ADMINISTRACION PUBLICA

INDICE

- INTRODUCCION

- ADMINISTRACION PÚBLICA (Definición).

- IMPORTANCIA.

- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION PÚBLICA.

- PRINCIPIOS Y BASES DEL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION.

- PARTICIPACION SOCIAL DE LA GESTION PÚBLICA.

- ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO Y EL PRESUPUESTO (Concepto).

- DISPOSICIONES FUNDAMENTALES.

- EL CICLO PRESUPUESTARIO.

- PRINCIPIOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION.

- SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y SUS PROCEDIMIENTOS.

- CONCLUSION.

INTRODUCCION

Hoy en día los gobiernos enfrentan el reto de satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más exigente y crítica del que hacer público, siendo indispensable lograr una nueva gestión pública que responda efectivamente a las necesidades de la población. Así mismo como las transformaciones internacionales de la globalización, la apertura comercial, la competencia, la economía, han dado pie a la administración pública.

Es importante, el saber cuál es la importancia de la administración pública y comprender el objeto y ámbito de aplicación de esta ley, participación social de la gestión pública, los distintos principios para prevenir la corrupción, principios para el funcionamiento y organización de la administración, el ciclo presupuestario, sanciones administrativas y su funcionamiento, entre otras.

Administración Pública

Es un término de límites imprecisos que define al conjunto de organizaciones estatales que realizan la función administrativa del Estado. Por su función, la administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. Está integrada principalmente por el poder ejecutivo y los organismos que dependen de éste. Por excepción, algunas dependencias del poder ejecutivo no integran la noción de "administración pública" (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir áreas de "administración pública" en los otros dos poderes o en organismos estatales que no dependan de ninguno.

La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, así como a los profesionales de los centros estatales de salud, a la policía y a las fuerzas armadas. Se discute, en cambio, si la integran los servicios públicos prestados por organizaciones privadas por habilitación del Estado. El concepto no alcanza a las entidades estatales que realizan la función legislativa ni la función judicial del Estado.

Importancia de la Administración Pública

La Administración Pública, tiene vital importancia por ser el instrumento del cual se sirve el Estado, para llevar a cabo sus funciones y objetivos, como son la satisfacción de las necesidades de la colectividad en función del desarrollo nacional. Es imprescindible, y con mayor énfasis en los actuales momentos, cuando por la problemática de la situación del país, estamos todos obligados a involucrarnos de manera directa, para que Venezuela pueda enfrentar y superar los cambios de todo tipo (políticos, económicos y sociales), que a breve plazo se estarán produciendo, en todo el ámbito de la Administración Pública del Estado Venezolano.

Con el fin de lograr obtener el máximo rendimiento y aprovechamiento. Para el beneficio de las comunidades. La Administración Pública, en el contexto de nuestra realidad política, social y económica.

La importancia de la administración publica en la actualidad, esta fuera de duda, porque tiene bajo su responsabilidad los intereses de la vida comunitaria y es por eso que debe fortalecer las tareas de vigilancia, regulación y redición de cuentas para un mejor control de lo que se hace.

Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley Orgánica de Administración Pública

La presente ley tiene por objeto establecer los principios y bases que rigen la organización y el funcionamiento de la administración pública; los principios y lineamientos de la organización y funcionamiento de la administración pública nacional y la administración descentralizada funcionalmente; así como regular los compromisos de gestión; crear mecanismos para promover la participación y el control sobre las políticas y resultados públicos, y establecer las normas básicas sobre los archivos y registros públicos.

Ámbito de Aplicación; Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a la administración pública nacional. Los principios y normas que se refieran en general a la administración pública o expresamente a los estados, distritos metropolitanos y municipios serán de obligatoria observancia por estos, quienes deberán desarrollarlos dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Principios y Bases del Funcionamiento y Organización de la Administración

Entre los principios relativos a la Administración Pública, se destacan aquellos que son comunes a todos los órganos que ejercen el Poder Público, entre los cuales deben mencionarse: el principio de legalidad, el principio de la responsabilidad de los funcionarios y el Estado, y el principio de la responsabilidad de los funcionarios y del Estado, y el principio de finalidad de la Administración Pública.

1. El Principio de la Legalidad.

El primer principio relativo a la Administración Pública y a todos los órganos del Estado en general, es el principio de legalidad que deriva del artículo 137 de la Constitución, que dispone:

"La Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben ejecutarse las actividades que realicen."

En un Estado de derecho como el que organiza la Constitución de 1999, es que las actividades contrarias al derecho están sometidas al control tanto de la jurisdicción constitucional (artículo 334) como de la jurisdicción constitucional (artículo 334) como de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259), cuyos tribunales pueden anularlos.

En relación con la Administración Pública, la LOAP expresa formalmente el principio, vinculándolo a la competencia, para lo cual, además, precisa la jerarquía de las fuentes del derecho aplicable a la Administración, así:

Artículo 4°. La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo, dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático a las personas.

El principio de la legalidad, además, se rige como un principio en el cual se fundamenta la Administración Pública, definiéndose como "el sometimiento pleno a la ley y al derecho" (artículo 141), y es una de las misiones fundamentales de los órganos del Poder Ciudadano, consistente en velar por "la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado" (artículo 274).

Adicionalmente, el artículo 8 de la LOAP recoge la previsión del artículo 7 de la Constitución, y precisa que "todos los funcionarios de la Administración Publica están en la obligación de cumplir y hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución". Toda autoridad, por tanto, deriva y debe ejecutarse conforme a la Constitución.

2. El Principio de la Responsabilidad de los Funcionarios:

El segundo principio fundamental que rige para todos los órganos del Estado, es decir, que ejercen el Poder Público, y por supuesto, para la Administración Pública, es el regulado en el artículo 139 de la constitución, que recoge otra norma tradicional de nuestro constitucionalismo, y es el principio de responsabilidad individual de los funcionarios públicos en el ejercicio del Poder Público. Dispone dicha norma que:

El ejercicio del Poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o derivación de poder o por violación de esta Constitución o de la Ley.

Este mismo principio lo repite el artículo 8 de la LOAP, en relación con los funcionarios "de la administración Pública". En estos casos conforme al artículo 10 de la LOAP, y sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia establecido en la Constitución (art. 26) y la ley, los particulares cuyos derechos humanos hayan sido violados o menoscabados por un acto u orden de un funcionario público pueden, directamente o a través de su representante, acudir ante el Ministerio Público para que éste ejerza las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva "la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria" en que hubiere incurrido dicho funcionario. Igualmente, pueden acudir ante la Defensoría del Pueblo para que ésta inste al Ministerio Público a ejercer dicha acciones y, además, para que la Defensoría del Pueblo solicite ante el Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubieren lugar con respecto a tales funcionarios, de conformidad con la ley.

A los efectos incluso, de la posibilidad de exigencia de responsabilidad, la LOAP establece el principio de rendición de cuentas, al disponer su artículo 11 que

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