ANÁLISIS DEL “PROYECTO CONGA”

ANÁLISIS DEL “PROYECTO CONGA”

Desde los años noventa en el Perú se ha promovido distintas reformas teniendo como objetivo convertir a nuestro país en un destino atractivo para las inversiones privadas . Según el Ministerio de Energía y Minas, “a nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales”.

La compañía Yanacocha inició las actividades de exploración del proyecto Conga en el 2004 y como resultado de ello, se decidió desarrollar el proyecto. Del 2005 al 2007 se realizó el estudio base ambiental y desde el 2008 se inició el desarrollo de ingeniería del proyecto, mientras se continuaba con actividades de perforación durante el 2009. En el 2008 se aprobó el estudio de impacto ambiental semidetallado, el cual pasó por una serie de modificaciones, para ser aprobado finalmente en octubre de 2010. Sin embargo, la empresa Yanacocha viene desarrollando otros proyectos mineros en Cajamarca desde principios de los 90, que de alguna manera han contribuido a generar la situación crítica de este proyecto.

El proyecto Conga pretende ser ejecutado en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín; y en el distrito de La Encañada en la provincia de Cajamarca, en la región de la Jalca cajamarquina. Este proyecto implica la extracción de minerales de dos tajos abiertos, Perol y Chailhuagón, ubicados en la laguna y el bofedal Perol y en la cabecera de cuenca del río Chailhuagón. Los aspectos que se evidencian como más significativos es que el proyecto tendría una duración de casi 20 años; alcanzaría las 19.000 hectáreas de área total (3.000 de influencia directa y 16.000 de influencia indirecta), siendo el doble de área de la ciudad de Cajamarca; habitan en el “área de influencia” 32 comunidades (11 en el área de influencia directa y 21 en el área de influencia indirecta) que se verían afectadas por el impacto en el agua, según el EIA; y supondría la afectación de cuatro lagunas y cinco cabeceras de cuenca.

La información disponible revela la ausencia de un proceso de aprobación coordinado con los distintos sectores involucrados, en especial con el Ministerio de Ambiente; así como que fue seguido con base en normativa que carece de pautas específicas en caso de tratarse de pueblos o comunidades indígenas de manera de hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informado. Se puede concluir además que los cuestionamientos en torno al proyecto Conga se han dirigido a las afectaciones medioambientales que podría producir, sin hacerse énfasis en el impacto social del proyecto y mucho menos en la posibilidad de la condición indígena de las comunidades y rondas campesinas afectadas.

Los estudios de impacto ambiental no cumplieron con los estándares del SIDH en tanto se refirieron a la cuestión ambiental, sin tener en cuenta el impacto del proyecto en el aspecto social, cultural, económico, espiritual de las comunidades afectadas, ni incluyeron su carácter indígena como consideración. Además las comunidades no pudieron participar sustantivamente en su elaboración, fueron realizados por empresas privadas sin supervisión estatal, y no se realizaron con el objetivo de asegurar que las comunidades cuenten con la información necesaria para la toma de decisiones.

En cuanto a la exigencia de beneficios compartidos, el Estado no garantizó la participación de las comunidades en la determinación de los beneficios que produciría el proyecto propuesto, a través de un proceso de consulta, sino que las medidas que se mencionan como beneficios en el EISA de exploración fueron definidas unilateralmente por la empresa misma.

Según el EIA y el Informe del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que sustenta su aprobación, “como consecuencia del emplazamiento del proyecto y la alteración de la red de drenaje superficial, el proyecto impactará a los cuerpos de agua que se encuentran actualmente dentro de los límites de su huella, principalmente en términos de quebradas y lagunas. Asimismo el proyecto tiene potencial de impactar tanto la calidad como la cantidad de los flujos de las quebradas aledañas, estando el impacto en la calidad de las aguas asociado al incremento de sedimentos y a la generación de acidez en ciertas áreas del proyecto relacionados con el yacimiento el Perol”.

El informe técnico emitido por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) que recomienda la aprobación del EIA señala que las medidas de mitigación incluyen el remplazo de los flujos base en las quebradas del proyecto mediante un manejo adecuado de cuatro reservorios y el tratamiento de las aguas hasta que alcancen niveles aceptables antes de cualquier descarga.

Es decir, se plantea un remplazo de un sistema natural por algo que tendrá que ser administrado por la empresa y posteriormente, por el estado o la comunidad.En el citado informe, en la parte correspondiente a la evaluación de la línea base referida a la hidrogeología y que recoge las observaciones realizadas al EIA, se señala que el proyecto afectará las lagunas Azul y Chica (alto Jaribamba), la laguna el Perol (en Chirimoyo), las lagunas Chailhuagón, y Mala (en Chailhuagñon), localizadas en diferentes microcuencas que prestan diferentes servicios ambientales y de recarga. Sobre aguas subterráneas el EIA señala que “por las mismas razones expuestas en el caso de agua superficial, el proyecto representaría una variación en los niveles de infiltración, en la distorsión de los flujos hidrogeológicos como consecuencia 1) del emplazamiento de infraestructura (i.e presas que cortan casi en su totalidad el flujo subterráneo), 2) del desarrollo de los elementos del proyecto (i.e conos de depresión por los tajos) o 3) de la ocurrencia de filtraciones de flujos de mala calidad”.

...