DERECHOS HUMANOS

Desde el año 2008, la Defensoría del Pueblo se incorpora al trabajo comunitario a través del Programa “Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos”, el cual es una propuesta para el desarrollo de políticas públicas en materia de derechos humanos, basada en el principio constitucional de la democracia participativa y protagónica. Promoviendo así la construcción colectiva de ideas, propuestas y acciones para la garantía plena de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas del país, y en especial en los espacios más vulnerados o con mayor amenaza de vulneración.

La materialización del Programa se desarrolla a través de la conformación de los Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos, surgidos de la base de los Consejos Comunales, como instancias comunitarias para la autodefensa, los cuales son conformados por miembros de la comunidad, elegidos (as) en asambleas de ciudadanas y ciudadanos. Hasta el momento, contamos con 38 Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos en 10 Estados del país: Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Miranda, Sucre, Vargas y Área Metropolitana de Caracas. Los cuales agrupan a 422 Consejos Comunales, con un total de 543 consejeros (as) comunitarios en derechos humanos.

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños, sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

Dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será el interés superior del niño.

Las leyes deberán garantizar la protección para el desarrollo integral del niño atendiendo fundamentalmente a su interés superior.

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

La sociedad debe brindar al niño los medios necesarios para que goce de buena salud aún antes de su nacimiento.

Los niños con cualquier tipo de discapacidad deben ser especialmente atendidos en todas sus necesidades.

Lo más conveniente para el buen desarrollo del niño es el cuidado de sus padres. Si esto no pudiera ser posible, la sociedad deberá encargarse de brindarle al niño todo lo necesario.

La educación es un derecho de todos los niños y debe tender a transformarlos en miembros útiles de la sociedad. Sus padres y la sociedad toda son responsables de que este derecho se respete. Todos los niños tienen derecho a jugar.

los niños no pueden ser explotados, ni vendidos, ni deben trabajar desde muy pequeños o en cualquier actividad que los perjudique de alguna manera.

No debe sufrir ningún tipo de discriminación y debe educarse en un mundo en paz. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:

Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;

Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener

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