Pedagogia

23 de Enero de 1958 y el Pacto de Punto Fijo

José Antonio Rivas Leone

En el tratamiento y análisis de los partidos, su surgimiento y consolidación en la Venezuela del siglo XX, no podemos obviar al Pacto de Punto Fijo por ser una referencia e hito obligatorio en nuestra historia democrática, como acuerdo fundacional de la democracia en Venezuela, y en ese mismo orden de ideas en la historia moderna de los partidos políticos nacionales. El Pacto de Punto Fijo no sólo constituye un episodio relevante en la Venezuela del siglo XX, sino un hito histórico y político de estudio y valoración obligatoria en la fundación de la democracia en Venezuela hasta nuestros días. Permitió sin duda alguna fraguar las bases del funcionamiento de la naciente democracia (representativa), naturalmente edificado sobre el rol de los partidos políticos como interlocutores e intermediadores entre el Estado y la sociedad.

La clave del éxito del llamado Pacto de Punto Fijo a nuestra manera de ver las cosas estuvo en el dialogo fecundo, serio y responsable de la clase dirigente y los actores del momento, en minuciosas y largas conversaciones y debates que concluyeron en un sólido compromiso de las organizaciones unitarias en una política nacional de largo alcance, guiadas en un primer momento por la seguridad de que el proceso electoral y los poderes públicos y autoridades que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio. Igualmente, la garantía de que el proceso electoral evite cualquier ruptura de la unidad, y que además, sea un medio para fortalecer a los partidos, asumiendo estos sus respectivos roles en funciones de gobierno como en la oposición, asumiendo la vía electoral y democrática como único camino hacia la conquista del poder, aunado a la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del gobierno y de los cuerpos deliberantes, de tal manera que la sociedad venezolana se exprese y sienta representada.

La historiografía nacional y los estudios politológicos reconocen que el Pacto de Punto Fijo fue para el momento la expresión más acabada de un acuerdo entre partes, entre organizaciones, grupos diversos y elites por fraguar lo que serían las bases y cimientos de la democracia en Venezuela. En este destacan un fiel compromiso a la unidad, el respeto mutuo, la tolerancia, la amplitud y la cooperación en defensa del régimen democrático naciente, que tuvo su manifestación de forma categórica en la Declaración de Principios y Programa Mínimo de Gobierno de 1958.

La trascendencia de dicho acuerdo estuvo en establecer las líneas generales no sólo del nuevo gobierno, sino de lo que sería posteriormente el funcionamiento de la democracia en Venezuela durante cuarenta años, al extremo de hablarse de la llamada Cuarta República como expresión y etiqueta del período de funcionamiento del Pacto de Punto Fijo desde 1958 hasta 1998, y naturalmente vincular a este último no sólo con el protagonismo de AD y COPEI, de figuras como Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba y otros corajudos venezolanos, sino además con el proyecto de país y sociedad expresado en la Constitución de la República de Venezuela de 1961 que es la Constitución de mayor vigencia. Por lo tanto, el compromiso gestado y manifiesto de la dirigencia de los partidos AD, COPEI y URD principalmente fue decisivo para la consolidación del régimen democrático y la estructuración del naciente sistema de partidos y del propio entramado democrático.

Tres principales elementos recogen la esencia del Pacto de Punto Fijo:

1.- Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Las elecciones determinarán la responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el periodo constitucional 1959-1964; intervención de la fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al Gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella también como delito de lesa patria.

2.- Establecimiento de un Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero; el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal selección de capacidades.

3.- Programa mínimo común. Para facilitar la cooperación entre las organizaciones políticas durante el proceso electoral y su colaboración en el Gobierno Constitucional los partidos signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se redactará

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