Adminisrtación Pública

Las Reformas que la Administración Pública Peruana necesita

La Administración Pública en nuestro país siempre ha sido objeto de censura por la población y vapuleada por las mismas personas que la integran. El rosario de críticas no ha surgido en las últimas décadas, por el contrario, se manifestaron desde los inicios mismos de la fundación de la República, al efecto, véase La Saya y el Manto de Manuel Asencio Segura o El Ministro y el aspirante de Felipe Pardo y Aliaga. Pareciera que dichas críticas al capital humano, a la burocracia, a la inercia, a la mediocridad de la Administración Pública de entonces mantienen su vigencia hoy en día.

Por ello, cuando se nos dio el título del ensayo, estimé que las respuestas podrían ser tan abstractas y fabricadas como las que podría darse a las interrogantes: ¿Cómo lograr la paz mundial? ¿Cómo eliminar el maltrato a la mujer?... Es decir, respuestas elaboradas, que si bien se sustentan en teoría, son muy difíciles de llevar a la práctica.

Al leer a los autores encomendados, en ciertos párrafos, se pueden encontrar afinidades muy marcadas con la situación general del país, esencialmente sobre la necesidad de cambios. Esta necesidad ha sido reconocida por el propio gobierno de turno, tal y como se evidenció el miércoles 9 de enero de 2013 con la publicación del Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM por el cual se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. En dicho documento se diagnosticaron una serie de deficiencias de la gestión pública en el Perú (Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público; Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones; Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos; Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente; Inadecuada política y gestión de recursos humanos; Limitada evaluación de resultados e impactos; Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento y Débil articulación intergubernamental e intersectorial), y tuvo la pretensión de constituir un replanteamiento de la estructura del Estado en todos sus ámbitos orientada a la “modernización”.

Desde mi personalísimo punto de vista, considera que la principal reforma que debe darse dentro de la Administración Pública es la revolución absoluta del Capital Humano.

Al trabajar por muchos años en diversas entidades públicas de diversos Poderes del Estado, y en cada una de ellas encuentro en común denominador: un sector sustancial de los trabajadores anodinos con muchos años de servicios al Estado, cuyo ingreso es, por decir lo menos, cuestionable, que no cuentan con los requisitos del perfil del cargo, que no se encuentran capacitados, que constituyen un capital humano tóxico para el Estado, cuyo nivel de productividad es deficiente, como deficiente el resultado del magro servicio que logran prestar, que exigen beneficios pero sin aporte sustancial por su parte y cuyo nivel de conformismo es desalentador.

Es este el factor que considero es primordial reformar a efectos del funcionamiento eficaz del aparato estatal, lograr que el trabajador estatal (desde el funcionario de primer rango hasta el asistente) sea competente y competitivo, calificado, decidido, asertivo, cooperativo, que se identifique en su calidad de servidor público y, sobre todo conocedor del objeto y finalidad de la labor que realiza, en lo que consiste el servicio que presta y cómo este se integra en el engranaje del Estado, en qué aporta su labor a la consecución de los objetivos y políticas gubernamentales.

Siempre se señala que se precisa una revolución de la cosa pública, que se debe refundar el aparato estatal desde sus cimientos, desparecer entidades, disolver organismos, entre otros, estableciendo en segundo plano la reforma del factor humano. La nueva Administración Pública no implica desbaratar las instituciones o eliminar de plano procedimientos o normas; existen estructuras organizativas que establecen las funciones y la organización de la Administración Pública, que son perfectibles. El problema no estriba en ello, así se presenten un sinnúmero de alternativas de organización administrativa, jamás funcionará eficazmente ningún modelo por revolucionario que sea mientras no se cuenten con cuadros de personal verdaderamente competentes y capacitados, y no se limita al ámbito educativo, sino el de valores elementales, como la ética y la honestidad.

Sin un buen capital humano ¿Cómo conformar óptimos lineamientos o procesos de planificación, dirección, supervisión y evaluación de la producción de bienes y servicios públicos, si son esos trabajadores mal capacitados, quienes los diseñan e implementan?.

He señalado la necesidad de contar con servidores con valores, pues sabemos que el talón de Aquiles de determinados trabajadores es sucumbir al peculado, a la colusión, es decir, a la corrupción, y que lamentablemente constituyen manejos que al ser tolerados e incentivados en algunos casos por los ciudadanos, se vuelven práctica común en cierta clase de trabajadores y en ciertas áreas de la Administración Pública (áreas de compras, logísticas, áreas resolutivas, áreas decisorias, entre otras).

Un docente -que ha viajado desde Piura hasta Purus- indicaba que el lastre de la corrupción no era exclusivo de la capital, o de la Costa. Contó una anécdota vivida en un pueblito alejado ubicado en la Selva. Sus autoridades, entre los que se contaban representantes de comunidades nativas, se habían repartido el presupuesto asignado en suculentas dietas y estipendios, mientras la población no tenía ni una gota de agua potable. Entonces, el tema no se sustenta en cuestiones raciales ni territoriales, parece que fuera un tema de idiosincrasia nacional, un deporte que se practica en todos lados, hasta en el pueblo más olvidado de las más olvidadas de las regiones.

Por eso considero que es más factible que un servidor o funcionario público que no cuente con las características ideales descritas, se vea tentado y caiga en actos de corrupción, en tanto no se encuentra incorporado dentro de su sistema de valoración que PRESTA UN SERVICIO, y que este debe satisfacer las necesidades del cliente que es el ciudadano y no las suyas.

Un camino de reforma podría sustentarse en la Ley del Servicio Civil, por la cual se introduce la meritocracia para elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos y la mejora de los ingresos de la mayoría de los servidores públicos e incentivo de su crecimiento personal y profesional en la administración pública. De la lectura de dicho cuerpo legal se puede establecer que su dación obedece a una

...