Constitucion De Bolivia

Bolivia: evaluación del proceso de la reforma agraria la ley de tierras cuatro años después de su promulgación

Fundación TIERRA

marzo de 2001

Antecedentes

Bolivia es un país de 109 millones de hectáreas con aproximadamente 8 millones de habitantes, de los cuales un 38% reside en poblados menores a los 2.000 habitantes. Tres ciudades principales (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) concentran una mitad de la población nacional. Continúa siendo uno de los países de mayor ruralidad de América Latina, aunque la tasa de migración campo ciudad ha aumentado rápidamente en las últimas dos décadas y se estima que en los próximos 10 años sólo un 25% de la población será rural aunque existen interacciones permanentes y dinámicas entre los escenarios urbanos y rurales. Sólo un 7% de la población rural tiene acceso a energía eléctrica. Esta población rural-indígena vive en poblados y caseríos muy dispersos y alejados de los mercados. Más del 90% de esta población rural campesina-indígena es extremadamente pobre, según los índices de desarrollo humano y de necesidades básicas; más de la mitad conserva y reclama rasgos de identidad étnica indígena, la otra mitad es mestiza en muy distintos grados de integración étnica y cultural, y existe una minoría que se reclama blanca y que ha estado históricamente vinculada a los mecanismos del poder.

A partir de 1982 Bolivia ha ingresado a un régimen todavía estable basado en la democracia representativa[1]; se han alternado sucesivamente en el poder cinco gobiernos formados por coaliciones de partidos políticos, en un escenario en el cual pocos partidos mantienen relevancia nacional, entre ellos algunos de origen campesina-indígena. No obstante esta constatación el sistema político boliviano se encuentra en la actualidad altamente desacreditado y como consecuencia existen demandas para que pueda convocarse a un Referéndum y a una Asamblea Constituyente. La corrupción en la administración pública y en los negocios privados con el Estado continúa siendo el talón de Aquiles del proceso democrático boliviano.

La ausencia tradicional del Estado en el área rural ha sido remplazada por organizaciones e instituciones privadas de desarrollo social que han cumplido de manera heterogénea y diversa con una amplia oferta de servicios de infraestructura productiva, servicios de apoyo a la producción, y otros servicios sociales a las comunidades campesinas e indígenas del área rural[2]. Estas instituciones son importantes no solamente por su magnitud desde el punto de vista numérico y presupuestario sino porque asumieron un rol protagónico en la definición y aplicación de estrategias de desarrollo rural en el país. Esto ha impulsado definiciones precisas en el nuevo marco normativo respecto a su articulación con los gobiernos municipales, así como un amplio debate, desde hace una década atrás, sobre un proyecto de ley que reglamente sus actividades. Como consecuencia, es evidente el proceso de crisis al que han ingresado estas instituciones debido al cambio de relaciones entre la sociedad civil y Estado, asumiendo el municipio muchas de las funciones que previamente estas organizaciones habían considerado era su rol natural en el proceso de desarrollo local.

En Bolivia existe estabilidad económica desde el año de 1985, momento en el cual se aplicó el programa de ajuste estructural que tuvo como finalidad la apertura de la economía al mercado externo. El Producto Interno Bruto es relativamente mayor a los 8 mil millones de dólares y las exportaciones anuales fluctúan alrededor de los 1.000 millones de dólares por año. Las principales exportaciones están constituidas en la actualidad por el gas natural al Brasil y los derivados de la soya que se cultivan en medio millón de hectáreas en la región de las tierras bajas principalmente a los países del mercado común andino. Un millón de hectáreas adicionales son cultivadas tradicionalmente por pequeños y medianos productores para satisfacer el consumo familiar o el mercado interno. Hasta hace tres años unas 30 mil familias de campesinos pobres cultivaban más de 40.000 hectáreas de coca con destino al consumo interno y a la producción de droga. Ese cultivo ha sido erradicado por la fuerza y se hacen esfuerzos por promover programas de desarrollo alternativo que reemplacen la economía informal de la coca, sin embargo aún no han logrado producir el impacto económico equivalente.

El coeficiente de dependencia externa de Bolivia es uno de los más altos del mundo. Desde hace tres décadas aproximadamente 800 millones de dólares se han recibido cada año por concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), proveniente de organismos multilaterales y bilaterales. La deuda externa fluctúa alrededor de los 4 mil millones de dólares, de los cuales un 30% acaba de ser condonado por los acreedores en el marco de los programas de alivio de deuda de países pobres altamente endeudados (HIPC), y en el marco de una frágil consulta nacional, con activa participación de los municipios, se ha elaborado la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, cuestionada en sus propuestas y en su débil articulación con los resultados del diálogo.

El proceso de la Reforma Agraria en Bolivia

Con la conquista española iniciada en el siglo XV los indígenas fueron dominados y sometidos a un régimen de explotación feudal que continuó durante la época Republicana. Bolivia nació como nación en el año 1825 y la nueva República tardó casi un siglo y medio en reconocer parcialmente los derechos de ciudadanía de las mayorías nacionales.

Bolivia desarrolló una profunda Reforma Agraria en las zonas alto andinas que comenzó en 1953. Esta reforma eliminó el latifundio semifeudal que prevalecía hasta entonces y devolvió las tierras a cerca de tres millones de indígenas-campesinos principalmente quechuas y aymaras. Esta reforma Agraria de carácter campesinista distribuyó entre los indígenas de la región andina (montañosa) las tierras que ellos trabajaban para las haciendas de los ex patrones. En los últimos veinte años estas tierras se han subdividido como fruto de la herencia familiar y están altamente degradadas por la erosión y el uso intensivo. En esta región de valles y montañas viven cerca de tres millones de campesinos-indígenas en condiciones de extremo empobrecimiento a pesar de contar con pequeñas parcelas. El año 1984 las organizaciones campesinas elaboraron un proyecto de Ley Agraria Fundamental en el que demandaban acceso a más tierras y que se elimine el latifundio en la zona de las tierras bajas. Posteriormente, al inicio de la década del 90 los pueblos indígenas del Oriente plantearon

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