Fe Y Mundo Contemporaneo

Actualmente México vive un proceso de profundas transformaciones jurídicas en vías de armonizar su legislación doméstica con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado mexicano de cara a garantizar y respetar los derechos humanos, consiste en introducir cambios institucionales encausados a implantar la validez y la eficacia real de las disposiciones internacionales contraídas. Es decir, sin el compromiso de una reforma sustancial que penetre en todos y cada uno de los actores de la praxis institucional, las garantías constitucionales y los derechos humanos sólo constituirán meras declaraciones de principios.

Es indiscutible que la profesión legal en México se encuentra sumida en una crisis de desprestigio, en gran medida obedece a la falta de atención de parte de los abogados de impedir el ingreso al ámbito profesional de aquellos que sean ineptos o descalificados, por ser deficientes en su moral o preparación académica.

En México, la colegiación profesional se encuentra facultada, mas no obligada, en las leyes reglamentarias del artículo 5° constitucional de cada entidad federativa, relativas al ejercicio de las profesiones, y ha sido materia de amplia discusión debido a la resistencia de varios sectores de profesionales, a someterse al control y vigilancia por parte de asociaciones o colegios de profesionistas, argumentando que se estaría atentando contra su libertad profesional.

Si bien la colegiación obligatoria de los abogados está sujeta a factores políticos y de poder, tales circunstancias no deben menguar nuestra responsabilidad de lucha por mejores condiciones para el ejercicio de nuestra profesión, y más importante aún, nuestro alto compromiso social de siempre velar por el bien común y el mejoramiento de nuestra sociedad.

Así, hablar de colegiación profesional obligatoria, no es otra cosa que hablar de Deontología aplicada y la posibilidad de restablecer el honor y la dignidad a la profesión legal, arrancada por esa “libertad profesional” que pronto se transformó en lucrativo libertinaje.

A manera de conclusión, me atrevo a manifestar, que la oposición a una colegiación obligatoria va más allá de una simple discusión jurídica. Ese desgastado discurso legalista mediante el cual los opositores pretenden desacreditar la obligación de la colegiación profesional, no es otra cosa que el triste resultado de un sector egoísta y miserable incapaz de comprender el espíritu de la profesión, y que por lo tanto no merecen llamarse a sí mismos abogados.

...