940) y que los poderes reales de éstos se reflejaban inicialmente en las facultades del presidente, como su autoritarismo, su discrecionalidad al elegir a sus colaboradores y su centralidad en la escena política, características heredadas a los mandatarios civiles que vendrían posteriormente. El carisma del caudillo, su poder autoritario, el ser jefe incuestionado y venerado por sus seguidores y erigirse como intocable, también son rasgos de los caudillos que pasan a la investidura presidencial, a pesar de que el poder de ésta, en teoría, ya no se sustente en el Hombre particular, sino en el cargo (Moctezuma, 2008). El envestido adquiere su carácter de presidente por el hecho de su nombramiento. El presidente ha dejado de ser una persona, es una institución.

Así pues, el puesto da en la práctica un poder absoluto a los que lo ocupan, ante el cual se crean formas de relación específicas entre los ciudadanos y el presidente, entre éste y sus colaboradores, basadas en la atribución de significaciones en torno al presidente, relaciones que se sustentan en distintos supuestos (Flores, 2008): la aceptación sin más, el simple sometimiento, la indiferencia o la férrea oposición, acompañada siempre de un esporádico o nulo cuestionamiento, al investido en su desempeño o con su respecto a las decisiones que tomaba (Moctezuma, 2008). El Artículo 80 de la Constitución puntualiza que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. Pues en esta disposición se establece que el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en el Presidente Constitucional de la República. El antecedente histórico de tal disposición de remonta a la Constitución de 1824, en que por primera vez se otorgó el supremo poder ejecutivo de la unión a un solo individuo al que se denominó Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, este sistema fue asociado también a la de 1857, de la cual pasó a la Constitución que nos rige actualmente, es decir, la de 1917 (Becerra, 2008).

Aunque realmente al jefe real, aquel que controla al partido dominante (PRI) se le otorgaba una seria de facultades situadas más allá del marco constitucional, tal y como lo designa, Carpizo (Flores, 2008) “el presidente tiene la facultad más allá del marco constitucional, de la designación de su sucesor, el nombramiento de gobernadores, senadores, de la mayoría de los diputados, de los principales presidentes municipales; por ser el PRI, un partido predominante y semioficial integrado por sectores, le da al presidente control sobre las principales organizaciones obreras, campesinas, profesionales y de diversa índole populares, que representan, cuando menos hasta

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