Derecho Fiscal Contitucional

Derecho Fiscal Constitucional

Mtro. Luis Cuitláhuac Martín del Campo Moreno.

Conceptos Generales:

Es la parte del derecho financiero que tiene por objeto estudiar las normas reguladoras encargadas de la percepción de los tributos, los cuales se encuentran sujetos a múltiples requerimientos, tanto de tipo constitucional como legal. En consecuencia, se hará en primer lugar el estudio de los aspectos constitucionales de las contribuciones, para posteriormente realizar el estudio de los conceptos legales fundamentales de las citadas contribuciones.

Lineamientos Constitucionales:

Este principio justifica totalmente al de la legalidad; obedece a los lineamientos que nos dice que la constitución es una norma suprema y por ende jerárquicamente superior a las demás.

La constitución por ser la ley mas alta y superior a todas la demás estas dependen y derivan de esta y de ninguna manera podrá contradecirla o alterar el sentido de esta.

La fracción IV del art. 31 constitucional señala que es obligación de los mexicanos contribuir con los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Concurrencia Impositiva en México:

"El sistema impositivo mexicano consagrado desde la constitución de 1857, que pasó a la de 1917, estableció lo que la jurisprudencia y la doctrina mexicanas han denominado “concurrencia” (Coincidencia) entre el gobierno federal y los estados. La adopción del régimen de la concurrencia impositiva obedeció a un propósito deliberado, pues el Constituyente de 1857 tuvo a la vista dos opciones: a.-Precisar los impuestos que corresponderían de manera exclusiva al gobierno federal, así como los correspondientes a los estados. b.-No establecer una delimitación de campos impositivos, dejando abierta la posibilidad de que ambos órdenes de gobierno fijaran los impuestos necesarios para cubrir sus propios presupuestos de gasto. Triunfó la segunda opción que corresponde al modelo norteamericano, el cual establece un régimen de concurrencia que no define límites a la posibilidad de obtener ingresos tributarios, ni a la Unión ni a los estados. Así pues, desde finales del siglo XIX predominó en nuestro país la opinión de que en materia tributaria existe “concurrencia” entre el gobierno federal y los estados."

Primer Antecedente Constitucional:

El 4 de octubre de 1824, una vez que el Constituyente aprobó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a eso de las dos de la tarde, con el repique de campas, y disparos de salvas de artillería en la baterías de la Capital, se anunció dicho acontecimiento. La constitución de 1824 es un documento fuertemente ideológico, típico del liberales de la época, lejos del pragmatismo de la legislación anglosajona, sin embargo se impira de manera importante en el modelo de federalismo norteamericano. Este incipiente federalismo tomaba como antecedente la división política colonial.

La constitución de 1824 consuma para siempre la libertad e independencia de México; mantiene su pertenencia absoluta al catolicismo apostólico y romano; adopta un gobierno del tipo de república representativa popular federal; reconoce como parte de la federación a 19 Estados y 4 territorios; divide el supremo poder en legislativo, ejecutivo y judicial, los organiza de manera amplia y detallada; deposita el poder legislativo en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores; otorga una mayor importancia al poder legislativo, en ese sentido, en el título tercero denominado Del Poder Legislativo, se compone, nada mas y nada menos, que de siete secciones y 76 artículos; establece el gobierno particular de los Estados libres y soberanos, igualmente dividido en legislativo, ejecutivo y judicial; y define las restricciones de los poderes de los Estados.

El texto digitalizado que Tlahui pone a sus disposición fue sustraido del documento original, se incluye además un préambulo de Mario Rojas que introduce al lector en el contexto y contenido del documento. Antes de iniciar el texto constitucional, se incluye también el Manifiesto del Congreso General Constituyente, emitido por el Congreso General Constituyente el 4 de Octubre de 1824 y dirigido a los Habitantes de la Federación.

La Concurrencia Impositiva en el Segundo Texto Constitucional:

Las Siete Leyes o Constitución de régimen centralista de 1836 fueron una serie de instrumentos constitucionales que alteraron la estructura de la naciente República Federal de los Estados Unidos Mexicanos a principios del siglo XIX. Si bien fueron promovidas por Santa Anna, que con licencia en el cargo de Presidente de México intrigaba desde su hacienda Manga de Clavo en Veracruz, las leyes fueron promulgadas por el Presidente interino José Justo Corro el 30 de diciembre de 1836. Estas medidas de corte centralista ocasionaron la declaración de independencia de Texas, la de Tamaulipas y la de Yucatán. A pesar de la tendencia conservadora, las leyes contemplaban la división de poderes.

Con base en las Siete Leyes, se estableció un cuarto poder: el Supremo Poder Conservador, el cual fue integrado por cinco ciudadanos. Estos deberían haber desempeñado la presidencia, vicepresidencia, o bien haber sido senadores, diputados, secretarios de despacho o ministros de la Corte. Este cuarto poder tenía la facultad de regular las acciones de los otros poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), bajo el argumento de que sus integrantes tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación.

La Concurrencia Impositiva al Advenimiento de la Constitución de 1957:

La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas. Reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas internas. Prohibió los títulos de nobleza, honores hereditarios y monopolios.

Ciertos artículos fueron contrarios a los intereses de la Iglesia Católica, como la enseñanza laica, la supresión de fueros institucionales, y la enajenación de bienes raíces por parte de la misma. El Partido Conservador se opuso a la promulgación de la nueva Carta Magna polarizando así a la sociedad

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