Antecedentes de las garantias accesorias

1. Antecedentes

• Durante la década de los 90´s y gran parte del presente decenio, el Perú atravesaba por una grave crisis de credibilidad por el alto índice de desconfianza y corrupción en sus autoridades públicas y políticas; en ese sentido, un estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, determinaba que el Perú era el país menos confiable de América Latina, situándose tercero, únicamente después de Ecuador y México, en la percepción de corrupción de funcionarios. Asimismo, Transparencia Internacional ubicaba al Perú en el puesto 65 de 158 países en el índice de percepción de la corrupción e igualmente el Banco Mundial señalaba que el Perú se ubicaba en el puesto 10 dentro de los indicadores de cumplimiento de la ley, con un subíndice de aprobación debajo de la media.

• A partir del año 1991 en el Perú se emitió un conjunto normativo que tuvo por finalidad otorgar garantías para la estabilidad jurídica de los inversionistas, entre ellas el decreto Legislativo Nº 757 – Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, mediante el cual se fomentaba la suscripción de convenios cumpliendo ciertos requisitos y montos mínimos de inversión, que otorguen a los inversionistas estabilidad en los regímenes de contratación laboral, de promoción de exportaciones, del régimen del impuesto a la renta, entre otros.

• Posteriormente el contrato ley fue reconocido constitucionalmente, al promulgarse la nueva Constitución Política del Estado del año 1993, en cuyo artículo 62º se establece de una parte diversas garantías para el ejercicio del derecho a la libertad contractual, que abarcaba la libertad de establecer términos contractuales válidos según la normatividad vigente al momento de suscribirse el contrato respectivo; la inmodificabilidad de los términos contractuales por leyes u otras disposiciones de cualquier naturaleza posteriores a la celebración del contrato; y, la exclusividad de la vía arbitral o judicial según lo que este previsto en el contrato o ley para la solución de las controversias derivadas del una relación contractual.

• Es menester indicar que el artículo 62º en comentario, constituye la culminación y consolidación de varias antecedentes legislativos, entre los que podemos resaltar a la Ley Nº 9140, del año 1940, mediante la cual se autorizaba al Poder Ejecutivo a celebrar contratos para conceder exoneraciones tributarias.

• Asimismo debe citarse a la Ley Nº 11357 – Código de Minería, que contemplaba la posibilidad de otorgar beneficios y garantías tributarias.

• la Ley Nº 13270 – Ley de Promoción Industrial, que concedió exoneraciones y otros beneficios a empresas industriales, entre otras normas, que incluyen al Código Civil del año 1984, que preceptua que por ley sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante Contrato.

• Finalmente cabe destacar que la institución de la estabilidad jurídica, surgió en el Perú en un contexto de inestabilidad política, económica y jurídica, que tuvo como precedente la nacionalización y expropiación arbitraria sin derecho a indemnización justa de actividades económicas por parte de Gobiernos militares, de violencia terrorista y conflictos armados internos, hiperinflación, asilamiento de la comunidad financiera internacional, congelamiento de divisas y restricciones para la circulación y tenencia de moneda extranjera; situaciones que generaban un clima de inseguridad para inversión extranjera y en cuyo contexto nace el contrato ley como un instrumento primordial para atraer y garantizar las inversiones en un país que por sus antecedentes históricos no ofrecía el marco mas adecuado para las inversiones.

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