Antecedentes de la Seguridad Ocupacional en El Salvador.

Antecedentes de la Seguridad Ocupacional en El Salvador.

En nuestro medio la Seguridad Ocupacional había sido un término secundario, resulta importante identificar el porqué del reciente interés en la materia y en el término prevención, ya que a través de los tiempos hemos escuchado sobre accidentes en el trabajo y enfermedades que se producen a causa u ocasión del mismo. Será que recientemente nuestro país ha canalizado esfuerzos orientados en el bienestar de los trabajadores quizá por impulso de normativa internacional en la materia, que por la globalización y el acercamiento de los mercados económicos ha venido a traspasar fronteras, interponiéndose como una normativa necesaria para introducirse en el mundo competitivo al que se enfrentan actualmente los negocios.

El Código de Trabajo venía históricamente protegiendo al trabajador de los riesgos laborales al establecer algunas obligaciones para los empleadores relacionadas con la materia; sin embargo, esta regulación era insuficiente y se volvía imperativo emitir nueva normativa que permitiera un adecuado modelo de gestión. La Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y sus Reglamentos, vigentes desde 2012, han contribuido a armonizar, y unificar la legislación que existía en materia, así como a actualizar la normativa con los estándares contenidos en la normativa internacional. La nueva regulación no sólo realiza una integración de la legislación dispersa en la materia, sino que, además, incorpora principios rectores para la interpretación de la ley como: Igualdad, Respecto a la Dignidad de la Persona Trabajadora y Prevención, por tanto no solo es una función sistemática la que ejerce la nueva normativa, sino está invívita en la misma un carácter teleológico y su por tanto su finalidad en si misma, es evitar los efectos negativos que los riesgos del trabajo puede provocar en la salud y seguridad de los trabajadores y no solo un requerimiento legal que debe cubrir la organización.

La Ley, representa notables avances en materia de SSO, al ampliar la cobertura, protección y garantía del derecho fundamental a la seguridad y salud ocupacional reconocido desde la Constitución en el Artículo 44 inciso 1º, estableciendo que el ámbito de aplicación de la normativa se extiende, no solo al sector privado, sino a las entidades públicas; introduce una nueva forma de gestionar la SSO al interior de las empresas asignando corresponsabilidad y participación activa a los empleadores y a los trabajadores, con figuras como el comité de salud y seguridad de la empresa, obligatorio en aquellas que cuenta con más de quince trabajadores; exige contar con un sistema de gestión empresarial; crea la obligación de notificar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; llevar un registro de siniestralidad al interior de la propia empresa. No obstante, si bien la promulgación

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