Como se da la IMPUNIDAD POR RETARDOS PROCESALES EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO. AUTOR: Edmundo J. Raide Ricci.
Enviado por Edmundo Josè Raide Ricci • 11 de Febrero de 2018 • Documentos de Investigación • 15.246 Palabras (61 Páginas) • 182 Visitas
UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICE-RECTORADO ACADEMICO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADO
IMPUNIDAD POR RETARDOS PROCESALES
EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO
AUTOR: Edmundo J. Raide Ricci.
Araure, Junio de 2013
ÍNDICE GENERAL
pp.
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….
CAPÍTULOS
I EL PROBLEMA…………………………………………………………………
Planteamiento del Problema…………………………………………
Objetivos de la Investigación…………………………………………
Justificación…………………………………………………………….
Alcances y Limitaciones……………………………………………….
Descripción Metodología……………………………………………..
Naturaleza de la Investigación………………………………….
Técnicas de Recolección de los Datos………………………..
Técnicas de Análisis e Interpretación de los Datos………….
II MARCO TEÓRICO REFERENCIAL………………………………………….
Antecedentes…………………………………………………………….
Referencias Teóricas Jurídicas……………………………………..
Principales Causas del Retardo Procesal en Venezuela.....
Los Efectos que Genera el Retardo Procesal en
Venezuela………………………………………………………
Impunidad de los Procesados en la Administración de
Justicia Penal Venezolana…………………………………..
Artículos del Código Orgánico Procesal Penal que
Soslayan el Retardo Procesal en la Administración de
Justicia…………………………………………………………
Referencias Legales…………………………………………………..
Definición de Términos Básicos…………………………………….
Desarrollo e Interpretación de los Resultados………………………..
III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………….
Conclusiones…………………………………………………………..
Recomendaciones……………………………………………………
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍCAS……………………………………………
INTRODUCCIÓN
Está en el tapete la situación que refiere el retardo procesal, así como las lamentables consecuencia que el mismo ha dejado, y que es alarmante la situación que se vive actualmente en el país como consecuencia de este flagelo, que se ha apoderado de los circuitos judiciales penales, centros de reclusión, llámese internados judiciales y demás instituciones operadoras de justicia, que ha dejado inclusive pérdidas humanas, y en consecuencia violación de derechos humanos y garantías constitucionales.
El proceso penal venezolano actual es de corte garantista, al punto que podría válidamente denominarse proceso penal constitucional, en razón de que priva por encima del derecho procesal penal, el derecho constitucional que asiste a todas las partes que participan en el proceso, o dicho de otra forma, todos los sujetos procesales se encuentran en situación de igualdad y, por ende, son titulares de idénticos derechos, ya sean procesales o constitucionales, de conformidad con la norma prevista en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De allí, que el sistema de justicia acusatorio ha enaltecido no sólo los derechos de las víctimas, sino también la de los derechos que asisten a los imputados o acusados, en el entendido de que todos los sujetos que intervienen en el proceso, tienen las mismas oportunidades para ejercer su defensa, pues no se trata tan sólo de respetar y garantizar los derechos y garantías de la persona a quien el Estado pretende reclamar responsabilidad penal, sino también de las personas que aparezcan de conformidad con la ley perjudicados por tal acción. Tomando en consideración que el incumplimiento de esos derechos se extienden al grupo familiar de cada uno de ellos, para entonces convertirse en una situación incontrolable, que a pesar de no estar al alcance de la persecución penal, están mas cerca del deterioro de la vida, por tener un familiar procesado que cada día enfrenta en el sitio de reclusión violaciones flagrantes de sus derechos, acechándolo la muerte y tratando de sobrevivir a las circunstancias que con regularidad allí pasan.
La función del Estado por órgano del Ministerio Público, está dirigida a investigar y aclarar la verdad de los hechos para determinar su tipicidad y autoría. En razón de ello, las partes tienen derechos reconocidos por la legislación patria en función de la garantía constitucional al debido proceso, con toda la potestad de ejecutar a plenitud los derechos que les asisten en las oportunidades
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